El Salvador reabre el caso de la masacre en la UCA

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador ha dictado la reapertura del caso de la masacre en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), como se conoce al asesinato en 1989 de seis jesuitas –Ignacio Ellacuría entre ellos– y dos mujeres.

A pesar de la noticia, la universidad no ha utilizado la palabra alegría en el comunicado que ha publicado al respecto. El motivo es que, tanto la UCA como los jesuitas, «han transitado» desde hace 30 años «un dilatado, complejo y sinuoso camino para que la verdad del crimen se conozca y se formalice dentro del sistema de justicia, habiendo enfrentado enormes obstáculos».

En septiembre de 2020, por ejemplo, la Sala de lo Penal declaró la nulidad del proceso al haber prescrito el delito, y eso a pesar de que se trata de un crimen de lesa humanidad que la jurisprudencia cataloga como «imprescriptible». Dos años antes, la misma sala frenó la reapertura del caso, dictada por la justicia, tras la anulación de una ley de amnistía. «Ha existido violación al debido proceso» y «sistemáticamente se ha bloqueado el acceso a la justicia», resume la entidad educativa.

Por todo ello, desde la UCA se mantienen cautos ante la reapertura , exigen «que el caso no se instrumentalice políticamente, y que no se juegue con los anhelos y el sufrimiento de las víctimas», y piden «que se respeten los derechos y garantías de las partes involucradas», incluidos los investigados.

La universidad espera también que el caso sea resuelto, «con la finalidad de que constituya un precedente que abra las puertas para que otros hechos execrables puedan ser enjuiciados en el país», como el asesinato, en 1981 en Mozote, de cerca de 1.000 campesinos. Solo así se podrán sentar «las bases para la construcción de un verdadero Estado democrático de derecho».