Francia: derrota ética y de acogida

El nuevo proyecto de Ley para el Control de la Inmigración y la Mejora de la Integración, que se aprobó en el Parlamento francés el 18 de diciembre y espera el veredicto del Consejo Constitucional para entrar en vigor, ha sido uno de los textos más duros y represivos en política migratoria francesa. Podríamos resumir casi 40 años y más de 20 leyes en materia de migración así: con cada nuevo Gobierno hay un proyecto, y con cada nuevo proyecto, mayores restricciones. Lamentablemente, esta nueva ley ofrece una visión particularmente estrecha de nuestra sociedad, cada vez más replegada sobre sí misma, con miedo al otro que viene de lejos, al que convierte en la cristalización de todos los males que aquejan a la sociedad. La adopción de esta ley representa una derrota en cuestiones éticas y morales, así como en hospitalidad y acogida, y es una afrenta directa a los principios humanistas fundamentales de la República Francesa.

Los principales puntos por los que esta ley ha dado tanto de qué hablar son, por ejemplo, la supresión de la asistencia sanitaria del Estado, por la que se prestará solo una «ayuda de urgencia», el mínimo de protección; o la restricción de la reagrupación y la reunificación familiar o los permisos de residencia por motivos familiares. Estas nuevas restricciones se aplicarán incluso a los refugiados, a pesar de que el derecho a la vida familiar es un derecho fundamental y de que la «inmigración familiar» no es la más importante en Francia.

Por otro lado, se suprimen los artículos relativos a la regularización en puestos de trabajo con poco personal o al acceso al trabajo de los solicitantes de asilo. Esto significaría que si las personas pierden su empleo o cambian de sector, o si el empleo deja de considerarse escaso, ya no podrían obtener el permiso de residencia. Además, hay nuevas condiciones para la regularización por medio del trabajo, como el nivel de inserción social y familiar y su integración en la sociedad. Se restringe asimismo el acceso a la nacionalidad francesa y se instauran cuotas migratorias anuales: cada doce meses, el Parlamento debatirá cuántos visados concederá de cada tipo, salvo los humanitarios y las solicitudes de asilo.

Al mismo tiempo, se priorizan las expulsiones abriendo nuevas posibilidades para las personas cuyo «comportamiento constituya una amenaza grave para el orden público», un concepto vago y no tipificado en la ley que es una puerta abierta a decisiones arbitrarias. Podrán ser expulsadas incluso personas hasta ahora protegidas, como los menores que llegaron antes de los 13 años o quienes llevan más de 20 aquí. Por último, se criminaliza a las personas que faciliten la entrada o la residencia de inmigrantes, especialmente las llegadas por mar. Esta novedad supone una estigmatización de los defensores de los derechos de los migrantes.

Como podemos ver, esta nueva ley busca frenar a cualquier precio la inmigración, sin tener en cuenta la realidad de nuestro mundo: la migración es un fenómeno cada vez más presente y buscar detenerla mediante medidas de seguridad y represivas solo refuerza la hostilidad y nuevas tragedias en las rutas del exilio. Si bien algunos ciudadanos son sensibles a los mensajes que piden limitar la inmigración, una parte importante está a favor de la acogida. Ciudadanos y católicos se han movilizado para acoger a los migrantes tras las crisis de Siria (2015), Afganistán (2021) o Ucrania (2022). También en Calais (canal de la Mancha), Briançon (frontera con Italia) o el Mediterráneo. O pidiendo la regularización de inmigrantes indocumentados, o apoyándolos en su inserción profesional. Como ciudadanos, en general, y como católicos, en particular, estamos invitados a ser los actores de la sociedad y de la Iglesia que recuerdan (ad intra y ad extra) los valores de acogida y hospitalidad que han atravesado la historia de Francia, donde nuestras comunidades se han movilizado y comprometido para construir la base común de la fraternidad como valor republicano constitucional y como fundamento de la antropología cristiana. Hace falta apoyar o acompañar a los ciudadanos y católicos que se comprometen a favor de los migrantes y que dan testimonio de que su acogida, protección, promoción e integración es una realidad que se vive a diario, por encima de las divisiones políticas, en nombre de nuestra humanidad común.