El Supremo confirma que hubo delito de odio contra un grupo de menores migrantes en Melilla
Los hechos se remontan a 2017 cuando un grupo de personas vertieron mensajes contra los menores en redes sociales. «Solo entienden la ley del estacazo», reza uno de los mensajes
Hubo delito de odio contra un grupo de menores extranjeros no acompañados en Melilla. Así lo acaba de dictaminar el Tribunal Supremo después de un proceso que se ha prolongado durante siete años. En la sentencia se establecen diferentes condenas, que van desde algunos meses de cárcel hasta la inhabilitación para la actividad docente.
Los hechos se remontan a 2017, cuando un grupo de personas en la ciudad de Melilla, a través de un grupo de Facebook compuesto por 14.000 miembros, vertieron expresiones humillantes, agresivas y que incitaban a la violencia contra niños, niñas y adolescentes no acompañados o sin referentes adultos.
Ley del estacazo
«Tenemos que organizarnos y hacer patrullas por barrios. Ya lo hicimos una vez y limpiar las calles de esta gentuza. Solo entienden la ley del estacazo», reza uno de los mensajes, según se lee en la sentencia. «Y pensar que éstos h.p. nos cuestan más de un millón de euros al año para nada y que pagamos con nuestros impuestos y encima roban y atracan a la mano que les da de comer estos lo único que merecen es meterlo en un pozo y que no salgan por golfos y ladrones tela lo que está entrando en España y encima les darán la documentación española».
Según el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), que estaba personado en el caso, «la sentencia reafirma un principio fundamental: la libertad de expresión no ampara mensajes que inciten al odio, al desprecio o a la violencia contra personas o colectivos vulnerables, y menos aún cuando se trata de infancia y jóvenes que migran solos y solas».
Titulares de derechos
Los niños que migran solos, recuerdan desde el SJM, son titulares de derechos. La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce su derecho a la protección frente cualquier forma de discriminación o violencia, así como la obligación de los poderes públicos y de la sociedad de garantizar su interés superior, su desarrollo y su dignidad.
Por todo ello, desde el Servicio Jesuita a Migrantes recuerdan que, «frente a la hostilidad y los mensajes de odio dirigidos contra las personas migrantes, respondemos construyendo hospitalidad y convivencia, defendiendo su valor, dignidad y derechos».