Iglesia por el Trabajo Decente exige que el empleo sirva como «llave» real para acceder a una casa

La crisis de la vivienda y la precariedad laboral son dos factores clave que están retrasando de manera muy grave la emancipación de miles de jóvenes en España. Solo el 31 % de las personas entre 18 y 34 años vive de forma independiente sin ayuda familiar y la edad media de emancipación ha escalado hasta los 30,2 años. Ante esta situación, Iglesia por el Trabajo Decente (ITD) reclama empleo estable, salarios suficientes y políticas públicas que garanticen el acceso a una vivienda asequible.

Las organizaciones que integran ITD —Cáritas, Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), Justicia y Paz, Juventud Estudiante Católica (JEC) y Juventud Obrera Cristiana (JOC)— han incluido esta reivindicación en su manifiesto para la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, que se celebrará el próximo 7 de octubre bajo el lema Ante la exclusión, trabajo decente y para el que organizarán actos públicos en diferentes ciudades en las que reivindicarán la importancia de que el empleo sirva realmente como «llave» de acceso a derechos fundamentales como la vivienda.

La vivienda, «rostro visible de la exclusión»

«La crisis habitacional se ha convertido en uno de los rostros más visibles de la exclusión», señala el manifiesto. Según su protesta, el aumento de los precios de la vivienda y de los alquileres obliga a muchas personas trabajadoras a compartir piso, endeudarse o renunciar a desarrollar un proyecto de vida autónomo.

Según los miembros de Iglesia por el Trabajo Decente, «cuando el derecho a la vivienda se subordina a la lógica especulativa, el trabajo pierde su capacidad de sostener una vida digna». Esto afecta especialmente a «muchos jóvenes que tienen dificultad para llegar a fin de mes y comparten piso con personas desconocidas hasta los 40 años porque no hay forma de encontrar alquileres asequibles».

Tres de cada diez jóvenes en riesgo de pobreza

Entre los datos que recoge, ITD sitúa la temporalidad juvenil en el 32 % y señala que tres de cada diez jóvenes están en riesgo de pobreza o exclusión. El manifiesto también incorpora la evolución de la situación laboral juvenil, entre la que es llamativo que en 2006 —en plena bonanza—el paro juvenil era de casi un 16 %. 

Para las organizaciones, el problema no puede abordarse únicamente desde las decisiones individuales. La exclusión responde también, a su juicio, a estructuras económicas y laborales que requieren cambios mediante la corresponsabilidad social y las políticas públicas.