En Luces de Bohemia, Valle-Inclán relata un diálogo entre Max y Don Latino: «La tragedia nuestra no es tragedia. ¡Pues algo será! El Esperpento». Y una deformación grotesca de la realidad –un esperpento– parece el anuncio de la ministra de Igualdad, que se propone reformar la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo para permitir que jóvenes menores de edad, desde los 16 años, puedan prestar su consentimiento al aborto sin requerir la autorización de sus progenitores. Coincide con el texto original de 2010, en el que explícitamente se reconocía a las mujeres «el régimen general aplicable a las mujeres mayores de edad», y bastaba con informar al padre o a la madre, aunque era posible no hacerlo si había riesgo de «violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, o se produzca una situación de desarraigo o desamparo». Esta previsión se derogó en 2015 y, desde entonces, la decisión sobre el aborto queda reservada a mujeres mayores de edad o, en su caso, a sus representantes legales. La ministra propone ahora, al parecer, regresar al texto anterior.

La regulación española sobre el aborto es, en general, un despropósito, incluso razonando en los parámetros de quienes lo promueven, defendiendo que constituye el ejercicio de la libertad de decisión de la mujer embarazada. En la ley no existe la más mínima garantía de que la mujer ha sido efectivamente informada de las consecuencias de su decisión y de las alternativas de las que dispone. No hay libertad real cuando, como sucede en la ley española, la información es parcial –nada se indica nunca sobre los frecuentes efectos psicológicos derivados del aborto– y se fomenta que esa información sea un mero trámite formal.

Que la ministra se mueve en esta dinámica es evidente. Al día siguiente del anuncio de la reforma, en su cuenta de Twitter se hacía pública su reunión con la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo «para mostrar el respaldo del ministerio a su labor frente a la situación de acoso que están sufriendo». ¿Alguien piensa que estas clínicas privadas proporcionan una información a la mujer que la permita cambiar de idea respecto a la práctica del aborto? En realidad, el acoso es la presencia, en las proximidades de las clínicas, de personas que ofrecen información e instrumentos concretos de apoyo a las mujeres. En 2017, el entonces fiscal de Nueva York, Eric Schneiderman, interpuso una moción frente a algunos miembros de asociaciones provida que hacían algo similar, en un acto más propio de su campaña electoral al Senado que de sus funciones como fiscal. En su resolución, la jueza federal Amon denegó la moción: por una parte, dejó bien claro que a quien hay que proteger del acoso es a las personas, y no a las clínicas; por otra, que quienes acudían a la clínica no sufrieron perturbación en su libertad. Sencillamente, se expresaban libremente y –esto lo añado yo– daban información que las clínicas no proporcionan.

En todo caso, esta es la línea de la reforma anunciada: evitar cualquier información o la expresión de cualquier voluntad que indique la posibilidad de llevar a término el embarazo, y especialmente si se trata de una decisión en el ámbito de la familia ¿O alguien duda de que, en muchos casos, la posición del padre y de la madre es respaldar a la hija en ese sentido? Rezuma en la reforma, como en el texto del 2010 derogado, el empecinamiento de quienes quieren negar a la familia su ámbito propio e invadir su intimidad. El instrumento ahora es la utilización del desamparo de la joven aislando su vida de la de su familia. De ese modo, además, aumenta la influencia, en la decisión, de factores éticamente discutibles, cuando no claramente inmorales.

No es infrecuente que la decisión de abortar por parte de la joven menor de edad –y muchas veces, también de la mayor– está condicionada porque el padre del niño que ha de nacer se desentiende de la consecuencia de sus acciones o, incluso, porque es él quien presiona para la que la joven decida abortar. Si la ley permite que esto suceda o lo facilita en los casos en que es más probable, como cuando la embarazada es menor de edad, se convierte en un instrumento que favorece la violencia sobre la mujer –¡menor de edad, en este caso!– y su posición de desamparo que respalda gravísimas situaciones de desigualdad.

Hay algo en la reforma que parece un esperpento, porque refleja una imagen de libertad extravagante: la pretendida libertad de una menor de edad para decidir sobre la muerte del feto dañándose a sí misma. Por eso su esperpento no es un esperpento; es, en realidad, una tragedia.