Jesús Avezuela Cárcel: «Nos preocupa España, pero somos muy fanáticos»

¿Es el momento más crítico de la historia de la democracia en España?
Es un momento muy difícil pero hemos vivido situaciones peores, cuando hemos tenido guardias civiles muertos en los telediarios un día sí y otro también. Además, este país es muy fuerte y lo acaba superando.

¿Y en lo que se refiere a la intromisión en el poder judicial, en concreto?
Ha habido otros momentos de intromisión; basta con recordar, por ejemplo, aquel famoso episodio en el Tribunal Constitucional presidido por García Pelayo sobre el asunto Rumasa, donde recibió presiones que el presidente del TC hizo públicas y poco tiempo después acabó falleciendo por un infarto. Episodios desgraciados hemos tenido muchos; eso no significa que lo que está pasando ahora sea más grave o menos, pero son momentos difíciles y hay que superarlos.

¿Qué posibilidades hay de frenar la situación desde las distintas instituciones del Estado?
Es una ley que debería aprobarse por los cauces que tenemos en las normas, en la Constitución, de acuerdo con el reglamento del Congreso y el Senado, y que debería pasar por filtros previos. Y luego esa ley será sometida a un control judicial si alguien la recurre —supongo que alguien la recurrirá, evidentemente—. Hay todo un camino de recursos contra una ley por parte de quien considere que no es adecuada al ordenamiento jurídico y a la Constitución. Y una vez se haya hecho ese recorrido en el ámbito nacional puede que quede otro en el ámbito europeo, o incluso a nivel paralelo.

El Consejo General del Poder Judicial, diferentes asociaciones judiciales también progresistas… han lanzado una voz única en contra del concepto de lawfare que contempla el acuerdo del PSOE y Junts. ¿Por qué esta reacción compartida? De hecho, ha quedado fuera de la proposición de ley.
Creo que es la primera vez en la historia donde todas las asociaciones se ponen de acuerdo porque ciertamente hay lawfare, hay politización de la justicia en cuanto se adoptan decisiones políticas por encima de lo que deberían ser decisiones judiciales. Y eso ha llevado a ponerse de acuerdo a todas las asociaciones de un color y de otro. Probablemente en los próximos días empiecen a desviarse ya unas y otras.

Volveremos a cuatro años de liderazgo líquido, cuajado simplemente por la polarización civil. Se puede fracturar un país de manera irreversible?
¿Qué diferencia hay entre esta legislatura que vamos a iniciar con la que ya hemos vivido, donde igualmente el Ejecutivo ha estado aliado con toda una serie de grupos minoritarios? No veo tanta diferencia, al margen de cuestiones concretas como la amnistía. Lo que me resulta llamativo es que 18 millones de personas que suman entre votantes del PP y PSOE no sean capaces de ponerse de acuerdo y prefieran vivir con sus correspondientes extremos. Si eso es así, estamos abocados a vivir en una sociedad polarizada.

¿Cómo es posible que todo un partido cambie de opinión en tan poco tiempo? ¿Se han perdido las ideas y ha ganado el relato?
No es nuevo esto último. Lo que sí que está pasando ya —pero tampoco es nuevo, aunque se está intensificando en los últimos tiempos— es el caudillismo de los partidos. La participación política y democrática que establece el artículo 6 de la Constitución sobre cuál es el funcionamiento interno democrático de los partidos políticos prácticamente ha desaparecido. Van hacia un modo de caudillismo, pero no solo en el PSOE, en general en todos los partidos y en casi todos los países, y eso hace que se produzcan fenómenos tan curiosos como este. Si hace tres meses preguntabas a un socialista si estaba a favor de la amnistía no habríamos encontrado ninguno y ahora todos están favor. Ese proceso de psicología colectiva, que Chul-Han llama psicopolítica, es algo sobre lo que conviene reflexionar.

Como el CGPJ se ha pronunciado y ha sido criticado, se ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de renovarlo. ¿Cómo ve esta polémica?
Desde que se aprobó la ley en el 85 llevamos con el conflicto de si deben ser jueces o políticos quienes lo renueven. Cuando el PSOE está en el poder dicen que los políticos, y el PP que los jueces, y cuando pasa a la inversa se cambian los argumentos. Estamos ahora en un momento más cercano a que acaben siendo los jueces, pero significaría una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y lo veo difícil.

Hábleme de las luces y sombras de las movilizaciones ciudadanas.
El derecho a manifestarse es un derecho fundamental de nuestra Constitución, pero, en paralelo, no debemos dejar de creer en el Estado de derecho y en las vías que tiene contra todo aquello que consideremos que es ilegal. La manifestación no es el último recurso que nos queda, es un recurso más.

¿Estamos aprovechando para hablar de nuestro libro o realmente nos preocupa España?
Nos preocupa España, pero somos muy fanáticos. Por muy en contra que esté de la amnistía o de esta situación donde quien sale ganando es un partido cuya masa central es la burguesía catalana, lo más contrario al socialismo —Junts es lo más pegado sociológicamente hablando al PP—, si el socialismo dice que hay que votar a favor de la amnistía, el socialista lo vota.

Varios obispos se han pronunciado respecto a la amnistía de manera particular. ¿Es necesaria una orientación moral unánime de nuestra jerarquía eclesiástica sobre los nacionalismos?
Me acojo a una nota que se hizo en la Congregación para la Doctrina de la Fe de Ratzinger, que dice que «no es tarea de la iglesia formular soluciones concretas ni juicios morales para cuestiones temporales salvo que afecten a la recta concepción de la persona». Creo que la Iglesia no debe encabezar pancartas políticas.