Fuera de cobertura del ingreso mínimo

Ana vive desde hace seis meses en un hotel pagado por el Ayuntamiento de Madrid. Con su hijo de 20 años, que sufre esquizofrenia. Se quedó sin trabajo por la pandemia y en plena tormenta Filomena su expareja los echó a la calle, de donde fueron rescatados por el Samur Social. También recibe ayuda de Cáritas Diocesana de Madrid. No tiene ingresos –apenas puede trabajar por un problema pulmonar crónico–, pero le han denegado el ingreso mínimo vital (IMV) por haber recibido una pequeña herencia que solo le sirvió para cubrir deudas. Su situación objetiva ahora mismo es de pobreza. «¿Qué más quieren saber para dar el ingreso mínimo a las personas que lo necesitamos?», se queja en conversación con Alfa y Omega.

Lejos de ser una excepción, la de Ana es casi una norma. Según Cáritas Española, solo el 18,6 % de los solicitantes en pobreza severa lo está cobrando o lo tiene concedido. Además, al 49 % de los solicitantes en esta situación se le ha denegado. La clave, explica Ana Abril, coordinadora de Incidencia Política y Comunicación de la entidad eclesial, se encuentra en la propia configuración de la norma. Es «fundamental» la forma en la que se calcula el nivel de ingresos, que tiene en cuenta el año anterior. «Si queremos abordar la pobreza hay que atender a la realidad de las personas en el momento actual», subraya. También resulta problemática, continúa, la definición de unidad de convivencia, los que viven en una vivienda aunque formen varias unidades familiares, o la exclusión de los menores de 23 años y los migrantes sin documentación en regla.

Desde la entidad eclesial se está trabajando para cambiar estas deficiencias en el trámite parlamentario del decreto –ahora proyecto de ley– que lo regula. En estos momentos, se encuentra en fase de ponencia dentro de la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Por lo pronto, han conseguido que las enmiendas que han planteado se hayan recogido, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes y se vayan a debatir.

La burocracia, una brecha

A los problemas normativos se unen, como también ha denunciado Cáritas en un reciente informe, los obstáculos de los hogares en pobreza severa para acceder a la información y realizar los trámites. Solo un 26 % de estos ha conseguido presentar la documentación. Un 68 % no lo ha hecho a pesar de no tener ingresos o ser prácticamente nulos.

La Fundación Iseak, que acaba de publicar un estudio de la cobertura del IMV en las comunidades autónomas, coincide en el análisis. Según explica a este semanario Lucía Gorjón, investigadora de esta entidad, la principal mejora que habría que incluir es, precisamente, la del cálculo de los ingresos: «La población vulnerable tiene unos ingresos muy volátiles. Si se atiende a los de un periodo anterior, podría cometerse un error a la hora de asignar la prestación». También reclama «la reducción de las trabas administrativas si se quiere ser eficaz en la lucha contra la pobreza».

Con todo, son millones de personas las que están quedando fuera de la cobertura del IMV. Según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, esta prestación alcanzaba a fecha 1 de octubre a 800.000 personas a través de 337.000 prestaciones, todavía muy lejos de los 2,5 millones que estimó el propio Gobierno cuando puso en marcha la medida. Y más lejos de los 5,3 millones de personas que, de acuerdo con los indicadores de Cáritas, viven en pobreza severa o los 4,5 millones de personas que se encuentran en extrema pobreza según calcula la Fundación Iseak.

Margen de mejora

«El IMV tiene todavía mucho margen de mejora, ya que actualmente en España hay muchos hogares en situación de extrema pobreza que no lo están recibiendo. Si bien puede que todos no cumplan los requisitos, uno de los retos de esta política es el de llegar a la población más vulnerable», explica Gorjón. Coincide Ana Abril, quien afirma que esta prestación debería percibirla «el 100 % de las personas en pobreza severa».

Con todo, desde Cáritas reconocen que la medida, aunque todavía insuficiente, está teniendo un impacto positivo en las economías de muchas familias, sobre todo para cubrir cuestiones tan básicas como la alimentación o el abrigo. La Fundación Iseak detalla, por su parte, que los hogares monoparentales que la reciben «sí consiguen salir de la extrema pobreza» y que está siendo «eficaz» en la lucha contra la exclusión severa en regiones como Extremadura, Andalucía, Murcia o Ceuta. «Aunque en el resto no es suficiente para alcanzar el umbral de pobreza, sí reduce notablemente la intensidad de la misma», concluye Gorjón.