«Hay autonomías que contratan al personal en una categoría inferior a la que le corresponde para reducir el gasto»

¿Cómo han vivido el asesinato de Belén?
Lo hemos vivido con consternación; empatizando con la situación de esa familia, que ha perdido a su hija de 35 años. Estamos muy afectados, porque no es la primera vez que pasa. Uno de los problemas que tenemos en la profesión es que se han normalizado las agresiones. Los chicos y chicas cada vez son más diferentes, pero, en vez de contar con los recursos necesarios para su atención, vivimos una situación de precariedad. Eso repercute directamente en el número de personas que tiene que haber en cada turno. En este caso, por ejemplo, la compañera Belén estaba sola.

¿En este tipo de centros no tiene que haber vigilancia?
Hay dos tipos de situaciones. Por un lado están los centros de menores, que son donde viven chicos  y chicas que, por distintas circunstancias, no pueden estar con sus familias. En estos no hay agentes de seguridad. Por otro lado, se encuentran los centros de cumplimiento de medidas judiciales. Ahí sí que debe haber personal de vigilancia. El Marcelo Nessi es de este segundo tipo. Lo que ocurre es que también hay subcategorías. En este caso, estamos hablando de un centro de medidas judiciales semiabierto. Los chicos pueden salir, pero tienen que ir a dormir allí, por lo que la ley no marca específicamente que tenga que haber vigilante.

Habla de una situación de precariedad.
Sí, aunque depende de las comunidades autónomas y de si el servicio está externalizado o no. Hay administraciones que aportan 90 euros por chico y plaza y otras que están en 240. Esto repercute en el sueldo de los trabajadores y en la calidad de la intervención educativa. La diferencia en los salarios es grande, puede haber variaciones de entre 500 y 900 euros. Lo que ocurre es que la Administración asegura que le es más fácil externalizar el servicio que gestionarlo. De hecho, hay comunidades autónomas que tienen todos sus centros gestionados por empresas privadas. Otro de los problemas es el del personal. Los pliegos de condiciones de las externalizaciones hablan de que en cada centro debe haber cinco auxiliares educativos y un educador social. Belén Cortes, por ejemplo, estaba contratada como auxiliar técnico educativo. Pero, ¿a quién auxilia si está ella sola, si no está el educador social? Hemos observado que hay autonomías que contratan al personal en una categoría inferior a la que le corresponde para reducir el gasto. Es como si los médicos estuvieran cobrando el sueldo de los enfermeros. Al final, vemos cómo todo lo que se externaliza se precariza.

Hasta ahora hemos hablado, sobre todo, de dinero. Es raro.
Sí, y ese es el verdadero problema. Yo respeto mucho el hecho de que las empresas ganen dinero, pero no con el tema de la educación. Hay que sacar la mentalidad capitalista de este sector y darse cuenta de que el presupuesto en este ámbito no es tanto un gasto, sino una inversión de futuro. Haciendo una intervención adecuada con estos chicos se gana en convivencia y cohesión social.

Los compañeros de Belén han pedido cambios en la ley del menor. ¿La norma está desfasada?
Las leyes nunca son perfectas. Se van adecuando y adaptando a las necesidades que se van teniendo. Me parece normal que ellos pidan un cambio, están viviendo una situación tremendamente dolorosa con la que empatizo absolutamente. Sin embargo, yo pondría el foco más que en un cambio legislativo, en un aumento de los recursos. Hace falta presupuesto para ejecutar las normas. Si hubiera más dinero se podría tener un enfoque mucho más preventivo. Así evitaríamos que llegaran tantos niños a los centros de protección. La clave está en intervenir con los chicos antes de llegar a este punto.