El PP también lleva la ley Celaá al Constitucional: «Es un atentado contra la libertad»
El líder del PP, Pablo Casado, presentó el recurso en un colegio concertado de Madrid junto con el presidente de UPN, Javier Esparza, y la presidenta de COFAPA, Begoña Ladrón de Guevara
Pablo Casado presenta el recurso de inconstitucionalidad en un colegio concertado. Foto: Europa Press / Marta Fernández Jara.
El Partido Popular ha presentado este lunes, junto con Unión del Pueblo Navarro (UPN) un recurso de inconstitucionalidad contra la LOMLOE, más conocida como ley Celaá. Y lo ha hecho porque, según su presidente, Pablo Casado, el texto «es un atentado contra la libertad», informa Europa Press.
Junto al presidente de Unión del Pueblo Navarro, Javier Esparza, Casado ha presentado el recurso en un acto en un centro concertado —concretamente, en el Colegio Internacional J. H. Newman de Madrid—, con la participación de la presidenta de COFAPA, Begoña Ladrón de Guevara, y el director del centro, Juan Ramón de la Serna.
El líder de los populares ha asegurado que la norma conlleva una serie de «problemas de libertad, de unidad del sistema y de calidad del mismo». Según ha detallado, la ley Celaá vulnera la libertad de elección de centro educativo y, por tanto, limita la enseñanza concertada y la educación especial.
En este sentido, ha lamentado «las palabras impresentables e inadmisibles» de la titular de la cartera de Educación y FP, Isabel Celaá, tras su respuesta al diputado popular Juan José Martí, padre de una hija con síndrome de Down, en el Pleno del Congreso del miércoles. «En mi opinión, merecerían su cese inmediato», ha subrayado Casado.
El líder de los populares ha defendido la «legitimidad» del PP para afirmar que intentó llegar a un Pacto Educativo «desde el principio» y ha recriminado al Ejecutivo de Pedro de Sánchez que «no ha pactado con la comunidad educativa, no ha pedido un informe al Consejo de Estado y se ha tramitado en pleno Estado de alarma».
Aspectos impugnados
- Educación Especial. Los populares recurren el artículo 50 al entender que, ante discrepancias, «solo se tiene en cuenta la voluntad de las familias» que optan por la educación ordinaria y que «se asume, de forma prejuiciosa y manifiestamente inconstitucional, que el régimen más inclusivo es el seguido en centros que no son de educación especial». También denuncian la Disposición Adicional Cuarta, que va a provocar, en su opinión, un desmantelamiento a plazos de este tipo de educación en diez años.
- Concertada. Rechaza que sean la Administración la que programe «la oferta educativa de modo que garanticen la existencia de plazas públicas suficientes», al entender que orilla la concertada «a un papel meramente subsidiario y subalterno».
- Educación diferenciada. Impugna el artículo por el cual se excluye a los centros de educación diferenciada del acceso a fondos públicos.
- Lengua. El PP considera que la ley otorga al español en los lugares donde hay lengua cooficial «la consideración de lengua no propia, ajena, extraña, obligada o impuesta, que debe aprenderse como una lengua extranjera más».
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