El Parlamento Europeo pide a España explicaciones por la ley Celaá

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha tratado este martes la solicitud de amparo presentada por varias organizaciones –Más Plurales, CONCAPA, la Asociación de Familias Numerosas de Madrid, la ACdP y la plataforma Educación Inclusiva Sí, Especial También– frente a la vulneración de derechos y libertades que, señalan, supone la aprobación de la LOMLOE en nuestro país.

Tras la intervención en la sesión de los portavoces de los peticionarios y de los grupos parlamentarios, la presidenta de la Comisión de Peticiones, la española Dolors Montserrat, ha comunicado la decisión de mantener abiertas las peticiones y de pedir explicaciones al Gobierno –concretamente al Ministerio de Educación– sobre las limitaciones al pluralismo educativo y a la libertad de los padres.

«Vamos a requerir a la Administración española que nos certifique si hay algún tipo de vulneración del derecho de libertad y pluralismo educativo», ha añadido. Del mismo modo, preguntará si se ha cumplido la exigencia que la Comisión Europea puso a España de «consenso social y político respecto a una reforma educativa».

Además, se va a solicitar información a otros organismos del Parlamento Europeo como la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y al intergrupo sobre discapacidad.

Jesús Muñoz de Priego, que ha intervenido en representación de Más Plurales, ha reiterado que la ley, además de ser tramitada con prisas, sin consenso y en plena pandemia, es «un ataque a la libertad de enseñanza reconocida en el artículo 27 de la Constitución Española y en el 14.3 de la Carta Europea de Derechos Humanos».

Y lo es, ha continuado, porque apuesta «por la escuela pública única, como modelo excluyente, un monopolio educativo de la Administración». Ataca este derecho, explica Muñoz de Priego, «eliminando cualquier referencia a la demanda social, es decir, la elección de las familias».

«Sin la demanda social se posibilita que la Administración educativa haga una programación unilateral y dirigista, y designe dónde van a estar las plazas escolares sin tener en cuenta las pociones y decisiones educativas de las familias», ha añadido.

Tramitada de forma acelerada sin justificación

Entre otros, también ha tomado la palabra Francisco La Moneda Díaz en representación de la Asociación Católica de Propagandistas, que ha denunciado la falta de transparencia de la ley Celaá y su tramitación «de forma acelerada sin causa alguna y aprovechando la situación extrema del país» por la pandemia.

«No existe precedente de un país en Estado de alarma y que se tramite por completo una norma de contenido tan trascendental para los derechos fundamentales. Es una violación grave al respeto a la democracia, al Estado de derecho y a los derechos fundamentales», ha añadido.