Acuerdo de Gobierno: el Valle de los Caídos y la educación, en el punto de mira

A poco más de dos semanas de que se acabe el plazo para presentarse a una nueva investidura —si el 27 de noviembre no hay candidato se convocarán nuevas elecciones—, la mayoría de analistas políticos están convencidos de que Pedro Sánchez volverá a ser el presidente del Gobierno antes de esa fecha. «No me cabe ninguna duda», coincide David Delgado, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos. Delgado rechaza de plano la ley de amnistía que el Gobierno en funciones está preparando para atarse al poder. «Es inadmisible desde el punto de vista moral, jurídico y constitucional. Quiebra el principio de igualdad de todos los españoles ante la ley», asevera.

Si se cumplen las previsiones y Sánchez reedita su mandato, la legislatura estará marcada por Yolanda Díaz, líder de Sumar. El acuerdo de gobierno al que llegó esta formación con el PSOE se materializó en un documento de 48 páginas que incluye medidas como la reducción de la jornada laboral o la ampliación de los permisos por nacimiento.Entre sus propuestas, el acuerdo también incluye la culminación de «la resignificación de Cuelgamuros», reza el documento sin aportar más detalles. Para Delgado, el objetivo es «que el Valle de los Caídos deje de ser un lugar de culto católico» para convertirse en «un enclave de tipo museístico vinculado a una memoria democrática sectaria», opina.

En términos generales, sin embargo, el documento del PSOE y de Sumar no se centra en aspectos relacionados con la Iglesia. No se dice nada de las reivindicaciones históricas de los partidos de la izquierda, quienes insistían en cuestiones como el pago del IBI, la revisión de los Acuerdos Iglesia-Estado o el tema de los abusos. La exclusión de todos estos asuntos, que puede tener que ver con el acelerón que ya ha dado el Gobierno en funciones en las últimas semanas —cabe destacar el informe sobre los abusos del Defensor del Pueblo o la inclusión en el BOE de la orden que deja sin efecto la exención del impuesto de construcciones por parte de la Iglesia—, deja entrever una legislatura relativamente tranquila en la relación entre la CEE y el previsible nuevo Gobierno.

No obstante, el acuerdo sí se detiene en el ámbito de la educación. Por un lado, los firmantes se comprometen a impedir «la segregación educativa por razón de sexo en los centros sostenidos con fondos públicos» y a «promover una educación basada en el laicismo». Precisamente David Delgado lleva a su hijo a un colegio de educación diferenciada —rechaza el término «segregada» al ser «despectivo»— «y estoy encantado», confiesa. «Desde el punto de vista educativo ha quedado demostrado que la educación diferenciada funciona», añade el profesor universitario, que se sabe amparado en su decisión por el Tribunal Constitucional: «En 2018 ya declaró que esta era una opción educativa más vinculada al derecho de los padres a elegir el mejor modelo educativo para sus hijos».

Por último, el documento vuelve a condenar a la asignatura de Religión al ostracismo: «Las calificaciones que se hubieran obtenido en la evaluación de las enseñanzas de Religión seguirán sin computar en la obtención de la nota media a efectos de acceso a otros estudios ni en las convocatorias para la obtención de becas». Una decisión «lamentable», a juicio de Delgado, que favorece que «ni los alumnos, ni los padres, ni los profesores se la tomen en serio». Que no cuente para nada «es una forma de presionar» para conseguir que desaparezca definitivamente del currículo.