El pasado 25 de enero se cumplieron 40 años de la promulgación del Código de Derecho Canónico. Durante estos años se han producido diversos cambios en la vida eclesial y algunos de estos han tenido importantes repercusiones a nivel legislativo, siempre teniendo como punto de mira la ley suprema en la Iglesia, que es la salvación de las almas.
De entre estas modificaciones se puede destacar que en 2015 el Papa Francisco promulgó el motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, por el que se simplifica el proceso de nulidad matrimonial y se promueve la celeridad del mismo. Posteriormente, en 2021, se introdujo que las mujeres puedan ser llamadas al ministerio estable de lector y acólito. En ese mismo año, una de las materias que tuvo mayor trascendencia fue la modificación del Libro VI del código, dedicado a las sanciones en la Iglesia, donde se introdujeron medidas mucho más estrictas respecto a los delitos contra los abusos sexuales y los de administración desleal del patrimonio eclesiástico.
Ahora bien, durante estos años los Pontífices, en su cita anual al Tribunal Apostólico de la Rota Romana, no solo han ofrecido verdaderas interpretaciones a las disposiciones del código en cuestiones matrimoniales y procesales, sino que además han planteado retos nuevos.
En este sentido, en estos últimos tiempos, el Papa Francisco ha iniciado un interés y preocupación pastoral por las familias de las personas que solicitan la nulidad matrimonial. Concretamente, en este año 2023, reflexionó de manera explícita sobre las problemáticas de los matrimonios en crisis y la necesidad de acompañamiento por parte de la Iglesia [en España, la Conferencia Episcopal dedica una semana al matrimonio, del 14 al 20 de febrero]. Las acciones que propone van mucho más allá de las competencias de este alto tribunal.
El Santo Padre, con su magisterio, aleja así ese aparente desentendimiento entre pastoral y derecho en cuanto a la actividad judicial, e insta a los tribunales de justicia a ser sensibles y descubrir que su labor no se destina solo a atender las peticiones jurídicas de los fieles en sentido individual, sino observándolos inmersos dentro de sus familias.
Para esta importante labor, el Papa remarcó unos recursos concretos para ayudar a las familias en crisis: «Deben ser ante todo una pastoral del vínculo, en la que se aporten elementos que ayuden a madurar a ambos, a madurar el amor y a superar los momentos difíciles. Estas aportaciones no son solo convicciones doctrinales, ni pueden reducirse a los preciosos recursos espirituales que la Iglesia ofrece siempre, sino que deben ser también caminos prácticos, consejos bien informados, estrategias tomadas de la experiencia, orientaciones psicológicas». El Santo Padre ha dedicado muchos esfuerzos a explicarnos tan novedosos retos; creemos que no cabe mirar hacia otro lado o ir improvisando sobre la marcha soluciones a las familias rotas que no atiendan sus problemas en conjunto sin una intervención multidisciplinar y experta sobre los mismos.
Por ello, en este contexto sinodal en el que nos encontramos como Iglesia, podemos sentirnos interpelados todos los que trabajamos en la pastoral familiar, incluida la administración de justicia, a caminar juntos. No estamos hablando de utopías u objetivos imposibles. En varias diócesis españolas ya se ha comprendido la necesidad de recibir formación continuada, específica y de calidad; el desarrollo de una pastoral familiar poliédrica que realice una labor de acompañamiento espiritual, psicológico y jurídico; la incorporación de la mediación canónica en la resolución de conflictos y la elaboración de un protocolo de atención sistemático y estructurado para poner en marcha todos los recursos posibles al servicio de la pastoral judicial. Esta llamada de atención pide a gritos una ayuda sensible y formada para evitar un daño que las buenas intenciones no expertas ni preparadas pudieran producir con la mejor de las voluntades.
En definitiva, en este aniversario del Código de Derecho Canónico se nos llama a trabajar en comunión, tanto los obispos como los tribunales eclesiásticos y los agentes de pastoral de las diócesis, fundamentalmente laicos y sacerdotes, ejerciendo, entre todos, una diaconía de protección, cuidado y acompañamiento de las familias en crisis.