Exigen una ley para que empresas españolas no vuelvan a empobrecer a las mujeres de Bisáu

Cáritas y otras entidades de la sociedad civil han documentado en varias ocasiones las graves vulneraciones de los derechos de los trabajadores vinculados a la agricultura intensiva en España. Estas llevaron incluso a que en 2020 el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y derechos humanos exhortara al Gobierno y a las empresas a mejorar las condiciones de alojamiento y acceso a la sanidad, entre otras, que sufrieron estos «trabajadores esenciales» durante la pandemia.

Supermercados de países europeos como Lidl y Aldi (Alemania), Migros (Suiza) o Fotex, netto y Bilka (Dinamarca) han analizado en los últimos años su relación con los proveedores españoles y de otros países. Y han pedido explicaciones, o incluso han anunciado que dejarán de comprar frutos rojos a algunos proveedores de Huelva. Además de la mala reputación que puede suponerles, les ha movido a ello el miedo a verse afectados por estas vulneraciones, después de la aprobación en Alemania de nuevas leyes o normativas de diligencia debida.

Una ley made in Spain

Más de 530 organizaciones de la sociedad civil han invitado a los españoles a exigir al Gobierno una ley que ponga fin a abusos de las empresas contra los derechos humanos y el medioambiente como estos. Es el objetivo de la campaña Apoya una Ley ‘made in Spain’, presentada este jueves por la Plataforma por las Empresas Responsables.

En un contexto en el que las empresas desarrollan sus actividades o comercializan sus productos en todo el mundo, los representantes de la plataforma han subrayado que se ha demostrado que «los acuerdos voluntarios son insuficientes». A pesar de haberlos firmado, las compañías «siguen causando graves perjuicios a las personas, las comunidades» locales y el medio ambiente. Y, en muchos casos, sin llegar a rendir cuentas ni que las víctimas pudieran obtener una reparación.

Las leyes de diligencia debida buscan obligar a las empresas a garantizar que a lo largo de toda su cadena de producción se respetan los derechos humanos y se protege el medio ambiente. También en las fases de producción que ocurren fuera del país.

… y llegaron los mosquitos

Uno de los casos que ha presentado la plataforma como ejemplo son las acciones de la española Agrogeba en Guinea-Bisáu. Esta empresa adquirió las fincas SAre Djae y Tchutcho de una manera que, según la Declaración de Tirana, constituye un acaparamiento de tierras. La medida afectó a 600 personas, en su mayoría mujeres que hasta ese momento trabajaban en la finca y con ello abastecían a sus familias de entre el 50 % y el 75 % de su consumo de arroz.

Tras la llegada de la compañía española, fueron expulsadas y tuvieron que empezar a cultivar desde cero otros terrenos. Ahora, solo producen la mitad de lo que obtenían antes. A ello se suma que la fumigación aérea ha provocado el desplazamiento de los mosquitos a las aldeas. Y, con él, un aumento de los casos de malaria.

Por ello «es urgente que España apruebe una ley que garantice» que se hace justicia. Una ley efectiva, continúan, «debe adoptar requisitos claros, sólidos y exigibles a las empresas para que actúen con la debida diligencia» para garantizar que a lo largo de toda su cadena de valor se respetan los derechos humanos y el medio ambiente.

En Francia ya funciona

La UE ya ha dado un primer paso con una propuesta de directiva en este sentido. Amaya Acero, del Observatorio de RSC y coordinadora de la Plataforma por las Empresas Responsables, indica que «pese a ser un paso fundamental», contiene «ciertas fallas que podrían hacer que la futura ley no sea realmente efectiva».

Sin esperar a esta directiva, países como Francia (desde 2017) y Alemania y Noruega (desde el año pasado) cuentan ya con leyes nacionales sobre responsabilidad empresarial. La francesa, con más recorrido, ha permitido por ejemplo que los afectados por los abusos de EDF en México o de Casino en la Amazonia brasileña y colombiana hayan podido reclamar ante los tribunales franceses.

Como explicó Eduardo Villarreal, de Prodesc México, «se ha puesto una demanda civil al gigante EDF por la escalada de violencia que generó en Unión Hidalgo». También «por no respetar los derechos de los pueblos indígenas, que no fueron consultados ni dieron su consentimiento a la actividad de la empresa en sus territorios». Sin la ley de 2017, «la comunidad zapoteca no habría podido demandar a EDF», que se habría escudado «en que tendría que haber sido juzgado por la autoridad mexicana».

Una ley que supla las carencias de la UE

En Alemania la ley aún no ha entrado en vigor, pero Franziska Humbert de Oxfam Alemania ha destacado el amplio apoyo conseguido por parte del Gobierno, del sector empresarial y de la ciudadanía. «Las empresas que apoyan la legislación quieren igualar el terreno de juego para que aquellas que lo hacen bien de forma voluntaria no se encuentren en desventaja competitiva».

En España, en diciembre de 2021 el secretario de Estado de la Agenda 2030 anunció el trabajo sobre una iniciativa legislativa de debida diligencia en materia de derechos humanos, y en abril de 2022 se llevó a cabo una consulta pública sobre el anteproyecto. «El Gobierno ha dado un primer paso, incluyéndolo en el Plan Anual Normativo. Pero ahora necesitamos que se haga realidad y llegue al Congreso para ser votada en esta legislatura. Los derechos humanos y las víctimas no pueden esperar más», apuntó Almudena Moreno, de Alianza por la Solidaridad-ActionAid.

Desde la Plataforma por las Empresas Responsables aseguran que una ley nacional fuerte ayudaría a suplir las carencias y excepciones que pueden socavar la efectividad de la directiva europea. En la plataforma, hay entidades de inspiración católica como Alboan, Enlázate por la Justicia y Entreculturas. Además de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, Oxfam Intermón, Setem-Ropa Limpia, Aminstía Internacional y Greenpeace, y el sindicato USO.