El Gobierno y Canarias pactan la entrada de 827 menores migrantes en la red de acogida estatal

El Gobierno de España y el Ejecutivo regional de Canarias han llegado a un acuerdo para que los menores migrantes solicitantes de asilo entren en la red de protección internacional. El pacto ha sido rubricado este mismo jueves en Tenerife por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el ministro del Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que lo trasladarán conjuntamente al Supremo para dar cuenta de las acciones realizadas.

El ministro ha valorado el esfuerzo de los técnicos y funcionarios de varios ministerios y del propio Gobierno canario y ha dejado claro que algunos menores «se quedarán en Canarias», siguiendo el interés general del menor y también del propio Ejecutivo regional, ya que se quiere evitar un «doble desarraigo». Hay que tener en cuenta que «muchos de ellos están escolarizados, están en equipos deportivos, están en actividades sociales y, por tanto, de ahí la respuesta de caso a caso», ha destacado.

Canarias cuenta con casi 1.200 menores migrantes solicitantes de asilo. A todos ellos se les va a hacer una entrevista individualizada, «con sentido común y protegiendo al menor», para tomar la mejor decisión en cada caso. De momento, un total de 827 menores ya están identificados y se suman a la estructura estatal y en principio, la próxima semana, otros 250 serán acogidos en la isla de Gran Canaria, según ha informado Europa Press.

El acuerdo recoge también, según Torres, que la financiación de los gastos de atención corresponde al Estado, que se aceptará a cada menor con la documentación indispensable para dar inicio al expediente de asilo en un plazo máximo de cinco días naturales.

Menores no asilados

Respecto del resto de menores, migrantes pero no solicitantes de asilo, se espera que este viernes la la Conferencia Sectorial de Infancia, se declare la contingencia migratoria y se «avance» en su derivación a otros comunidades autónomas. En total hay 5.600 en el archipiélago.

Hasta el momento se están produciendo retrasos en este proceso. Torres ha descartado la responsabilidad del Gobierno y ha señalado a algunas comunidades que han presentado recursos ante el Constitucional o ni siquiera quisieron aprobar el orden del día de la última conferencia sectorial.