Francisco apoya la lucha contra la subrogación

A la francesa Olivia Maurel nunca le faltó nada material. Nació hace 32 años de forma poco convencional: una pareja adinerada contrató a una mujer estadounidense que la gestara. Todo transcurrió sin incidentes. Sin embargo, hace unas semanas narró cómo venir al mundo así le ha causado un sufrimiento que ha llegado a poner en riesgo su vida: «Me siento como una mercancía vendida y comprada. Me da miedo el abandono porque la madre que me dio la vida me cambió por un cheque». Lo compartía con el Papa Francisco, en una carta pidiendo su apoyo a la Declaración de Casablanca.

Esta iniciativa, lanzada en marzo del año pasado en la ciudad marroquí con apoyo de expertos de 75 países, busca que los Estados se comprometan a prohibir esta práctica «en todas sus modalidades» —incluida la «altruista»—, persiguiendo a los intermediarios y también a sus ciudadanos que la realicen en el extranjero y trabajando por «la prohibición global» de esta práctica. El 8 de enero, el Santo Padre les dio un importante espaldarazo. En su discurso al Cuerpo Diplomático no solo criticó los vientres de alquiler como «deplorables». También llamó a que «la comunidad internacional se comprometa a prohibir universalmente esta práctica».

«Fue genial», asegura el abogado Bernard García Larraín, de la organización Juristes pour l’Enfance, que ayuda a impulsar la declaración: el Pontífice presentó su petición clave a uno de los mayores cuerpos diplomáticos del mundo, precisamente el público que buscan. Están convencidos de que «la solución pasa por un instrumento internacional» de prohibición. La prohibición en la mayoría de países es insuficiente, ya que «la gente va a otros como Ucrania o Estados Unidos, paga y vuelve con los niños. El Estado no sabe qué hacer» y se fuerza una aceptación implícita. A ello se suma la presión de los medios, con casos ­como el de Ana Obregón, para que se considere un derecho el deseo de tener un hijo.

En esta línea, la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado «intenta preparar una convención marco» que regule esta práctica, como ya hizo con la adopción internacional. No la considera «mala en sí misma sino según las condiciones» en las que se produzca, explica García Larraín. «Es como decir que la esclavitud solo es mala si se abusa de los esclavos». El jurista ve difícil alcanzar acuerdos sobre «quién puede optar a ella o qué derechos tiene cada parte». Incluso si así fuera, el mercado los dejaría obsoletos. «Muchísimas mujeres» y padres de intención se buscan y pactan a través de internet de forma difícil de controlar. «El capitalismo sin límites es así: mientras haya dinero, se avanza».

Giro en la UE

Frente a esto, el veto mundial que propone Casablanca podría ser aprobar un tratado internacional o integrarlo en la Convención sobre los Derechos del Niño, como en el año 2000 con el protocolo para prohibir su venta. «Buscamos países que quieran comprometerse a promoverlo», explica García Larraín. Además del apoyo que esperan de la Santa Sede —con la que están en contacto y que apoya instrumentos similares contra las armas nucleares y el uso de combustibles fósiles— e Italia —primera nación en perseguir la gestación subrogada en el extranjero—, «creo que en muchos países de todo el mundo hay voluntad política» de combatirla que no ha encontrado cómo materializarse. «Va a ser un tema importante en las elecciones europeas».

Con todo, en el seno de la UE se está dando un giro. Si hace unos meses se planteó considerar la subrogación una forma de trata, luego se rechazó —salvo en casos de «explotación reproductiva»—. Y, en diciembre, la Eurocámara aprobó una propuesta de reglamento que obliga a los Estados miembro a reconocer las relaciones paternofiliales establecidas en otro Estado miembro, incluidos los hijos gestados en vientre de alquiler. Alessandro Calcagno, secretario de la Comisión de Asuntos Legales de la Comisión de Conferencias Episcopales de la UE (COMECE), atribuye el cambio a «una labor de incidencia particularmente fuerte por parte de ciertas ONG». Eso sí, matiza que el texto afirma que «no se puede interpretar que esta regulación obliga a un Estado a aceptar esta práctica». «Nos alegra ver que algunos de nuestros comentarios se han tenido en cuenta». Tampoco obligaría a reconocer una filiación por subrogación establecida fuera de la UE, como en Ucrania. Aunque «si se convirtiera en miembro de la UE tendría un claro impacto».

La prohibición global de esta práctica también podría impulsarse desde organismos como el Consejo de Europa, añade Nicola Speranza, secretario general de la Federación de Asociaciones Familiares Católicas en Europa (FAFCE), signataria de la declaración. Con todo, «nos encontramos en un contexto geopolítico internacional muy inestable en el que es difícil empezar algo nuevo». Por ello, «como sociedad civil tenemos que mostrar que estamos unidos y convencidos de esta necesidad para empujar a los Estados». Una vía para ello será el congreso que los promotores de Casablanca organizarán en Roma los días 5 y 6 de abril, y en cuya organización colabora FAFCE. Están invitados tanto el Vaticano como organizaciones feministas. «Queremos aportar ideas concretas de cómo aplicar la declaración en los propios países» y resolver dudas sobre cuestiones como si existe una gestación subrogada ética, el estado de la jurisprudencia internacional o qué hacer con los niños ya nacidos por esta vía, explica García Larraín.