Jugarse la vida para pedir asilo

Una de las principales denuncias del Informe Frontera Sur 2020 que acaba de publicar el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) con el título Buscar salida tiene que ver con los migrantes susceptibles de ser beneficiarios de asilo o protección internacional, que tienen que arriesgar su vida —algunos la han perdido— en el mar o en el salto de la valla para poder hacer efectiva esa solicitud.

Es la realidad de Helal Ali Mohammed Al-Hajj, un joven deportista yemení que se ahogó intentando llegar a Melilla en 2019; la de un matrimonio sirio que buscaba alcanzar las islas Chafarinas y cuyos cadáveres fueron recuperados del mar a principios de septiembre de este año, o la de Daouda Sossingue, natural de Malí, que falleció en octubre de 2018 accidentalmente al pie de la valla, también en Melilla. El caso de A. T., maliense, tuvo final feliz, pues le fue concedida la protección el 10 de enero de este año, pero no sin sufrimiento: «Tuvo que saltar la valla marroquí cargada de concertinas, franquear el foso, escalar la primera valla en suelo español apedreado por las fuerzas auxiliares militares marroquíes, pasar la sirga [un entramado de cables] y saltar la segunda valla en suelo español con riesgo de fractura en caso de caída». La conclusión del informe, que se centra en Melilla, es clara: «El mismo Estado que le otorga una protección no le ha dado otro remedio que arriesgar la vida y la integridad física».

Para el SJM es una buena noticia que el Tribunal Supremo haya reconocido el acceso a la solicitud de protección internacional en embajadas y consulados de España. Una circunstancia crucial al estar cerrado, por la pandemia, el acceso de los migrantes desde Marruecos a la Oficina de Asilo y Refugio del puesto fronterizo de Beni Enzar.

Josep Buades, coordinador del equipo de Frontera Sur del SJM, ve «difícil» que los migrantes puedan solicitar la protección en las oficinas diplomáticas en Marruecos. Para conseguirlo, explica, tendrían que tener un perfil claro de asilo, ser reconocidos por ACNUR y haber pedido la protección en el reino alauita sin éxito. «¿Cuántos casos puede haber en los que se dé el perfil, tengan el tiempo y las ganas, y cuenten con el acompañamiento necesario? Pocos. ¿Por qué entran entonces ilegalmente? Porque no tienen más remedio», añade.

Devoluciones sumarias

Esta dificultad está muy vinculada a otro de los puntos clave del informe: devoluciones sumarias, rechazo en frontera o devoluciones en caliente. Tiene relevancia, porque las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional establecen requisitos para que estas sean acordes a derecho. En el caso del tribunal español son tres: la aplicación a las entradas individualizadas, el pleno control judicial y el cumplimiento de las obligaciones internacionales, dentro de las cuales se incluye la protección internacional. Para Buades, el Estado «no puede decir que rechaza en frontera, porque los migrantes pueden acceder a los puestos fronterizos y luego no tener ningún mecanismo claro al respecto». Y añade: «El marco teórico sobre el que se han elaborado las sentencias no se corresponde con la realidad».

La tercera gran cuestión que plantea el SJM es la limitación de la libre elección de residencia y circulación de los solicitantes de asilo documentados. En este sentido, el pasado mes de julio el Tribunal Supremo sentó jurisprudencia al reconocer el derecho de estas personas a circular por todo el territorio nacional. Sin embargo, el informe denuncia que el Gobierno «persiste en su política de impedir el embarque a la península con el pretexto de que no tienen domicilio en ella, contraviniendo el ordenamiento jurídico». Esto sucede en Melilla, pero también en Ceuta o Canarias.

Esta decisión provoca que los migrantes queden bloqueados durante meses en estos lugares cuando su intención es trasladarse a la península, algo que, unido al sufrimiento del proceso migratorio, les provoca un gran desgaste. Es el caso de un yemení solicitante de protección [en la foto] tras nueve meses retenido en Melilla. Entró a principios de marzo de este año por el puesto fronterizo de Beni Enzar, todavía abierto. Luego ingresó en el CETI. Continúa en la ciudad autónoma tras haberse aplazado varias veces su traslado a la península por razones médicas, como el positivo por la COVID-19 de alguna persona de su entorno, aunque él ha dado negativo.

Los otros temas del informe tienen que ver con la no tramitación de la documentación de los menores bajo tutela administrativa, una circunstancia que los coloca en situación irregular cuando cumplen la mayoría de edad, así como la lentitud en las práctica de pruebas de ADN y el exceso de celo administrativo que provocan la separación a miembros de familias cuando hay menores. También han observado malas prácticas que han llevado a la condena penal de víctimas de trata.

El SJM cierra el informe señalando que la gestión de la pandemia ha agravado la situación de los migrantes en Melilla.