El PP pedirá el voto sin definirse sobre la subrogada

La explosión mediática en torno al nacimiento por gestación subrogada de la hija de Ana Obregón eclipsó la semana pasada la detención, en Sevilla y Badajoz, de ocho personas por dos intentos de llevar a cabo la misma práctica en suelo nacional. Los dos bebés afectados están ya bajo la tutela de la Administración. En España, la ley considera nulos los contratos de gestación subrogada, que también se consideran violencia contra la mujer. Sin embargo, los consulados inscriben en el Registro Civil a los hijos de españoles nacidos de esta forma en el extranjero: 2.520 entre 2010 y 2020.

Citando esta incoherencia, la dirección del Partido Popular sorprendió el 29 de marzo al proponer «abrir un debate sosegado y serio, bien para mantener la ilegalidad» de esta práctica, bien para «abrir alguna vía» de legalizarla si no hay «interés mercantil». Un día después, mientras el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, retrocedía al matizar que «no es el principal problema que tenemos ahora», Ciudadanos registró en el Congreso una proposición para legalizarla, como intentó en 2017 y 2019.

Sin pretenderlo, se sumó al debate la Organización Médica Colegial. La nueva edición de su Código de Deontología, presentada también el 30, acepta la gestación subrogada «siempre que se preserve la dignidad de la mujer y el interés superior del menor», y bajo «control de la Comisión Nacional de la Reproducción Humana Asistida». José María Domínguez, presidente de la Comisión Central de Deontología, explica a Alfa y Omega que estos requisitos, «muy similares a los de la donación de órganos de donante vivo», implican prohibir no solo una retribución sino «cualquier pago», incluso para compensar gastos relacionados con el embarazo. Por eso, cree que solo se daría en «casos excepcionales».

Un congreso del partido

Con su ambigua propuesta, que traslada a después de las elecciones generales, el PP parece querer presentarse a los comicios sin ofrecer a sus posibles votantes una postura definida. En su seno, políticos como el senador cántabro Javier Puente piensan que «el lugar de debate debería ser el congreso del partido, donde se definen las líneas ideológicas». Feijóo ya lo intentó en el congreso nacional de 2017, cuando presentó una enmienda a favor de la subrogación. Puente, junto con Luis Peral, Lourdes Méndez y José Luis Sastre, pidieron prohibirla. Al final se incorporó a la ponencia social, sin votarla, una enmienda transaccional. Al igual que la semana pasada, afirmaba que el asunto «requiere un debate en profundidad, serio y sereno» tras «escuchar a los expertos».

Si el partido buscaba opiniones cualificadas, ese mismo año el Comité de Bioética de España denunció que la subrogación «entraña una explotación de la mujer y un daño a los intereses superiores del menor y, por tanto, no puede aceptarse» en ningún caso. De hecho, proponía «sancionar a las agencias» que la ofrecen. Pero la cuestión «no se volvió a debatir» en el PP, apunta el cántabro. Desde Génova, al cierre de esta edición no habían respondido a las preguntas de Alfa y Omega sobre por qué no se ha retomado la cuestión escuchando al Comité de Bioética ni sobre cómo será el futuro debate. Eso sí, si bien en 2016 el PP de Madrid —salvo tres diputados— la apoyó, desde entonces los populares siempre se han pronunciado en contra. «No tengo duda de que es la opinión mayoritaria» en el partido, subraya Puente.

Sin embargo, ni el PP ni los partidos de izquierdas, que también se oponen a esta práctica, han dado grandes pasos para combatirla. Votaron en contra cuando en 2020 Vox instó al Gobierno a perseguirla y a anular la instrucción que permite la inscripción de estos niños en el Registro Civil. PSOE y Podemos, que estos días han criticado con rotundidad la práctica, han dado solo tímidos pasos para actuar frente a las agencias de subrogación, como se comprometieron en su acuerdo de Gobierno. En la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva la incluyeron como forma de violencia contra la mujer y prohibieron hacer publicidad. Pero renunciaron a perseguir a los padres de intención.