El Vaticano cimenta la transparencia financiera
Según el informe anual de la Autoridad de Inteligencia y Supervisión Financiera, el Vaticano detectó 123 actividades sospechosas en 2023, de las que 118, estaban vinculadas a activos conservados en el Instituto para las Obras de Religión (IOR)
La Autoridad de Supervisión e Inteligencia Financiera (ASIF), el organismo creado por Benedicto XVI en 2010 para poner fin a las irregularidades, detectó 123 actividades sospechosas en 2023, de las que 118 estaban vinculadas a activos conservados en el Instituto para las Obras de Religión (IOR), el llamado banco vaticano. De las cinco restantes, cuatro procedían de diversos entes de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano y una de una organización sin ánimo de lucro.
Estos datos —seis operaciones con indicios de irregularidades menos que en 2023— reflejan que la estructura financiera vaticana se ajusta cada vez más a las normas internacionales en materia de lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
Según el informe anual hecho público este lunes por la entidad que vigila las actividades financieras del Vaticano, se suspendió una transacción económica por un valor de 5.848 euros como medida de prevención ante una posible ilegalidad. En cambio, en 2022, se registraron 5 suspensiones de operaciones bancarias por un importe total de 829.050 euros. El informe explica que, desde 2020 el ASIF ha realizado tres inspecciones en el IOR, incluida una investigación «de base amplia», una inspección de seguimiento y otra «específica» contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Los informes con detalles de alguna actividad sospechosa en el entramado bancario vaticano enviados a la Oficina del Promotor de Justicia fueron 11, respecto a los 19 que hubo en 2022. Otra señal de que el sistema se ha estabilizado según parámetros de seguridad y transparencia, según se lee en el documento. Asimismo, se han reforzado las actividades de cooperación internacional con la participación de la Santa Sede en Moneyval, el órgano de control y vigilancia de los sistemas financieros del Consejo de Europa, entre otros.
Asimismo, en el último año el Vaticano ha firmado memorandos de entendimiento, que en la práctica permiten el intercambio de información, con otros 9 países: Argelia, Azerbaiyán, Bahamas, Curaçao, Líbano, Senegal, Mauricio, Nepal y Zambia. En total son 76 los protocolos firmados a este respecto.
Todo ello en un año, 2023, que —como ha señalado el presidente de ASIF, Carmelo Barbagallo, en su carta de presentación del informe— «se ha caracterizado, de hecho, por ser el año con mayor número de conflictos desde la Segunda Guerra Mundial». Una situación que «contribuye a hacer cada vez más complejas y difíciles las relaciones internacionales», pero que, al mismo tiempo, «es un incentivo para no desviarse de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a escala planetaria».
«Mantener y desarrollar una sólida red de relaciones internacionales sigue siendo un objetivo estratégico fundamental de la ASIF, en interés de la jurisdicción», ha afirmado Barbagallo, que subraya cómo las «fructíferas relaciones internacionales» han ido acompañadas de «relaciones igualmente fructíferas» con organismos internos como la Oficina del Promotor de Justicia, la Gendarmería y la Oficina del Auditor General.
Por su parte, el director Giuseppe Schlitzer, en la introducción del informe, ha destacado también cómo «el compromiso en el ámbito internacional sigue siendo relevante para la Autoridad, en primer lugar, en referencia a Moneyval».
En lo que respecta a las declaraciones de transporte transfronterizo de fondos, ASIF registró durante el 2023 un aumento de las declaraciones de activos entrantes: 165 por un importe total de más de 15 millones de euros (15.462.762); y 361 declaraciones de activos salientes, por un importe total de más de 5 millones de euros (5.201.311). Una tendencia que se mantiene desde 2019, se señala en el informe, explicando que la gran mayoría de los importes declarados son imputables a la actividad de las Autoridades Públicas vaticanas.