En medio de su peor ola de COVID-19, Myanmar detiene a sus médicos

La situación de la pandemia de COVID-19 en Myanmar está «fuera de control. Si continúa así, no puedo imaginarme cómo será en el futuro próximo». La religiosa Ann Nu Tawng, que se hizo célebre en marzo por plantar cara a los militares para evitar que reprimieran las protestas contra el golpe de Estado, sigue en primera fila. Pero, en esta ocasión, contra el coronavirus.

Sus palabras se hacen eco de las del cardenal Charles Maung Bo, que en su homilía del domingo hablaba de «tiempos apocalípticos». La tercera ola de la pandemia se ha sumado al conflicto social contra el Gobierno golpista, y está sacudiendo a la antigua Birmania más que en todo el año y medio anterior. El número de casos ha alcanzado los 274.155, y los muertos los 7.507. Entre ellos, el obispo de Pathein, John Hsane Hgyi, fallecido el 22 de julio.

«Bajo el Gobierno civil, a pesar de ser un país pobre pudimos gestionar la primera y segunda ola bastante bien», valora Nu Tawng. Se pusieron en marcha centros de cuarentena, se rastreaban los contactos y a los pacientes se les atendía de forma gratuita. Grupos y personas solidarios colaboraban con las autoridades públicas. Esta buena gestión se vino abajo tras el golpe de Estado del 1 de febrero. «Los militares no pueden gestionar la situación, y cada día mueren más personas. Es lamentable».

Colas para comprar oxígeno

La religiosa explica que, por ejemplo, los precios de los medicamentos y otros suministros están subiendo. Hay escasez de oxígeno, por lo que la gente «tiene que hacer cola bajo la lluvia para rellenar las bombonas de sus familiares». Todo ello, en un contexto de aumento del desempleo por la pandemia y la crisis política y de subida generalizada de los precios de todos los productos básicos.

Pero esto es solo parte del problema. En un momento de crisis sanitaria, en el que el personal sanitario también está sufriendo los contagios, las autoridades militares están reduciendo aún más el número de profesionales disponibles al detener a médicos y enfermeras por pertenecer al Movimiento de Desobediencia Civil.

Como protesta por la toma del poder por parte de los militares, se negaban a realizar su trabajo en los hospitales. Para no dejar desatendida a la población, sí accedían a tratar emergencias, o pasaban a realizar su labor de forma particular o en colaboración con organizaciones y clínicas solidarias, también católicas.

Redadas a clínicas solidarias

En algunos casos, para detenerlos, relata la religiosa, los miembros de las fuerzas de seguridad «les llamaban fingiendo estar enfermos de COVID-19». Algunos han sido arrestados también por atender a desplazados internos por los conflictos. Además, «hicieron redadas a grupos y clínicas solidarias y confiscaron todas sus medicinas, y dieron instrucciones a las empresas para que no sirvieran oxígeno al público».

En la clínica diocesana en la que trabaja Nu Tawng, en el estado de Kachin, «vienen con frecuencia a preguntar si tenemos médicos o enfermeras del Movimiento de Desobediencia Civil. Pero yo solo les doy mi nombre y el de las auxiliares de enfermería, que no estamos implicadas». Estas semanas, han visto incrementarse el número de pacientes. En algunos casos, «por miedo a que no los atendamos, no nos cuentan sus síntomas», lo que incrementa el riesgo de contagio. «No sé cuándo me contagiaré y me moriré», subraya la hermana de San Francisco Javier. Pero en ese caso «no les podría culpar, porque no tienen opción».

Otros enfermos «no saben dónde ir a hacerse la prueba o tratarse» y se quedan en casa. En los hospitales públicos no los atienden, bien por estar cerrados o porque no admiten nuevos ingresos. Como consecuencia de toda esta situación, «mucha gente está muriendo y muchos están haciendo largas colas para poder enterrar los cuerpos de los fallecidos». Estos «se están acumulando» y, envueltos solo con una sábana o manta, se transportan en coche o moto. «Se está muriendo sin dignidad».

Una planta de oxígeno

Son similares las noticias que llegan a este semanario desde el estado de Kayah. «Ahora mismo el sistema sanitario es inexistente», denuncia una fuente anónima. Por ejemplo, el hospital general del estado ha cerrado por falta de personal, ya que «médicos y enfermeras se niegan a trabajar bajo los militares». También «muchos pacientes» rechazan tratarse allí.

Muchas aldeas están optando por aislarse. La única ayuda está llegando de donantes y voluntarios locales. La clínica católica, por ejemplo, ha visto incrementarse de forma significativa el número de pacientes. Entre el personal sanitario, «hay médicos y enfermeras del Movimiento de Desobediencia Civil ayudando y tratando» a los enfermos. Además, «algunos donantes locales junto con los líderes de la Iglesia están planificando la construcción de una planta de oxígeno».

En su homilía del domingo, el cardenal Bo, arzobispo de Rangún y presidente de la Conferencia Episcopal Birmana, lanzó un llamamiento a las autoridades. «Sin paz, cientos de personas seguirán siendo enterradas cada día», exclamó.