¿Indiferencia o fraternidad con los migrantes?

El Papa Francisco ha reafirmado en Marsella que la actitud del cristiano hacia el migrante solo puede ser de fraternidad. El cristianismo es una religión de máximos que predica no solo el amor al prójimo, sino algo impensable desde el punto de vista natural: el amor al enemigo. Mas el Evangelio no es un programa político. El derecho y la política, pensamos los católicos, tienen que inspirarse en los principios de la Doctrina social de la Iglesia y crear las condiciones para la protección y promoción del bien común. Pero entre el máximo evangélico y el mínimo político-jurídico hay una distinción de planos y de ámbitos. La exigencia evangélica de ofrecer la otra mejilla no deslegitima la denuncia policial por agresión. Realismo y prudencia son principios rectores de la acción política cristiana (junto con otros, como la solidaridad y la subsidiariedad), y por ello, la dificultad para buscar el ajuste entre la armonía social del país de acogida y la llegada de nuevos migrantes sigue siendo una cuestión abierta y no resuelta. Si bien es cierto que, en general, los inmigrantes contribuyen a la sociedad de acogida, la realidad nos muestra en ocasiones las deficiencias, falencias y resistencias tanto de la sociedad receptora como de algunos inmigrantes. El arzobispo de Marsella (nacido en Argelia), cardenal Jean-Marc Aveline, declaraba días antes de la visita del Papa a su diócesis que la Iglesia tiene que luchar contra dos formas de discurso: por un lado «el irenista sobre la acogida para todos, sin límites, utilizado por personas que no viven en ciertos barrios ni viven las guerras que hemos visto en ellos» —señalaba como ejemplo el tráfico de drogas—; y, por otro lado, «el discurso agresivo que siempre declara al inmigrante culpable universal de todos los problemas del país», un inaceptable narrativa que busca sembrar la disputa social para lograr rédito político.

¿Cuál es la respuesta política a la cuestión migratoria en la UE? El Pacto Europeo de Migración y Asilo propuesto por la Comisión Europea en septiembre de 2020 aborda de forma integral la gestión migratoria, en un amplio paquete de medidas legislativas y no legislativas. Criticado tanto por los que desean más amplios canales de llegada de inmigrantes como por los que creen que limita la soberana decisión de los Estados para determinar quién puede entrar y permanecer legalmente en su territorio, lo cierto es que los desacuerdos entre los Estados miembro de la UE sobre los principales puntos del pacto aún permanecen. Tienen por delante varios meses, hasta febrero de 2024, para cerrar la negociación, pero el éxito no está asegurado. Los países euromediterráneos, que reciben el mayor número de inmigrantes irregulares y peticionarios de asilo, quieren que estos sean redistribuidos entre el resto de socios europeos; una propuesta que encuentra creciente oposición entre los países del centro y norte europeos, cuyos sistemas de recepción están saturados y donde existe una fuerte resistencia social. La migración se ha convertido en muchos países europeos en el criterio fundamental para decidir el voto ciudadano y está aupando a gobiernos decididos a recuperar el mayor grado de soberanía nacional reduciendo los canales de acceso migratorio.

El derecho al asilo es un derecho humano y los Estados europeos no pueden negarlo a quien demuestre que se encuentra bajo persecución (o en situación asimilable) en su país de origen. Distinta posición jurídica es la del migrante irregular, que busca una mejor vida para sí y su familia: en general, salvo que adquiera la residencia (o las autoridades toleren su presencia), el Estado tiene derecho a controlar quién entra y permanece en su territorio y puede negar su presencia a quien no posee ningún título legal. Sin embargo, los Estados deben, de acuerdo con sus posibilidad reales, actuar con generosidad con los inmigrantes que, con voluntad de integración, escapan de la miseria y violencia y buscan ser parte de la sociedad de acogida. La cooperación al desarrollo de los países de origen y la lucha contra los traficantes y tratantes —y sus cómplices— deben priorizarse: es inaceptable que la desesperación lleve a la muerte a ningún migrante, cualquiera que sea su estatuto legal. La indiferencia por su suerte no es conciliable con una visión cristiana del hombre.