«En las manos de las empleadas del hogar dejamos a nuestros hijos y mayores»

Finalmente, once años después de la aprobación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las trabajadoras domésticas, España lo ha asumido. Una decisión que va a provocar la equiparación de estas personas —el 90 % mujeres— al resto de trabajadores. Desde este 2022 tendrán derecho a prestación por desempleo y a una indemnización por despido improcedente, dos cuestione pendientes. Fue el pasado 9 de junio cuando el Congreso de los Diputados dio luz verde a la ratificación de este documento de forma unánime, aunque, todo hay que decirlo, obligado por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 24 de febrero, que dictaminó que España incurría en discriminación indirecta contraria a la directiva sobre igualdad de trato entre hombres y mujeres al ser el del hogar un sector fundamentalmente femenino. «No es raro que la justicia europea aplique esta tesis. Hay normas que son neutras, pero perjudican a un sexo frente a otro. Y eso es lo que se le dice a España, que se está discriminando a estas trabajadoras», afirma María Luz Rodríguez, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad en la Universidad de Castilla-La Mancha.

La profesora, que fue secretaria de Estado de Empleo y consejera de Empleo en la Junta de Castilla-La Mancha, explica a Alfa y Omega que la situación de las empleadas del hogar en España tiene mucho que ver con nuestro sistema de cuidados, que «sigue descansando sobre la familia» y echa mano de las empleadas del hogar a falta de inversión e infraestructuras públicas. El problema, continúa, es que las trabajadoras del hogar han tenido que asumir el coste en reducción de derechos para no ser excesivamente costosas a nivel económico para las familias. «Esta lógica no nos deja ver que estas personas que trabajan en los domicilios son tan trabajadoras como las demás y deben de tener los mismos derechos. No nos deja ver lo poco que valoramos lo que más queremos. ¿En manos de quién dejamos a nuestros progenitores e hijos, nuestros domicilios…? En estas manos, y apenas las valoramos social y económicamente. Tenían menos derechos que los demás», explica. Y recuerda que el empleo fuera del hogar de muchas familias depende de estas empleadas: «Sin ellas no podrían ir a trabajar».

María Auxiliadora Lezcano es una del medio millón de personas que conforman el colectivo de empleadas domésticas. Llegó a España desde Nicaragua hace ocho años y desde entonces trabaja en este sector. Dio sus primeros pasos gracias a Cáritas Diocesana de Madrid. En todo este tiempo ha sufrido las condiciones precarias e, incluso, se ha quedado sin empleo por una pandemia. Sigue trabajando en el sector —cuida a una personas mayor por las mañanas y a una niña por las tardes—, pero quiere aventurarse a otro campo profesional: el de la estética. Con todo, celebra la ratificación del Convenio 189 como una gran noticia y se reivindica: «No hemos sido valoradas como merecíamos. Estamos cuidando a personas como si fueran nuestra familia».

Astrid Salas conoce el de María Auxiliadora y otros casos. Ella trabaja en el Servicio Diocesano de Empleo de Cáritas Diocesana de Madrid, desde donde ejerce de intermediaria entre las trabajadoras y las familias para que estas últimas cumplan requisitos legales y condiciones. «Es un triunfo enorme. Van a poder cobrar una prestación por desempleo y trabajar con condiciones decente», afirma. La entidad ya prepara talleres con empleadores y trabajadoras.

Para que el Convenio 189 sea efectivo, el Gobierno tendrá que realizar ahora una serie de modificaciones legales. De hecho, desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se ha anunciado que durante este mismo mes el Consejo de Ministros aprobará un decreto ley para reconocer de forma inmediata la prestación por desempleo a la empleadas del hogar y de cuidados, así como otros derechos. «Nuestra preocupación es que se quede en una declaración de intenciones y no sea una equiparación legal real», explica Beatriz Iraeta, del equipo de Inclusión Social de Cáritas Española. La entidad eclesial está ahora muy pendiente de la publicación de la nueva normativa para analizarla y realizar aportaciones. A Iraeta también le preocupa que la economía de los empleadores —suelen ser mayores o familias— no puedan afrontar la subida de los gastos laborales de esta reforma y pide que los costes no recaigan sobre las trabajadoras. «Este problema no puede estar por encima de un trabajo cada vez más profesionalizado, con más formación, que es duro física y emocionalmente y que necesita una retribución justa», añade.

María Luz Rodríguez cree que la Administración tiene recursos suficientes para bonificar la contratación o establecer descuentos en la cotización. Otra opción es la industrialización de este sector, de la que es partidaria, es decir, de contratar los servicios a través de una empresa. No cree que la mejora de las condiciones vaya a tener un impacto negativo en el empleo.