Justicia y Paz alerta de los «retos políticos» en el Día de los Derechos Humanos

La Unión Europea dio este lunes un paso decisivo hacia un marco migratorio más restrictivo. En una reunión celebrada en Bruselas, los ministros de Interior de los Veintisiete aprobaron la base legal para que los Estados miembros puedan crear centros de deportación fuera de territorio comunitario, siguiendo el modelo impulsado en los últimos meses por Italia en Albania. La decisión llega en un contexto marcado por el avance de la extrema derecha en Europa y por la asunción, por parte de varios gobiernos conservadores, de un discurso crecientemente duro en materia migratoria.

La medida se acompañó de otra decisión de calado: una reducción sustancial tanto en la cuota anual de reubicación solidaria de demandantes de asilo como en las aportaciones económicas de los países que prefieran pagar antes que aceptar a los migrantes asignados. España votó en contra de las principales reformas o se abstuvo, mientras que países como Portugal y Francia expresaron también sus reservas. Grecia optó por la abstención.

En una sesión marcada por la rapidez con la que se aprobaron los textos, el Consejo dio luz verde a la revisión del reglamento de retorno. Esta reforma permitirá a los gobiernos europeos firmar convenios con terceros países —como Uganda o Albania— para trasladar allí a solicitantes de asilo rechazados, incluso si no mantienen ninguna relación con esos territorios. En paralelo, los ministros avalaron la reforma del concepto de «tercer país seguro», clave para facilitar expulsiones a naciones distintas a la de origen del migrante.

Dinamarca, impulsora de las líneas más restrictivas, celebró el respaldo mayoritario. Su ministro de Inmigración, Rasmus Stoklund, defendió que los centros ayudarán a «acabar con los incentivos» que llevan a miles de personas a emprender viajes peligrosos hacia Europa. Según dijo, el apoyo obtenido deja a la UE “más cerca de cerrar acuerdos” con países dispuestos a albergar estos complejos y de corregir un sistema de asilo que calificó de «disfuncional».

Pero las críticas no tardaron en llegar. El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, advirtió de «serias dudas jurídicas» y de interrogantes sobre la protección real de los derechos de los migrantes trasladados a estos centros. Portugal y Francia alertaron igualmente de riesgos «políticos, sociales y constitucionales», mientras que organizaciones de derechos humanos denunciaron lo que consideran un salto sin precedentes en la externalización del control migratorio. Sarah Chander, directora de la Iniciativa Equinox para la Justicia Racial, afirmó que la UE está «legitimando prisiones extraterritoriales» y un régimen «punitivo» que no garantizará la seguridad de nadie.

Los Veintisiete también avalaron la creación de una lista común de «países de origen seguros», demanda explícita del Gobierno de Giorgia Meloni. Entre ellos figuran Bangladesh, Colombia, Egipto, India, Marruecos, Túnez y Kosovo, lo que permitirá acelerar —y en muchos casos denegar— solicitudes de asilo.

La jornada se cerró con un gesto adicional hacia el endurecimiento del sistema: la reducción del «paquete de solidaridad» para 2026. La cuota de reubicación se rebaja de 30.000 a 21.000 migrantes, y la ayuda financiera cae de 600 a 420 millones. España lamentó la decisión y advirtió de que la solidaridad no puede convertirse en «un regateo de cifras».