Iglesia y sociedad civil denuncian el «riesgo de retroceso democrático» en El Salvador

Varios líderes de la Iglesia católica de El Salvador, incluido el cardenal Gregorio Rosa Chávez, se han sumado a la advertencia de que el país «se encuentra ante un enorme riesgo de retroceso democrático» debido a las actuaciones del Gobierno del presidente Nayib Bukele. Al mismo tiempo, han pedido que se den pasos para promover una mayor «unidad y armonía social». Esta acusación se recoge en el manifiesto En defensa de la democracia, hecho público el fin de semana por diversos representantes de la sociedad civil.

La publicación del documento coincidía con el 29º aniversario de la firma de los acuerdos de paz que pusieron fin a la guerra civil en El Salvador, entre la dictadura y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Bukele y otros miembros del Ejecutivo habían denigrado la efeméride y calificado la salida negociada del conflicto como una «farsa» y un «negocio» a favor de «un grupúsculo de aprovechados». Los autores del manifiesto, en cambio, subrayan cómo desde su firma el país ha sido «testigo del fortalecimiento progresivo de nuestro sistema democrático», con la «celebración ininterrumpida de elecciones libres», que –recuerdan– han llevado al poder a «personas y partidos con visiones distintas», incluido Bukele.

A pesar de los desacuerdos, «quienes han gobernado en nuestra era democrática han aceptado la separación de poderes y han reconocido la legitimidad de los adversarios políticos». Sin embargo, en los últimos meses el Ejecutivo ha tenido «actitudes, expresiones y decisiones manifiestamente autoritarias».

Violación de derechos humanos en el confinamiento

Se refieren a hechos como las 1.600 denuncias de violaciones de los Derechos Humanos desde la implementación de las medidas de confinamiento durante la pandemia de COVID-19, con detenciones y retención de personas en lugares hacinados, así como al uso continuado de las fuerzas militares en la seguridad pública, algo contrario a los acuerdos de paz. Junto a estas actuaciones, Human Rights Watch ha criticado también las negociaciones del Gobierno con las maras a cambio de apoyo en las elecciones del 28 de febrero. Muchas de las voces críticas con Bukele ven precisamente en estos comicios el motivo de la radicalización del presidente.

Al mismo tiempo, continúa el manifiesto, se han producido nuevos casos de corrupción relacionados con la «falta de transparencia en el uso de los escasos recursos públicos durante la pandemia». La denuncia de esta realidad por parte de la prensa y la oposición les ha supuesto «constantes ataques» por parte del Gobierno. La suma de estas dos realidades, el autoritarismo y la corrupción, «contribuyen a profundizar la difícil situación económica y están creando las condiciones para una mayor inestabilidad política, social y económica» en toda la región del Triángulo Norte de Centroamérica, con las consecuencias de «mayores niveles de pobreza, migración y falta de oportunidades».

Llamamiento a la sociedad y a la comunidad internacional

Entre los firmantes, además del cardenal Rosa Chávez (obispo auxiliar de San Salvador), se encuentra Oswaldo Escobar Aguilar, obispo de Chalatenango; el actual rector y el exrector de la Universidad Centroamericana, los jesuitas Andreu Oliva de la Esperanza y José María Tojeira, además de dos párrocos. También se han sumado obispos y clérigos de la Iglesia luterana, anglicana y bautista.

Junto a los demás firmantes (en total son 184), exhortan a los salvadoreños y a la comunidad internacional a que exijan al presidente «cese sus ataques a los pilares de nuestra democracia». Asimismo, que «honre el espíritu de unidad y solidaridad de los Acuerdos de Paz, así como la memoria de los sacrificios que permitieron» lograrlos. Todo el Ejecutivo debe respetar las libertades de prensa y expresión.

También se pide a las instituciones y parlamentarios actuar con valentía para que se cumpla la Constitución, y a los funcionarios cumplir sus tareas «de acuerdo con las leyes y los mecanismos que salvaguardan la transparencia y el adecuado uso de los recursos públicos». Por su parte, las Fuerzas Armadas y la Policía deben realizar su papel «de forma profesional y apolítica», pues su lealtad es a la Constitución y las Leyes, no al Gobierno. «No deben involucrarse en actividades contra la democracia, ni tolerar actuaciones arbitrarias alejadas de la ley».

Masacre de 1.000 civiles

Algunas de las declaraciones de Bukele contra los acuerdos de paz, informa Europa Press, se produjeron durante un acto institucional en el caserío El Mozote, en el departamento salvadoreño de Morazán, donde tuvo lugar una de las más sangrientas masacres durante la guerra. Precisamente el caso de El Mozote ha conllevado enfrentamientos entre el Gobierno de Bukele y la Justicia, ya que el primero ha bloqueado consecutivamente la inspección de las instalaciones por parte del juez Jorge Guzmán, que investiga la masacre en la que, en 1981, murieron casi un millar de civiles.

Entre 1980 y 1982, El Salvador vivió una guerra civil que enfrentó a las guerrillas del FMLN y a las Fuerzas Armadas de la dictadura militar, respaldada a su vez por Estados Unidos y los escuadrones de las muerte de extrema derecha, dejando unos 75.000 muertos, la mayoría civiles, 8.000 desaparecidos, y más de un millón de desplazados.

El conflicto armado quedó superado con los Acuerdos de Paz de Chapultepec, firmados el 16 de enero de 1992. Pero la violencia se ha mantenido hasta el punto de que en 2015 alcanzó un nivel equiparable al de la guerra civil.