El tercer sector pide «una revisión de los requisitos de acceso» al ingreso mínimo vital

El Ingreso Mínimo Vital ha llegado a más de un millón de hogares, beneficiando a más de tres millones de personas, de los cuáles 1,3 millones son niños y adolescentes. Así lo ha anunciado este lunes 9 de junio el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones cuando se cumple el quinto aniversario de la puesta en marcha de esta prestación.

«El Ingreso Mínimo Vital se puso en marcha en plena pandemia y ya no es una respuesta de emergencia, es una política pública sólida, viva y necesaria que seguirá evolucionando para proteger mejor a quienes más lo necesitan, para combatir la pobreza y la exclusión social en nuestro país», ha afirmado la ministra Elma Saiz.

En este sentido, la ministra se ha comprometido a ampliar un 40 % la cobertura del Complemento de Ayuda a la infancia del Ingreso Mínimo Vital. Cabe recordar que España es líder en la Unión Europea de pobreza infantil, con 2,3 millones de menores pobres. Una situación calificada de «alarmante» por la vicepresidenta de la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) durante la presentación el miércoles 4 de junio de un informe al respecto.

Modificación del IMV

Para la Plataforma del Tercer Sector, integrada por entidades como Cáritas, Cruz Roja o la propia EAPN-ES, el aniversario es un motivo de celebración. Al final, desde le entrada en vigor de esta política, la Seguridad Social ha destinado 15.348,6 millones de euros al abono de las nóminas de esta prestación.

Esta cantidad de dinero «ha contribuido a reducir la tasa de pobreza, que en 2024 alcanzó su nivel más bajo desde 2014». En el último año el riesgo de pobreza ha pasado del 26,5 al 25,8 % de la población. Son 200.000 personas menos.

«No obstante, más de 12,5 millones de personas siguen en riesgo de pobreza o exclusión social en el país», destacan desde la plataforma, que llevan años pidiendo una modificación de la Ley del Ingreso Mínimo Vital.

Concretamente, las entidades que conforman la plataforma reclaman:

—Un sistema de rentas mínimas coordinado que combine el IMV con las ayudas regionales, evitando duplicidades y mejorando la cobertura.

—Cuantías ajustadas a los ingresos más recientes, y no únicamente a los del año anterior.

—Revisión de los requisitos de acceso para jóvenes y personas migrantes, independientemente de su situación administrativa.

—Eliminación de barreras burocráticas que dificultan el acceso a la prestación.

Con estas propuestas, las entidades quieren poner el foco en las personas más vulnerables. Son ellas a las que no les está llegando la «mejora generalizada» de la situación que se percibe en el XV Informe del Estado de la Pobreza de EAPN-ES. De hecho, la cifra de personas en situación de pobreza severa se ha mantenido constante en 2024 y un punto por encima de 2008: 4,1 millones de personas viven en hogares con ingresos inferiores a 644 euros al mes por unidad de consumo.