Decepción en la Iglesia por el Pacto de Migración y Asilo de la UE

La Iglesia y la sociedad civil han recibido con escepticismo el acuerdo sobre el Pacto de Migración y Asilo que alcanzaron el pasado miércoles el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo para reformar la política migratoria común. El acuerdo pasa por un mayor control de las fronteras exteriores de la Unión Europea y ofrecerá a los gobiernos una solidaridad a la carta.

El pacto podía haber sido ocasión para «hacer que el sistema de asilo de la UE sea más fuerte y más justo». En vez de eso, «los Estados miembro prefieren transferir su responsabilidad de asilo a países no pertenecientes a la UE, impedir las llegadas y acelerar el retorno, exponiendo a los migrantes a violaciones de derechos humanos», lamentó la secretaria general de Caritas Europa, Maria Nyman.

Estas declaraciones contrastan con las de las presidentas del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que coincidieron en señalar el momento «histórico» que supone el acuerdo. Pone fin a años de tensiones entre los propios países de la UE —desde la llamada «crisis de refugiados» de 2015—. Además llega al finalizar la presidencia española y a tiempo para concluir su tramitación antes de las elecciones europeas de junio.

«Es un planteamiento humano, justo con quienes buscan protección, firme con quienes no son elegibles y firme con quienes explotan a los más vulnerables», defendió Metsola, en una rueda de prensa al término de las negociaciones. La comisaria de Interior, la socialista Ylva Johansson, y el vicepresidente comunitario encargado de migración, el popular Margaritis Schinas, artífices de la propuesta base de 2020, aplaudieron también el hito logrado. «Hemos acordado un amplio pacto con mejor protección de la frontera exterior, más solidaridad y mejor protección de los vulnerables, basado en los valores de la UE», defendió Johansson.

Reubicación optativa

Las nuevas reglas, que necesitan aún el visto bueno del pleno de la Eurocámara y de los Veintisiete, ponen fin a años de duras negociaciones. Finalmente, la solución es un mecanismo de «solidaridad flexible» que obligará a los Veintisiete a responder ante un socio desbordado con la llegada de migrantes. Se hará reubicando en su territorio a parte de las personas llegadas —el objetivo es al menos a 30.000 cada año— o bien pagando una compensación de 20.000 euros por cada migrante que se rechace.

Entre los principales escollos que han retrasado el acuerdo estaban las salvaguardas para los grupos más vulnerables, incluidos menores no acompañados y familias, en los procedimientos acelerados en frontera. Estos incluirán deportaciones rápidas para quienes no reciban el estatus de asilado y procedan de países considerados seguros.

En la última ronda también hubo que resolver las diferencias sobre el reglamento para el control previo de entrada, para identificar, recopilar datos biométricos y realizar controles de salud y seguridad para identificar más rápidamente a quienes no recibirán protección. Los eurodiputados temían que permitir ese cribado dentro del territorio de la UE pudiera dar lugar a discriminación.

Por otro lado, los marcos nacionales para otorgar o retirar la protección internacional se sustituirán por un procedimiento unificado. La primera decisión deberá resolverse en un máximo de seis meses, con plazos más cortos para los expedientes manifiestamente inadmisibles.

«Control y externalización»

También la Subcomisión de Migraciones y Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal Española ha expresado este jueves su «decepción ante una oportunidad perdida para mejorar políticas y leyes vigentes». El texto del acuerdo no presenta «una visión integral centrada en la persona y el bien común, sino un pacto para el control y la externalización de las fronteras». Esto incluye prácticas «preocupantes» como, además de la solidaridad a la carta y la identificación biométrica, «permitir la detención de niños a partir de los 6 años».

Los obispos critican además el uso de conceptos «indeterminados» como «crisis» o «instrumentalización» para utilizarlos de forma interesada. «No se han abordado con rigor a nivel de la UE las alternativas que tanto la Iglesia como tantos otros actores sociales vienen promoviendo y pueden resultar más eficaces»: abordar las causas de la migración, contrarrestar con la verdad los discursos que promueven el miedo al migrante y promover vías seguras para quitar poder a las mafias de traficantes.

El pacto «está diseñado para dificultar que las personas lleguen de manera segura», alertó un día antes la directora de Amnistía Internacional en Europa, Eve Geddie. El nuevo marco europeo facilitará que «más personas sean detenidas de facto en la frontera de la UE, incluidas familias con niños y personas vulnerables».

Amnistía Internacional denunció la rebaja de salvaguardas para los solicitantes de asilo, pues más expedientes se «canalizarán a través de procedimientos transfronterizos deficientes en lugar de recibir una evaluación justa y completa».

Las ONG también han alertado de las consecuencias de que se permita «derogar» las reglas de asilo para alterar, por ejemplo, los tiempos de los procedimientos en casos de fuerza mayor o «instrumentalización» por terceros de la migración que genere una llegada masiva de personas a suelo comunitario.