En lo que va de 2020 ha sido asesinado más de un líder social al día en Colombia

17 líderes sociales y defensores de los derechos humanos han sido asesinados en Colombia en las poco más de dos primeras semanas de 2020, según denuncia el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Los obispos del país han compartido su «inmenso dolor, preocupación y rechazo» al recibir estas noticias, que les llegan cada día. También son conscientes de las frecuentes amenazas que, sin llegar al asesinato, reciben distintas comunidades sobre todo en las zonas del Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Norte de Santander, Nariño y Arauca.

En un comunicado hecho público por la Conferencia Episcopal Colombiana (CEC) el jueves con motivo del comienzo del año, subrayan que «cada vida es sagrada, y es el valor primario y fundamental de las personas», sentencian. Por ello, piden al Gobierno y a la sociedad civil que se haga «cuanto sea necesario para evitar que sigan ocurriendo asesinatos, atentados y acciones violentas contra nuestros hermanos y hermanas».

Un esfuerzo que concreta, por ejemplo, en la «necesidad de poner en marcha una política pública nacional para enfrentar esta amenaza, que incluya acciones de protección, de respuesta oportuna a las alertas y de presencia eficaz de las instituciones del Estado en las comunidades vulnerables». También las autoridades locales y regionales recientemente instituidas después de las elecciones locales pueden y deben incluir la protección de las comunidades y sus líderes entre sus acciones de gobierno, añaden.

Contra la indiferencia

El texto, firmado por monseñor Óscar Urbina, presidente de la CEC; su vicepresidente, monseñor Ricardo Tobón; y su secretario general, monseñor Elkin Fernando Álvarez, previene además contra «la indiferencia y el desconocimiento» ante estas situaciones.

Los líderes sociales —explican— trabajan para construir «una sociedad en la que se respete la dignidad humana y sus derechos, y se haga realidad la justicia», por lo que piden «reconocer y exaltar» a estas personas que luchan por «el bien común».

El clima de violencia y amenazas contra los líderes comunitarios y sociales constituyen una «situación fratricida» que «termina por amenazar nuestra democracia y a todas nuestras instituciones».