IMV: ayuda contra la pobreza pero ruina de muchas familias

Para Álvaro, que le concedieran el ingreso mínimo vital supuso un cambio importante en su vida. Así lo reconoció él mismo durante uno de los actos organizados por el Gobierno —el del pasado 29 de mayo—para celebrar el quinto aniversario de la puesta en marcha de esta prestación. «A partir de ese momento, mis necesidades más básicas iban a estar por fin cubiertas», explicó ante los presentes, incluido el presidente del Ejecutivo. «Se preguntarán: “¿Qué tipo de necesidades?”». Con el importe, «pude acceder a un abono transporte que me permitía moverme por la cuidad» o comprar productos de higiene y aseo, «algo que puede parecer superfluo», pero que no lo es para «las personas que sufrimos sinhogarismo». Álvaro, que recibe el apoyo de la plataforma Hogar Sí en el ámbito del empleo, también habló de la estabilidad emocional que le dio el hecho de contar con unos ingresos regulares y cómo, gracias a ello, ha empezado a perfilar un «futuro diferente» alejado de la calle. Tras su intervención llegó la de Pedro Sánchez, quien dio las gracias a los que ofrecieron su testimonio, como «Álvaro, que perdió su vivienda durante la COVID-19». Un discurso en el que el mandatario vinculó el IMV, y otras medidas puestas en marcha durante la pandemia, con el descenso de la tasa de pobreza «hasta el mínimo de la serie: es decir, un 19,7 % en el año 2024».

Alineado con el discurso del presidente —aunque su organización situó hace unos días la tasa de pobreza en España en el 25,8 % de la población—, el coordinador del proyecto IMV en la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), Helder Ferreira, considera el ingreso como «una política fundamental para lograr sacar a la gente de la vulnerabilidad», asegura a Alfa y Omega. Sin embargo, tiene que venir acompañada de otras medidas, «porque la pobreza es un fenómeno multidimensional». El IMV sería la intervención que está situada en la primera línea del frente. «Es el que permite crear unas condiciones de partida» como las que señalaba Álvaro, sobre las que posteriormente deben aplicarse políticas relacionadas con la vivienda, el empleo o la educación. 

Contra la desinformación

El quinto aniversario del IMV, celebrado en un segundo acto por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, el 9 de junio, también ha sido una oportunidad para que organizaciones como Cáritas, Cruz Roja o EAPN-ES, agrupadas en la Plataforma del Tercer Sector, recordaran las modificaciones que vienen reclamando conjuntamente en los últimos años. Las entidades han aprovechado para pedir la coordinación con las ayudas regionales para evitar duplicidades; que las cuantías estén ajustadas a los ingresos más recientes; una revisión de los requisitos de acceso para jóvenes y migrantes y la eliminación de barreras burocráticas. A todas ellas, Ferreiras añade la necesidad de mejorar la comunicación de la medida y luchar contra la desinformación. «En el trabajo de campo nos hemos encontrado personas de origen migrante»,  susceptibles de solicitarlo, que «pensaban que esta medida era solo para los nacidos en España y viceversa», concluye.

Junto a todo ello, Hontanares Arranz, activista de ATD Cuarto Mundo, exige la modificación del sistema de devolución de las cantidades cobradas indebidamente. Lo que ocurrió es que cuando España «se vio obligada por Europa» a poner en marcha el ingreso mínimo vital —«porque las rentas mínimas autonómicas incumplían la Carta Social Europea»— se hizo de forma automática una trasposición de datos desde otras ayudas. «En muchas comunidades se canceló la ayuda local y los datos de los beneficiarios se pasaron a la base de datos del IMV», hasta el punto de que «hubo gente que empezó a cobrar la nueva prestación sin haberla pedido». Esto dio lugar a «muchísimos problemas, pero fue la propia Administración la que no lo hizo bien». A pesar de ello, «les reclamó a los usuarios las ayudas cobradas indebidamente». Así, a muchas familias vulnerables se les pidieron miles de euros que no podían pagar en ningún caso.

Lejos de rectificar, la Administración «excluyó este caso del cambio que hizo hace dos años» del sistema de devoluciones de cobros indebidos. «Podría haber aplicado la doctrina Cakarevic», que establece que si un ciudadano ha recibido pagos indebidos por error de la Administración y actuó de buena fe, no está obligado a devolver esos fondos. Pero no lo hizo, sino que se decantó por cobrar esas deudas rebajando a los beneficiarios afectados hasta en un 70 % el dinero que recibían del IMV. «Es decir, si a una persona le correspondían 100 euros, pero la Seguridad Social le reclamaba una deuda porque le había entregado más dinero del que, en teoría, le correspondía, lo que hacía era entregarle al beneficiario solo 30 euros y utilizar los otros 70 para irse cobrando la deuda poco a poco».