¿Qué ocurre después de aprobarse la eutanasia?
Solo en un 7 % de las 2.656 eutanasias practicadas en Bélgica en 2019 se consultó a un paliativista. Y en el 81 % había sufrimiento psicológico. ¿Es el futuro que espera a España?
¿Podría traer la pandemia de la COVID-19 un parón en el número de eutanasias, que no ha dejado de crecer desde su aprobación en 2002 y que, con 2.656 (declaradas) en 2019, casi se ha cuadruplicado desde 2010? Es posible, si se mira el descenso de solicitudes que varios profesionales han compartido con la doctora Catherine Proot. Una enfermera estaba «particularmente sorprendida», relata Proot a Alfa y Omega, por el cambio de una paciente que llevaba tiempo pidiéndola. «Al contagiarse se alegró, pero al empeorar ya no estaba tan segura de querer morir». La enfermera acabó preguntándose «qué significa realmente esa petición».
La respuesta no es sencilla. Y escuchando a los protagonistas, se detecta que la mera posibilidad de la eutanasia (cuya legalización se aprobó la semana pasada en el Congreso de España) genera una tupida red de presiones. «Tras 18 años, se ha vuelto comúnmente aceptada y las personas consideran que tienen derecho a ella, cuando lo escrito es que tienen derecho a pedirla», explica Proot. De hecho, «se ha banalizado de tal modo que ha llevado a que se culpabilice a las personas mayores que no la piden», añade Eric Vermeer, jefe de enfermería de cuidados paliativos en la residencia religiosa Saint François. Aunque «en teoría» no deben, «cada vez más médicos la proponen»; incluso a pacientes suicidas. Al tiempo, continúa, «bastantes médicos me dicen que están cansados de acabar con la vida de una persona». Proot cita, por ejemplo, a uno que solo aceptaba practicar una al mes.
«Mis hijas esperan que me muera»
Para muchos profesionales, la mayor presión viene de las familias. En el libro Eutanasia. Lo que la verdad esconde, en el que colabora, el enfermero recoge frases escalofriantes que ha escuchado, como «soy una carga para la sociedad y mis dos hijas están esperando que me muera»; o «mis hijos me convencieron de que ya no tenía calidad de vida». Otras veces, son los hijos los que intentan convencer a sus padres de que sigan viviendo: «¿Cómo que no sirves para nada? ¡Sirves para querernos!».
Timothy Devos (coord.)
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Si en estos casos la voluntad de morir persiste, y sobre todo cuando se pide a los parientes «que tomen una decisión o den su consentimiento a una decisión de eutanasia», se puede generar en ellos mucho sufrimiento, «sentimiento de culpa y pérdida», asegura la doctora Proot. Aunque, en la investigación para su libro Eutanasia y muerte asistida. Sobre los desafíos y las elecciones para el paciente, el cuidador y el profesional al final de la vida. Vivir con la incertidumbre (Routledge), esta psicoterapeuta reconoce que en otros casos la eutanasia de un ser querido parece darles paz.
Uno de 1.000
En medio de esta maraña de sufrimiento y motivaciones, con todo, surge una clave: en el 81 % de las eutanasias en 2019 el sufrimiento psicológico era al menos un factor (cuestión diferente de las 57 practicadas por problemas psiquiátricos), según el Instituto Europeo de Bioética; y solo en el 7 % de los casos se consultó con un especialista en paliativos. En contraste, a lo largo de 20 años de experiencia en esta especialidad, acompañando a 1.000 personas, Vermeer solo ha conocido un caso (una persona sin sufrimiento físico pero «con una gran depresión») que dejara el centro para que su médico de cabecera la eutanasiara. Proot cita un estudio en un hospital universitario, que mostró que el 65 % de peticiones que llegaban a cuidados paliativos se retiraban al ofrecerse información, comunicación y apoyo.
La psicoterapeuta reconoce que muchas veces «los médicos no tienen herramientas» para lidiar con esta cuestión y, si se sienten incómodos, pueden interpretar la petición de una muerte rápida como una solicitud de eutanasia. «No siempre es así», y un médico bien entrenado puede detectar «una llamada de socorro y tratar de encontrar formas de aliviar el sufrimiento».
Cómo vivir hasta el final
Por ello, al jefe de enfermería de Saint François le frustra tanto la falta de formación de los profesionales, incluso en lo relacionado con el tratamiento de síntomas. «Me impresiona cuando les doy cursos y me dicen que no conocían algún medicamento que se utiliza desde hace años». Así, no es de extrañar que, según sus estimaciones, unos dos tercios de los pacientes sigan muriendo con dolor. «Creo que muchas peticiones de eutanasia se ven favorecidas por la falta de competencia de los médicos».
La muerte, opina Proot, «administrada por un profesional y ofrecida como solución, poco a poco sustituye a la solidaridad y la creatividad». Y por ello lamenta cómo «una y otra vez la gente termina hablando de eutanasia cuando se podrían considerar temas más importantes; por ejemplo, cómo hablar sobre el final de la vida, cuál es su significado, cómo vivir hasta el final, qué significan los enfermos para nosotros y qué podemos significar nosotros para ellos».
Holanda: Sedar al que se resista
2020 ha estado marcado en los Países Bajos por varias polémicas vinculadas a la eutanasia. Además de su legalización para niños menores de 12 años, el partido liberal D66 planteó la posibilidad de ampliarla a personas de más de 70 cansadas de vivir. Según Elisa García, de One of Us en el país, la mayoría de médicos, incluso aquellos favorables a la eutanasia, están en contra. Y las autoridades consideran que estos casos entran ya en la legislación actual, bajo la categoría de «síndromes geriátricos múltiples» («sufrimiento por pérdida de funciones» como la vista o el oído, entre otras). En 2019, 172 de los 6.361 casos de eutanasia fueron por este motivo. Hubo además diez muertes provocadas por sufrimiento psíquico.
Más preocupante es el cambio en los protocolos para personas con demencia. Tras la absolución de una médico que sedó bajo engaño a una paciente que la había pedido hacía tiempo pero se resistía a la inyección, esta práctica se ha incluido en las guías. García explica que la gente pide la eutanasia por «miedo de ser dependientes» en el futuro, pero que «en el momento en el que realmente enferman, temen más la muerte». Con el cambio, el médico puede «determinar en qué momento el sufrimiento es insoportable» y decidir sobre la vida del enfermo «sin considerar sus deseos actuales» o incluso que «parezca rechazarla». «Es un reflejo de esa mentalidad que considera que nadie puede ser feliz» en esas condiciones. «Se piensa que lo más razonable es que quiera morir aunque ahora se oponga».
EE. UU.: Muerte por correo
Oregón fue el primer estado de Estados Unidos que aprobó el suicidio asistido, en 1998. Le han seguido ocho más el distrito de Columbia. Es también donde más claramente se puso de manifiesto el peligro en un marco con una cobertura sanitaria mejorable. En 2008, la rama estatal del programa Medicaid denegó a Barbara Wagner un tratamiento que, sin curar su cáncer, podía prolongar su esperanza de vida. Al tiempo, le aseguraban que financiarían los 40 euros de su suicidio asistido. Este caso «solo se hizo público porque ella alzó la voz», lamenta el doctor William Toffler, que ejerce en este estado y preside Médicos por un Cuidado Compasivo. Pero «recibo periódicamente avisos de que tratamientos importantes para mis pacientes, incluso calmantes, no están cubiertos».
En 2019, en Oregón se eliminó el período de espera de 15 días. Esto, unido a las restricciones por la pandemia, ha hecho que después de una única consulta por videoconferencia una persona pueda pedir los medicamentos por correo y los consuma al recibirlos. Incluso antes de la pandemia, el médico solo estaba presente el 15 % de las veces y no se controlaba «si efectivamente la persona tomó las sustancias letales voluntariamente» o «qué pasa con estas» si la persona no las ingiere, alrededor de un tercio de los casos, explica Toffler. Tampoco si hay abusos, que sufren el 10 % de las personas mayores. Al doctor le preocupa además que «el año pasado, solo tres de los 249 pacientes» muertos «habían sido evaluados por un psicólogo» previamente.
Canadá: Por miedo a confinarse
En octubre, una anciana canadiense llamada Nancy Russell, de 90 años, murió rodeada de su familia mientras un médico le administraba una dosis letal de medicamentos. Su motivación para pedir la muerte era el miedo a tener que pasar por otro confinamiento. No entraba en los supuestos legales, pero «el sistema de registro permite a los doctores aprobar la muerte, llevarla a cabo y luego informar él mismo» sin ningún tipo de control, denuncia Alex Schadenberg, de la Coalición para la Prevención de la Eutanasia. Ese mismo mes, se publicó un informe de la Oficina Presupuestaria del Parlamento en el que se recogía un ahorro de más 55 millones de euros atribuible a las 19.000 muertes por eutanasia y suicidio asistido desde su aprobación en 2016.
Ahora, el país ultima la tramitación de una reforma, el proyecto de ley C-7, sin haber realizado una evaluación de su aplicación a los cuatro años, como exigía la norma original. Ya cuando se aprobó por primera vez, «el primer ministro afirmó que no esperaba que fuera una regulación a largo plazo, sino que serían necesarias» reformas según la sociedad evolucionara. La ocasión llegó en 2019, cuando el Tribunal Superior de Quebec eliminó el requisito de que la muerte sea previsible a corto plazo. La nueva norma elimina el período de reflexión de diez días si la muerte está cerca, reduce el número de testigos a uno (que ya no necesitará ser independiente) y, aunque descarta la muerte por enfermedades psíquicas, la permite por sufrimiento psicológico por otro motivo.
Portugal: Próxima parada…
Tras la aprobación de la eutanasia en España, se espera que Portugal sea el siguiente país en hacerlo, probablemente a mediados de enero. Antonio Torres, presidente de la Federación Provida, cree que votarán a favor aproximadamente el 60 % de los parlamentarios. Pero, a diferencia de nuestro país, los diez diputados comunistas se opondrán. Esto, unido al rechazo de algunos intelectuales de izquierda, «nos ha dado crédito de cara a la opinión pública, en el sentido de que ha demostrado que no se trata de una batalla de derechas contra izquierdas». Espera por ello encontrar un aliado en el presidente, el socialdemócrata Marcelo Rebelo de Sousa, católico y voluntario de cuidados paliativos. Le pedirán que envíe la ley al Tribunal Constitucional y, si llega el caso, la vete.
También en este país los promotores de la muerte provocada han evitado el diálogo social sobre esta cuestión. A pesar de que, en plena pandemia, se lograron más de 95.000 firmas solicitando un referéndum sobre el tema (el mínimo legal era de 60.000), el Parlamento votó en octubre en contra de esta petición popular. Una derrota pero, en opinión de Torres, solo parcial: sin esta campaña «la eutanasia ya se habría aprobado, sin ningún debate». En cambio, «se ha producido una fuerte movilización popular» en contra de la ley, y aunque el apoyo sigue siendo más alto, «se ha reducido y ha aumentado el número de indecisos». Además, al rechazar el referéndum «se ha debilitado la legitimidad de la ley y nos da fundamentos para pedir su derogación».