Europa llenará sus fronteras de Morias

Las organizaciones católicas europeas no ocultaron su decepción el 20 de diciembre al conocer el acuerdo del Parlamento Europeo y el Consejo Europeo para el Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo. La Comisión de Conferencias Episcopales de la UE (COMECE), el Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) y Cáritas Europa unieron sus voces a las de otras ONG para denunciar los puntos débiles de una propuesta que, a falta de las últimas negociaciones, la UE espera rematar antes de las elecciones de junio. El contraste con la autocomplacencia de los líderes de la UE no podía ser mayor. Si estos se felicitaban por un sistema solidario, «justo con quien busca protección» y con los vulnerables y firme con los que no lo son, la secretaria general de Cáritas Europa, Maria Nyman, denunciaba que los Veintisiete «prefieren impedir las llegadas y acelerar el retorno».

Dentro de las «muchas carencias» que el SJR Europa detecta en la nueva política migratoria una de las más preocupantes para su director, Alberto Ares, es que «impulsa un uso generalizado de los procedimientos fronterizos». Este protocolo implica retener a los solicitantes de asilo en los límites del país mientras se valora su caso. Será obligatorio cuando se los considere un riesgo para la seguridad, hayan engañado a las autoridades o vengan de países de los que se reconocen menos del 20 % de las peticiones. Esto «conduce de facto a la detención de personas» hasta seis meses desde el primer registro y llegar a la expulsión si su petición no se admite.

Tramitación apresurada

El nuevo sistema «probablemente concentrará a miles de personas», incluidas familias con niños desde 6 años y personas vulnerables, en centros en las fronteras de Italia, España, Grecia y Europa del este y aumentará tanto «la presión sobre estos Estados miembro» fronterizos como los obstáculos para los solicitantes de asilo, su sufrimiento y «las violaciones de los derechos humanos». Leila Bodeux, de Cáritas Europa, apunta que estos centros que se multiplicarán por las fronteras de la UE pueden parecerse a los tristemente célebres «puntos calientes» de las islas griegas, como el campamento de Moria: superpoblados, con malas condiciones y una tramitación apresurada de expedientes. Si ya en los centros de internamiento de extranjeros (CIE) «el acceso a la información y a la asistencia jurídica es muy problemático, estamos seguros de que en las fronteras sería aún más difícil», abunda Ares.

Para aliviar a los países fronterizos, la UE podría haber eliminado el convenio de Dublín, que establece que el asilo se tramite en el país por el que la persona ha entrado a la UE. Pero se ha negado e intenta suplirlo con un mecanismo de «solidaridad obligatoria». Cuando una nación sufra presión migratoria, el resto de Estados miembro podrá elegir entre recibir a algunos de sus solicitantes o pagar 20.000 por reubicación rechazada o dotando de recursos al país receptor. El director del SJR Europa considera que no es la solución, pues «no parece contribuir a una mejora de la corresponsabilidad».

Si el Pacto sobre Migración y Asilo ya recoge pocas garantías para los refugiados en condiciones normales, las entidades alertan de que contempla reducirlas más aún en casos de «crisis» —«llegada masiva de personas»—, «fuerza mayor» e «instrumentalización» por parte de terceros países o «actores hostiles no estatales» que faciliten su desplazamiento. En estos casos, que se definen tan vagamente que podrían aplicarse tanto a un asalto a la valla de Melilla como a una oleada de desembarcos en Lampedusa o a la crisis en la frontera de Bielorrusia de 2021, se podrá detener hasta nueve meses incluso a personas de países con una tasa de reconocimiento del asilo menor del 60 %; es decir, lugares de los que la propia UE admite que la mayoría de casos son verdaderos refugiados. «Vemos un riesgo elevado de legitimar las devoluciones en caliente», denuncia Cáritas Europa. Estas medidas, además, abren la puerta a criminalizar a las ONG que rescatan y atienden a los migrantes. Estas tendrán que «demostrar que sus acciones no pretenden desestabilizar al Estado miembro», explica Ares.

«Terceros países seguros»

Por último, «como crear una solidaridad real ha fallado», apunta Bodeux, los Veintisiete «han decidido centrarse en las políticas de externalización, que buscan desplazar la responsabilidad de prevenir las llegadas y acelerar los retornos fuera de la UE, normalmente a países de tránsito con un historial de respeto a los derechos humanos cuestionable». Así ha ocurrido ya con Libia, Turquía o Túnez y es una tendencia que «está en el corazón del pacto» con sus frecuentes alusiones a los «terceros países seguros».

A todas las entidades de Iglesia que se han pronunciado sobre el acuerdo les frustran especialmente sus deficiencias teniendo en cuenta que, como afirma el director del SJR Europa, «en la acogida a ucranianos» de los últimos dos años «hay importantes lecciones que se podrían aplicar a otras llegadas». Aquí Bruselas optó por «la coordinación y la solidaridad, la provisión de ayuda humanitaria y la integración efectiva» de 4,2 millones de refugiados mediante un mecanismo de protección temporal que autoriza la residencia, el trabajo y el acceso a vivienda, sanidad y educación. Al no aplicar el convenio de Dublín, también se les permite decidir en qué Estado miembro vivir; normalmente, donde conocen gente. «El sistema no se ha colapsado» sino que, al contrario, así se ha favorecido la integración. «Cuando hay voluntad política, con una mirada que pone en el centro a la persona, millones de refugiados no solo no suponen una amenaza para Europa, sino que son una oportunidad de crecer».