España y el CELAM piden soluciones para Venezuela

La salida del opositor Leopoldo López de Venezuela y su llegada a España ha tensado este fin de semana las relaciones entre ambos países, que han intercambiado acusaciones de violar la Convención de Viena, que rige las relaciones diplomáticas. Según informa Efe, López llegó a Madrid el domingo tras abandonar el viernes la residencia del embajador español en Caracas, Jesús Silva. Aquí se ha podido reunir con su familia, afirma una nota del Gobierno español, que añade que su decisión de salir de la Embajada es «personal y voluntaria».

El opositor se encontraba como huésped en la embajada española desde el 30 de abril de 2019, después de participar en un fallido levantamiento militar junto al presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, reconocido como mandatario del país por unos 50 países. «Venezolanos, esta decisión no ha sido sencilla, pero tengan la seguridad de que cuentan con este servidor para dar la lucha desde cualquier espacio», explicaba López a través de su cuenta de Twitter.

López fue arrestado en 2014 y sentenciado a 14 años de cárcel, acusado de liderar los actos violentos en las marchas antigubernamentales que se llevaron a cabo ese año. Cinco años después, tras un periplo por la prisión de Ramo Verde y sufrir arresto domiciliario, llegó a la residencia del embajador Silva.

Registro de edificios vinculados a la embajada

En su nota, el Ejecutivo español «condena las detenciones de personal laboral de su embajada así como los registros producidos en domicilios de personal adscrito a la misma». Según declararon varios testigos presenciales a Efe, efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) registraron un edificio de viviendas en el que reside personal diplomático y de las fuerzas de seguridad españolas en busca del opositor.

También detuvieron a un vigilante, José Jerjes Neira, que llevaba años trabajando con la misión española. Estos actos suponen un «incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas».

Horas después, el Gobierno chavista respondía con una nota en la que acusaba a España de violar de forma «inédita y continua» la misma normativa. Se refieren a la supuesta complicidad del embajador en las acciones protagonizadas por López, especialmente el fallido levantamiento militar del año pasado, así como a su «anunciada fuga de territorio venezolano».

El CELAM pide «una profunda reflexión»

Por otra parte, el Ejecutivo español reitera su convencimiento de que la crisis «multidimensional» que atraviesa Venezuela «requiere de una salida negociada, dirigida por los propios venezolanos» y que permita la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias «con plenas garantías democráticas».

Esta petición y la salida de López de Venezuela se producen pocos días después de que la Conferencia del Episcopado Latinoamericano (CELAM) pidiera «una profunda reflexión que ayude a buscar soluciones inspiradas en el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia, para lograr que los hombres y mujeres del amado pueblo venezolano y tenga vida digna». En una nota hecha pública el 22 de octubre, los obispos latinoamericanos lamentan la «situación de angustia y carencias», agudizada por la pandemia, que «va dejando su estela de dolor, desesperación y muerte» y genera «situaciones angustiantes de inseguridad y precariedad» que «claman al cielo y no deben continuar».

Citando la encíclica Fratelli tutti del Papa Francisco, el CELAM subraya que «no es aceptable que las autoridades busquen a toda costa perpetuarse en el poder sin importarles el sufrimiento de su pueblo, como también es lamentable que ningún sector de la clase política presente una verdadera alternativa que promueva el bien común del país».

Violación de los «derechos más elementales»

Con su pronunciamiento, el CELAM acude en apoyo de la Conferencia Episcopal Venezolana, que hace dos semanas concluyó una serie de reuniones de sus comisiones episcopales con un nuevo llamamiento público. Titulado Sobre la dramática situación social, económica, moral y política que vive nuestro país, el documento subrayaba las distintas dificultades que viven sus compatriotas, «desde la escasez y el desabastecimiento de alimentos, pasando por la deficiencia de los servicios públicos, hasta el irrespeto de sus derechos más elementales».

«La dignidad de las personas es ampliamente irrespetada en nuestro país y muchas de las situaciones que se sufren constituyen crímenes de lesa humanidad», aseguraban. Se referían en este apartado a la represión de protestas pacíficas o la censura informativa. Pero también a realidades incluso más graves, como «ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas».

Los responsables de estos hechos deben ser juzgados, y el Estado debe actuar «para que no se produzcan de nuevo». Sus palabras parecían aludir al informe que una misión internacional de Naciones Unidas presentó al Consejo de Derechos Humanos el 23 de septiembre, que recogía 4.600 casos de ejecuciones extrajudiciales y casi 3.500 detenciones arbitrarias.

Ante las elecciones del 6 de diciembre

Pero en el origen de esta situación, subrayaban los obispos, no está solo el régimen chavista. Ni este ni la oposición «presentan un proyecto de país que logre reunir y convencer la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano de vivir en justicia, libertad y paz». Por ello, el país «reclama a gritos un cambio de actitud en toda la dirigencia política».

Y este, auguraban, no vendrá por las elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre, que «lejos de contribuir a la solución democrática de la situación política que hoy vivimos, tiende a agravarla». Los obispos recordaban que están aún sin resolver las presidenciales de 2018, que estuvieron «signadas por condiciones ilegítimas que han dejado al actual régimen, a los ojos de Venezuela y de muchas naciones, como un poder de facto». Pero además, la actual convocatoria «es inmoral» en la situación material del pueblo, y cuando «no existe transparencia en las reglas y mecanismos de verificación». Frente a esto, «no basta la simple abstención para poner en evidencia la ilegitimidad del proceso y alcanzar el cambio político tan deseado».