EE. UU. despliega a 1.500 soldados ante la posible llegada de 10.000 migrantes al día

Hasta 10.000 personas podrían intentar entrar irregularmente en Estados Unidos al día a partir de la semana que viene. Y tanto las autoridades como la Iglesia y las comunidades locales tratan de ver cómo hacer frente a este desafío. El aumento, estimado por el responsable de las fuerzas fronterizas, Troy Miller, responde al levantamiento a partir del 11 de mayo del Título 42, una de las principales medidas restrictivas contra la inmigración implantadas durante el Gobierno de Donald Trump. Bajo este apartado de las leyes sanitarias federales, con el pretexto de la pandemia de COVID-19 se han producido desde 2020 2,5 millones de devoluciones de inmigrantes y solicitantes de asilo.

Ante el fin de la medida, «estamos reuniéndonos» casi a diario «con todos los implicados, desde autoridades del condado y municipales hasta las agencias de control fronterizo y las ONG», explicó el pasado jueves a la televisión pública del país Mark Seitz, obispo de El Paso y presidente del Comité de Migración de la Conferencia Episcopal Estadounidense.

Sus interlocutores han reaccionado al reto de forma diversa. Por un lado, informa EFE, el Pentágono anunció el martes pasado que a partir del 10 de mayo desplegaría a lo largo de la frontera a 1.500 soldados del Ejército y del Cuerpo de Marines. Se sumarán a los 2.500 guardias nacionales que ya prestan apoyo logístico a los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. En total sumarán 4.000 efectivos, por debajo del máximo de 5.000 que desplegó Donald Trump en 2018.

Pat Ryder, portavoz del Pentágono, explicó que el despliegue se prolongará durante 90 días a petición del Departamento de Seguridad Nacional. Durante este tiempo, se valorarán otras opciones, como sustituir a estos efectivos por reservistas o subcontratar empresas privadas.

Estado de emergencia

Por su parte, el Ayuntamiento de El Paso decretó el lunes pasado el estado de emergencia al menos por siete días, prorrogables. El objetivo de la medida es agilizar el acceso a más recursos para la acogida, como la apertura de dos colegios en desuso como refugios.

La diócesis de El Paso «está muy familiarizada con el paso de gente por la frontera. Aquí todo el mundo tiene conexión con el otro lado» y «hay una apertura y empatía general», explicó Seitz a la televisión pública. Sin embargo, reconoció que ahora hay preocupación. Por ejemplo, por «si podemos manejar el número de personas que van a venir y si tendrá un impacto negativo en la comunidad». Pero también «por si se atenderá adecuadamente a las personas que no sean admitidas» en el país por otros motivos.

Por todo ello, lamentó que «fuera un secreto tan bien guardado lo que se planeaba hacer. Ciertamente habría sido útil saberlo antes». El Gobierno no anunció sus planes migratorios tras el fin del Título 42 hasta el 27 de abril. Ese día se presentó una batería de medidas destinadas a redirigir a parte de los migrantes a vías legales de entrar en el país. Así, se amplió el programa de reunificación familiar a los ciudadanos de Guatemala, Honduras, El Salvador y Colombia, que podrán entrar en el país con un permiso humanitario. Estos se mantendrán asimismo para venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses.

Además, el Gobierno duplicará el número de reubicaciones de refugiados desde América Latina y el Caribe. En algunos países de la región, establecerá asimismo centros regionales para que los migrantes puedan solicitar asilo sin tener que llegar a la frontera del país.

Sin embargo, al mismo tiempo se anunciaron medidas más duras para quienes crucen la frontera de forma irregular. Bajo el llamado Título 8, podrán ser deportados de forma expeditiva quienes no cumplan los requisitos para pedir asilo, con la prohibición adicional de volver a entrar en el país durante cinco años.

Luces y sombras

Al conocerse los cambios, Seitz mostró el fuerte apoyo de la Iglesia a la ampliación de la reubicación de refugiados desde América Latina y el Caribe. Lo definió como «una vía fiable hacia una seguridad duradera» para los desplazados forzosos, y se mostró abierto a coordinarse con la sociedad civil y el Congreso para asegurar su integración. Eso sí, matizó que «los recursos empleados para este fin no deberían minar el acceso al reasentamiento para otros refugiados o impedir un adecuado funcionamiento del sistema de inmigración».

También mostró su «alivio» por el hecho de que no se vaya a detener a familias vulnerables, «dado el daño injustificado e inmoral» que tendría hacerlo. Con todo, «nos preocupa en gran medida que esas familias, incluidas las que tienen niños pequeños, se vean sometidas a procedimientos apresurados» que no cumplan los requisitos mínimos del debido proceso. Sobre todo si además esto va acompañado de una expulsión acelerada. «Quienes más sufren estas medidas son los que necesitan ayuda más desesperadamente».

«Nos defrauda que iniciativas prometedores por parte de la Administración Biden sigan estando acompañadas de políticas fronterizas duras e injustas», afirmó por su parte Anna Gallagher, directora ejecutiva de Catholic Legal Immigration Network (CLINIC por sus siglas en inglés). «La vía rápida de entrevistas para valorar la credibilidad del miedo» como justificación para pedir asilo «mientras se está en poder de la Patrulla Fronteriza y sin asesoramiento adecuado llevará a decisiones equivocadas y deportaciones injustas».

En la televisión pública, Seitz compartió su opinión de que «la Administración Biden llegó con grandes esperanzas y planes. Pero creemos que estas políticas tendrán un impacto negativo a largo plazo en el derecho fundamental al asilo».