Escuelas Católicas: «La Administración asfixia a la concertada y ya están cerrando centros»

«Nuestros centros dependen en un porcentaje importante de la colaboración de las familias, pero como la crisis les está afectando mucho y la Administración no compensa lo que dejan de aportar, eso hace que muchos centros tengan bastantes problemas para salir adelante», afirma Pedro Huerta, secretario general de Escuelas Católicas.

La plataforma que agrupa a los centros concertados de ideario católico en España celebró hace pocos días su asamblea anual, en la que un nutrido grupo de titulares de los centros denunciaron que «el impacto económico no recuperado de la pandemia, las dificultades económicas de las familias, la inflación, los costes de la energía, etc. están provocando un escenario donde los centros deben redoblar su eficiencia en la gestión».

«Nuestros colegios dependen de las familias para parte de su sostenimiento –explica Huerta–. Nos gustaría que no fuera así, pero, a día de hoy, eso hace que la financiación de los centros sea insuficiente. Es algo que venimos reclamando a las administraciones desde hace mucho tiempo, pero ahora con la crisis la situación se ha agravado».

El secretario de EE. CC. entiende que «la aportación de las familias es voluntaria, y siempre han sido muy generosas, pero si se ven apretadas por el aumento de los costes de la energía, por la crisis, por el paro… al final el primer gasto que reducen es el voluntario».

Esta decisión es «totalmente comprensible, no les salen las cuentas», pero afecta de modo directo a los centros concertados. «La administración solo cubre el 60 % de los gastos de los colegios, lo cual no está en línea con sus necesidades reales», lamenta Huerta. Por ello, desde Escuelas Católicas hacen un llamamiento a las administraciones educativas para que asuman «su compromiso de financiar adecuadamente» el coste efectivo del puesto escolar, porque a día de hoy «no compensa los gastos» de los centros.

Como salida a esta situación, Pedro Huerta reclama la convocatoria de la comisión que estudia el puesto escolar, que lleva sin reunirse desde el año 2011: «A pesar de que ya han pasado dos leyes de enseñanza en España, hemos pedido al Ministerio de Educación su convocatoria, pero siempre sin respuesta. La respuesta debería ser mucho más ágil porque las condiciones económicas de las familias y de los centros en España cambian constantemente, y se debería tener en cuenta el coste real de cada puesto escolar».

Cambios de titularidad en Barcelona

Esta situación es algo que, en cambio, no afecta tanto a los centros públicos, «que también están infrafinanciados», pero ellos no tienen el sistema de financiación de los concertados, cuya situación «es mucho más sangrante» e incluso pone en cuestión su viabilidad en zonas más deprimidas y en entornos rurales.

El secretario general de Escuelas Católicas reconoce que «continuamente me están llegando noticias de centros que se plantean cerrar aulas si la situación sigue así. Lo que más repiten es: “Así no podemos seguir, vamos a tener que cerrar”. Es una medida drástica, pero no tienen otra opción en el horizonte».

Ante este drama, Huerta menciona, por ejemplo, el cambio de titularidad de tres centros concertados en el centro de Barcelona. Vinculados a las Hijas de la Caridad, las dificultades económicas han hecho que este año hayan pasado a la Generalitat y al Ayuntamiento de la Ciudad Condal. Al cambiar la titularidad, perderán su ideario e incluso su nombre religioso: el colegio Marillac será el Institut Escola Sicília; el Sagrada Familia pasará a llamarse Institut Escola Londres, y el Sagrat Cor será Institut Escola Aldana. Para Huerta, esto es un ejemplo de la «asfixia económica» a la que los centros concertados son sometidos por la Administración, «y que no se hace a los públicos».