España cambia el plan para la ayuda alimentaria

España ha estrenado el año 2024 convertido en el país de la Unión Europea con mayor tasa de pobreza infantil. En la actualidad, el 27,8 % de los niños españoles —2,2 millones de menores— viven por debajo del umbral de la pobreza, según Unicef. Para atajar este problema, así como para eliminar las colas del hambre y dignificar la asistencia a las familias vulnerables, el Gobierno decidió hace una semana un cambio de estrategia. En el marco de la sustitución impuesta desde la UE del Fondo Europeo de Ayuda a las Personas Desfavorecidas (FEAD) por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), el Ejecutivo ha modificado el sistema de distribución de la ayuda alimentaria. Hasta ahora, con el dinero de la UE, el Gobierno compraba los productos, se los entregaba a Cruz Roja y a la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) y eran estas dos entidades las que se encargaban de la distribución a gran escala por toda la geografía española. Ahora, sin embargo, los fondos europeos serán repartidos entre las personas vulnerables a través de unos vales o tarjetas monedero, gestionadas exclusivamente por Cruz Roja. El cambio de modelo ha levantado ampollas en algunas entidades del sector. Si bien el sistema de tarjetas está ampliamente avalado por muchas de ellas —la misma Cáritas las ha implementado en bastantes sedes diocesanas— como un método eficaz para dignificar la asistencia alimentaria, se critica la exclusividad de una sola entidad, la dotación económica de los vales y la exclusión de parte de la población que con el anterior modelo sí recibía ayuda.

Así, la puesta en marcha de las tarjetas genera un agujero importante en la capacidad operativa de FESBAL, que dejará de percibir un 28 % de los alimentos que entrega a los más necesitados. «Supone una pérdida de 50 millones de kilos de comida», cifra Pedro Castaños, subdirector de FESBAL.

Las cuentas tampoco les salen a los beneficiarios, que tendrán que abastecerse con unas tarjetas que, en el mejor de los casos, contarán con unos fondos de 220 euros y, en el peor, de 130. La cantidad está prevista para afrontar todo un mes. «Al comprar a gran escala, el precio que el Gobierno tenía que pagar por los alimentos con el sistema anterior era mucho menor respecto al que van a tener que abonar ahora las familias», lamenta el subdirector de FESBAL. El Ejecutivo conseguía un coste incluso por debajo del obtenido en la venta al por mayor. Los beneficiarios de las tarjetas, por el contrario, pagarán al precio de mercado y este, cabe recordar, todavía se encuentra marcado por la inflación. «Es una dotación económica claramente insuficiente. En nuestro caso, tenemos calculado que los gastos básicos para una familia con hijos son de 430,16 euros», asevera Conrado Jiménez, presidente de la Fundación Madrina. La entidad acaba de publicar un informe en el que advierte de la necesidad de invertir 6.500 millones de euros para atajar la situación de pobreza en la que viven 1,2 millones de personas en España. La cantidad contrasta con los 95 millones que el Estado va a destinar a esta partida a través de las tarjetas monedero.

En el documento, Madrina también vaticina que a pesar de que el cambio en el modelo de gestión de los fondos trata de acabar con las colas del hambre, en realidad lo que están intentado es «invisibilizar» este fenómeno, al ser un «indicador de fracaso del sistema de protección social». Jiménez, además, cree que van a aumentar. «En la práctica, se va a recortar la distribución de alimentos en España para las personas necesitadas y eso va a provocar que se incrementen las colas del hambre», sentencia.

Coincide en el análisis Pedro Castaños, que denuncia que el nuevo sistema deja fuera a multitud de personas. «La nueva tarjeta está destinada a familias con hijos menores de 15 años, lo que excluye a las familias vulnerables con hijos que superan esa edad y también a las personas sin hijos», concluye el subdirector. Según el Ministerio de Derechos Sociales, unas 70.000 familias y 100.000 personas se beneficiarán de la iniciativa.