Francia vincula su plan de paliativos a la eutanasia

Miles de franceses, entre ellos una elevada cantidad de jóvenes, salieron el 21 de enero a las calles de París para participar en la tradicional Marcha por la Vida en vísperas de dos acontecimientos clave en el país. Tres días después, el miércoles 24, comenzaba el debate de reforma de la Constitución para incluir en ella la «libertad garantizada a la mujer para recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo». Además, se está redactando una ley de final de la vida que pretende legalizar la eutanasia.

Este proyecto se anunció en abril de 2023, después de que una «convención ciudadana» compuesta por 200 personas elegidas por sorteo presentara un informe favorable a ello. Al mismo tiempo, el Gobierno prometía —a diferencia de lo ocurrido en España cuando se aprobó esta práctica—, un nuevo plan de cuidados paliativos. Tanto las distintas religiones como la Sociedad Francesa de Acompañamiento y Cuidados Paliativos (SFAP) exigieron que ambas cuestiones se abordaran por separado. Parecía que el Gobierno acogía la petición. El 8 de enero, tras un encuentro con el presidente, Emmanuel Macron, algunos líderes religiosos afirmaron que había hablado de dos leyes separadas. La Presidencia no tardó en desmentirlo y reafirmar que solo habría una ley de final de la vida, con eutanasia y cuidados paliativos, que se dará a conocer en marzo o abril. Antes, este mismo mes o en febrero, se presentará una estrategia a diez años para desarrollar los paliativos.

Seguirá el informe que a mediados de diciembre remató un grupo de expertos liderado por Franck Chauvin —expresidente del Alto Consejo para la Salud Pública y profesional de reconocido prestigio—. Incluye 15 recomendaciones en torno a los principios de respeto a los derechos del paciente, equidad, solidaridad, proximidad, sostenibilidad e interdisciplinariedad. Propone, entre otras cosas, convertir los paliativos en «cuidados de acompañamiento» aplicados desde el diagnóstico de la enfermedad y crear un nuevo tipo de centro para ofrecerlos, las «casas de acompañamiento».

Claire Fourcade, presidenta de la SFAP, asegura a Alfa y Omega que el informe tiene «grandes intenciones» y recoge la mayoría de sus propuestas. «Propone un progreso real que debería implementarse con rapidez y de forma concreta». Hay mucho trabajo por hacer. A pesar de que desde 1999 se garantiza por ley el acceso a este tipo de atención y de que se han sucedido cinco planes nacionales, la implantación de los paliativos sigue «en gran medida incompleta». 22 de los 101 departamentos en los que se divide el país no tienen unidades. «Los profesionales piden sentido común y más recursos». El presupuesto actual «cubre el cuidado de menos de la mitad de quienes lo necesitan».

Sin embargo, Fourcade lamenta que el informe «es vago acerca de la relación entre estos cuidados y la legalización de una forma de muerte provocada». A los sanitarios el proyecto de eutanasia no les parece «deseable. Causar la muerte no se puede considerar un acto de cuidado. Obligar a ello amenazaría el contrato de atención que nos vincula a los pacientes», desestabilizaría el sistema sanitario y supondría un «riesgo significativo de abusos». En este aspecto, se sienten ignorados por el Ejecutivo. El proyecto se está elaborando de forma «unilateral», ignorando las propuestas que presentaron en varias reuniones y buscando las de médicos más cercanos a la agenda del Gobierno. Un borrador filtrado a la prensa «intenta establecer explícitamente una continuidad entre la atención sanitaria y la administración de la muerte. Peor aún, desecha todas las precauciones que consideramos esenciales». Como consecuencia, «por primera vez decidimos abandonar la mesa de diálogo con el ministerio».

Queda por ver cómo afectará al proyecto, tras el cambio de Gobierno, el nombramiento como ministra de Trabajo, Sanidad y Solidaridad de Catherine Vautrin, quien en el pasado se mostró contraria a la eutanasia. También qué frutos dará la futura cita que Macron prometió a los líderes religiosos para abordar esta ley. La presidenta de la SFAP invita al Ejecutivo a que se centre en implementar con éxito el plan de cuidados paliativos, «que tiene el apoyo unánime de la sociedad y del Parlamento». E insiste: «Es esencial distinguir entre el desarrollo de estos y la muerte inducida».