Italia renueva el pacto para devolver inmigrantes a Libia

Europa quedó horrorizada al ver en directo cómo se iban sacando uno a uno los más de 360 cadáveres del barco que se incendió cerca de la costa de Lampedusa en octubre de 2013. Para dar el pésame a los ataúdes blancos viajaron altos representantes de la Unión Europea, Italia decretó luto nacional y el Papa clamó «vergüenza». Tras la espantada de un drama que suele consumarse por capítulos, poco a poco, se puso en marcha la operación militar Mare Nostrum, para salvar a los desesperados a la deriva. Pero poco después empezaron a sonar las críticas de un supuesto efecto llamada. Las llegadas aumentaban, sus vecinos le dieron la espalda e Italia, sola ante la emergencia, desmanteló las operaciones de rescate humanitario.

En abril de 2015 toda Europa volvió a despertarse de golpe. Un barco destartalado naufragó con más de 850 personas a bordo. De nuevo, muertos sin nombre y palabras huecas. La única pregunta que resonaba en los despachos políticos era si salvarlos o dejarlos morir. Dos años después Italia firmó un acuerdo con Libia. Los guardacostas del país magrebí, acusados en repetidas ocasiones de violar los derechos humanos, harían el trabajo sucio de rescatar a los inmigrantes en el mar y devolverlos a lo que el Papa llama «campos de concentración modernos». Las atrocidades que se comenten en estos centros —torturas, vejaciones, violaciones en masa de mujeres y niños— están perfectamente documentadas.

«Hay datos que confirman que allí hay abusos. Apoyar a los guardacostas libios a través de fondos, medios y formación equivale, en esencia, a apoyar los centros de detención, donde las personas ven pisoteados sus derechos a diario, sometidas a un trato inhumano y degradante», asegura Valentina Brinis, responsable de consultoría de la ONG española Open Arms. «Además, en las operaciones participan unidades militares de la UE que dan información clave para poder localizar los barcos en peligro. Los abordajes se producen de manera violenta. Tratan a los inmigrantes a punta de pistola y les confiscan todas sus propiedades», asegura.

Esta y otras 39 organizaciones de derechos humanos convocaron en Roma y Milán una manifestación el pasado 26 de octubre para romper los acuerdos con Libia. Las protestas tuvieron poco éxito. El pasado miércoles Italia renovó de forma automática el controvertido pacto para frenar el flujo migratorio en la ruta del Mediterráneo central por otros tres años. Se trata de un texto bastante genérico que ha servido básicamente para formar y ofrecer medios a los guardacostas libios, una unidad que está formada por milicias privadas que a menudo se alían con los traficantes de personas. Nunca se han precisado cuántos recursos se han invertido en este proyecto, pero según un cálculo de la ONG Sea Watch, serían más de 32,5 millones de euros. Tampoco hay datos claros sobre el número de personas que han sido devueltas al infierno. Según una investigación periodística publicada en IrpiMedia, un medio italiano digital, desde el 1 de enero y hasta septiembre de 2022, se han registrado más de 160 operaciones en las que más de 16.000 inmigrantes han sido transportados de vuelta a Libia.

«El memorando es un insulto a la protección de los solicitantes de asilo y refugiados, además de una negación de la responsabilidad, presente en las distintas constituciones de los países europeos que firmaron el Tratado de Ginebra de 1951, de defender y proteger el derecho de asilo», asegura sin medias tintas el presidente de la Comisión de Migraciones de la Conferencia Episcopal Italiana y arzobispo de Ferrara-Comacchio, Gian Carlo Perego.

«A la luz de los informes sobre los asesinatos que se cometen en los campos de refugiados de Libia —en los que también hay cristianos y personas de otras religiones— la firma de este acuerdo aparece como un acto de complicidad de estas muertes», añade. No le falta razón. En junio de 2019, un grupo de abogados internacionales interpuso una denuncia —sin identificar a los responsables— para que la Corte Penal Internacional de La Haya investigue a la UE por su responsabilidad en estos crímenes contra la humanidad.

Este acuerdo también es parte de la batalla de desgaste que el Gobierno italiano —con el apoyo velado de la Unión Europea— está librando contra las ONG que todavía resisten en el mar, con el apoyo sin fisuras de la Iglesia católica. «Según el derecho internacional no se puede no rescatar a las personas en el mar. Más aún si se trata de personas cuya vida corre peligro, menores, mujeres con hijos», incide Perego, también presidente de la Fundación Migrantes. En tanto, al cierre de esta edición, casi 400 personas seguían atrapadas en varios barcos de las ONG SOS Humanity, Mission Lifeline, Médicos Sin Fronteras y SOS Méditerranée esperando una autorización para poder pisar suelo italiano. Pero el nuevo Gobierno de Giorgia Meloni ha vuelto a la política de puertos cerrados y solo ha permitido un desembarco parcial de mujeres y niños. Para el arzobispo Perego es «ingenuo» pensar que se puede luchar contra el tráfico de personas «deteniendo los barcos de las ONG, que rescatan al 10 % de todos los que intentan cruzar el Mediterráneo».

Según los últimos datos de la Organización Internacional para las Migraciones, la ruta migratoria más mortífera sigue siendo el Mediterráneo central, donde 2.836 migrantes se han ahogado desde enero de 2021 intentando llegar a Italia o Malta. La ecuación no falla. Cuántas más vías legales para emigrar sean tapiadas, más personas se lanzarán al mar hacinados a bordo de maltrechos pesqueros para llegar a Europa.