En 2020, cada dos días fue asesinado un líder indígena amazónico

Sandra Liliana Peña circulaba en motocicleta por el resguardo indígena de Sa’th Tama Kiwe (La Laguna-Siberia), en el departamento colombiano del Cauca, cuando fue derribada a tiros. El pueblo nasa está convencido de que el asesinato de su líder, ocurrido el 20 de abril, se debe a su lucha para erradicar el cultivo ilícito de coca, presuntamente por parte de disidentes de las FARC. De hecho, cuando al día siguiente se convocó una minga (trabajo comunal) para arrancar las plantaciones, también fueron recibidos a tiros. Hubo 32 heridos.

La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) ha esgrimido esta muerte como muestra del aumento de los asesinatos de líderes indígenas en la Amazonía. En 2020 fueron 202, un 67 % más que el año anterior. Más de uno cada dos días. La entidad ha presentado una Declaración de emergencia de derechos humanos para defensores indígenas de la Amazonía ante el 20 Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, que se celebra del 19 al 30 de abril.

Pero además subrayaron otras secuelas del coronavirus. La más grave, el menor control de las autoridades, que ha llevado a más invasiones de sus territorios para extraer ilegalmente recursos como madera y minerales, y al consiguiente incremento de la violencia.

Agua con mercurio

Alberto Ynuma, líder amahuaca, agitó ante la webcam una botella de líquido marrón. Es como ha quedado el agua que beben y en la que pescan por la extracción ilegal de oro de los ríos. Más preocupante aún es que, como consecuencia de este proceso, en personas de zonas vecinas se han detectado cantidades altas de mercurio. Ellos lo están investigando entre los suyos, con el objetivo de presentar los hallazgos a la federación indígena regional y a la Defensoría del Pueblo de Perú y que sean estas quienes lo denuncien públicamente.

Es una de las estrategias que ha aprendido al formarse en derechos humanos con Cáritas Madre de Dios (con apoyo de Cáritas Española). Carol Jeri, de la Cáritas local, explica a Alfa y Omega que es lo más prudente. Denunciar a título particular serviría de poco. «Para cuando llegara la Policía, los mineros se habrían ido». Además, haría que se significaran mucho. «Ya han sufrido amenazas», y al desplazarse por zonas aisladas son muy vulnerables.

Otra forma de incidir es hacer oír su voz a nivel nacional e internacional, añade Lily Calderón, asesora del eje de Derechos Humanos de la REPAM. A la larga, las invasiones y las muertes no se detendrán si no se solucionan desde arriba problemas como la debilidad del poder judicial o la falta de mecanismos de protección para los amenazados y las familias de las víctimas. Es frecuente que estas «sigan sufriendo acoso y tienen que abandonar su tierra».

Pero, sobre todo, es clave la demarcación e inscripción de los territorios indígenas, que también se ha paralizado durante la pandemia. En los muchos casos en los que aún no se ha hecho, estos «aparentemente son de libre disponibilidad para el Estado», que permite la llegada de empresas, «o para quien los invade». Y, «cuando los defensores ambientales intentan defenderlos, los denuncian a ellos por alterar el orden público o por desacato a la autoridad».