Experto desde Venezuela: «La amnistía corre el riesgo de convertirse en “paz sin justicia”»
«No se trata de apaciguar, ni de olvidar, ni mucho menos de tranquilizar expectativas», advierte Juan Salvador Pérez, del Centro Gumilla, de los jesuitas
La ley de amnistía aprobada por el Gobierno de Venezuela «es una herramienta de pragmatismo político que busca la pacificación rápida, pero corre el riesgo de convertirse en una «paz sin justicia»». Advierte de ello, en declaraciones a Alfa y Omega, Juan Salvador Pérez, miembro de la directiva del Centro Gumilla de la Compañía de Jesús.
Aunque «la palabra proviene del griego», y «significa literalmente “olvido” o “falta de memoria”», Pérez subraya que «obviamente ese no puede ser el fin último de esta ley. No se trata de una ley para olvidar todo», reivindica este representante del Centro Gumilla, que se dedica a la investigación y acción social.

El experto explica que, «según la doctrina social de la Iglesia, las leyes son normas racionales, ordenadas al bien común y promulgadas por la autoridad legítima». Además, «deben fundamentarse en la ley moral natural y el Evangelio para que sean justas».
La amnistía debe orientarse a la reconciliación
Recuerda asimismo que en su exhortación del 9 de febrero, los obispos venezolanos afirmaron que «seguimos con interés la propuesta y el camino de aprobación de una ley de amnistía general». Esta «necesariamente debe ser amplia e inclusiva, fruto de una extensa consulta a todos los sectores de la sociedad civil».
De ser así, continuaban los pastores, «sería un paso importante para emprender el largo y difícil camino de la reconciliación nacional y el restablecimiento de la convivencia social y democrática». En este sentido, Pérez subraya que la amnistía «debe atender a un bien mayor», en este caso, «el necesarísimo proceso de reconciliación nacional, entendido como un horizonte para Venezuela y los venezolanos».
#22Feb 8:30 p.m.
— Gonzalo Himiob S. (@HimiobSantome) February 23, 2026
Así vamos hasta esta hora de hoy desde el 20/2/2026:
20 de febrero: 7 libertades plenas y 1 bajo cautelares (esta última no es por amnistía)
21 de febrero: 15 libertades plenas
22 de febrero (hasta las 7:45 pm) 32 libertades plenas
Seguimos verificando casos
«Insisto, no se trata de apaciguar, ni de olvidar, ni mucho menos de tranquilizar expectativas», concluye el miembro de la directiva del Centro Gumilla. Ya en el análisis que elaboró para Alfa y Omega de la exhortación de los obispos, reconocía que esta cuestión era una de las que había «generado críticas y señalamientos entre diversos actores sociales».
«La propuesta de una amnistía amplia es ambiciosa pero peligrosa», escribía entonces. «El reto será cómo hacer memoria y reparar el daño sin que la reconciliación se convierta en impunidad para quienes cometieron violaciones de derechos humanos».
Delitos cometidos desde 1999
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el 19 de febrero una ley de amnistía impulsada por la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, que abre la puerta a excarcelar a quienes hayan cometido delitos desde 1999. La ley se aplicará en base a unos hechos cometidos en el marco de 13 eventos recogidos en el artículo 8 del texto: el golpe de Estado de abril de 2002 contra el expresidente Hugo Chávez, el paro petrolero entre 2002 y 2003, el referéndum revocatorio contra Chávez en 2004, y distintas protestas antigubernamentales en 2007, 2013, 2017 y 2024.

De esta forma, quedan excluidos los delitos de «corrupción, violaciones graves de derechos humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, homicidio intencional y lesiones gravísimas, tráfico de estupefacientes».
Un día después de la noticia, el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana valoró el anuncio para Alfa y Omega. «Constituye un paso adelante, pero insuficiente para alcanzar la convivencia y reconciliación del país», aseguró Jesús González de Zárate.
Explicaba que, por ejemplo, «quedan por superar situaciones como la de los que aún están privados de libertad por motivos políticos y algunas disposiciones legales que dificultan el logro de ese objetivo». De hecho, «alguna de las afirmaciones de la ley podrían dar lugar a interpretaciones subjetivas que complicarían la aplicación de la misma».