La CEE creará un servicio de coordinación en materia de abusos

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha anunciado la creación de un servicio de ayuda y coordinación entre las diócesis y de contacto con las congregaciones religiosas. Se trata de una especie de oficina central –no se ha determinado el nombre o si será una comisión– que ofrecerá asesoramiento jurídico y comunicativo y también formación sobre esta cuestión.

«La Conferencia Episcopal puede hacer este servicio de coordinación como en otros campos», ha señalado el secretario general y portavoz de la CEE, Luis Argüello, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Permanente.

A modo de balance, el también obispo auxiliar de Valladolid ha comentado que el número de denuncias que han llegado a las oficinas diocesanas de atención en el último año han ascendido a siete u ocho. Se trata de casos actuales o del pasado que todavía no han prescrito. A estas habría que sumar, según el portavoz episcopal, las que han acudido para expresar su situación y vivencia, y para ser acogidas y consoladas. De hecho, ha asegurado que la acogida es «la primera indemnización» de la Iglesia a las víctimas. En total, según Argüello, por las citadas oficinas han pasado en torno a 150 personas, cifra entre las que se cuentan las personas que solo solicitan información.

Con todo, ha reconocido no saber la cifra global de casos —«honradamente, no lo sé»— y señalado que no se ha pedido un estudio histórico y general detallado como han realizado otras conferencias episcopales o congregaciones. «Cada una de las diócesis ha tratado de hacer un esfuerzo por ver su historia. En este tipo de asuntos no suelen quedar en los archivos mucha documentación», ha añadido.

Asimismo, ha recordado el estudio de la Fundación ANAR, del que se desprende que solo el 0,2 % de los 6.000 menores víctimas que atendieron en los últimos 12 años habían sido abusados por sacerdotes y que es el ámbito de la familia donde se produjeron el mayor número de abusos. «Estamos ante un grave problema social», ha dicho, al tiempo que ha constatado «con vergüenza» que en él han participado personas consagradas. También ha resaltado que la repuesta de la Iglesia en este campo están «por encima de la media».

Sobre la cuestión de las indemnizaciones, ha confirmado que los obispos están dispuestos a hacer frente a aquellas que establezcan los jueces, así como a costear el trabajo de terapia o acompañamiento, pero descarta que se vaya a crear un fondo ad hoc. Según ha dicho, los obispos son partidarios de abordar estas cuestiones de manera personalizada con cada víctima.

Inmatriculaciones y reforma fiscal

Al margen de la cuestión de los abusos, el portavoz de los obispos españoles respondió a la cuestión de la inmatriculación de bienes a favor de la Iglesia, una vez el Gobierno presentó al Congreso de los Diputados su informe sobre el periodo 1998-2015.

En primer lugar, el portavoz de los obispos ha enmarcado esta cuestión en «la colaboración entre poderes públicos y privados, entre ellos la Iglesia, para la catalogación, registro y conservación de los bienes». Asimismo, ha reconocido que la Iglesia está abierta a dialogar sobre posibles conflictos de propiedad.

Del mismo modo, ha advertido que hay propiedades —dos ermitas en Medina— que en el informe se atribuyen a la Iglesia y que inmatriculó el Ayuntamiento tras un acuerdo con la archidiócesis de Valladolid.

Este asunto ha sido el primero que ha resuelto el grupo de trabajo entre la Iglesia y el Gobierno que se creó tras la reunión el pasado mes de julio entre la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y el presidente de la CEE, el cardenal Juan José Omella.

El siguiente, según ha anunciado el propio Argüello, será el de la fiscalidad de la Iglesia. «El camino de diálogo con el Gobierno está abierto», ha afirmado, al tiempo que ha reconocido que les gustaría «hablar de otros asuntos» y no solo de aquellos ligados a una agenda legislativa. En su opinión, hay «una dificultad» para dialogar sobre «la propuesta cultural o la manera de entender la existencia», un encuentro que sí se está produciendo en otros campos como el social, el migratorio o el educativo.

Ley de eutanasia

Otro de los puntos que ha tocado el secretario general de los obispos y que fue abordado durante los trabajos de la permanente fue la eutanasia. De hecho, la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida presentó un informe sobre esta cuestión y sobre el testamento vital que será remitido a la Asamblea Plenaria.

A los obispos, ha apuntado Argüello, les preocupa la posibilidad de que la ley de eutanasia –en tramitación en el Senado– pueda ampliarse a través de enmiendas. Que esta se plantee como «el culmen de la libertad del sujeto es algo que nos preocupa sobremanera».