El Parlamento Europeo aprueba perseguir la subrogación como trata

Los promotores de la abolición de la gestación subrogada celebraron el pasado martes la aprobación en el Parlamento Europeo del acuerdo para tipificar como delito de trata de seres humanos esta práctica «con fines de explotación», junto con el matrimonio forzado y la adopción ilegal. La reforma de la Directiva de Prevención y Lucha contra la Trata de Seres Humanos fue adoptada por 563 votos a favor, siete en contra y 17 abstenciones por el pleno reunido en Estrasburgo (Francia). 

«Este es un mercado en el que los cuerpos de las mujeres se alquilan y se venden las vidas de niños», afirmó desde Bruselas Bernard García Larraín, de la organización Juristes pour l’Enfance, que ayuda a impulsar la Declaración de Casablanca. Esta iniciativa, que en marzo cumplió un año de vida y que el pasado 6 de abril organizó un importante encuentro en Roma, promueve la adopción de un tratado internacional que prohíba los vientres de alquiler.

Con todo, no es exactamente este el contenido de la reforma de la directiva europea. A diferencia de lo que pretende con el matrimonio forzado y la adopción ilegal, la gestación subrogada solo se considerará trata si existe coacción o engaño a la mujer para que geste. Con todo, García Larrain señaló que «es difícil ver cómo la gestación subrogada podría no considerarse explotación», dado que «la misma directiva especifica que “una situación de vulnerabilidad significa que la persona implicada no tiene una elección real o aceptable más que someterse a este abuso”». Este, aseguró «es el caso de la inmensa mayoría de mujeres que se prestan a la subrogación». En este sentido, abogó de nuevo por que «la abolición es la única forma posible de abordar» esta práctica.

La francesa Olivia Maurel, nacida de una mujer contratada en Estados Unidos para gestarla y portavoz de la Declaración de Casablanca, señaló ante los medios que los vientres de alquiler convierten a los niños, ya antes de su concepción, en el objeto de un contrato. Estos pequeños serán creados «solo para ser abandonados al nacer», separándolos de «la única persona a la que buscarán, la que los llevó durante nueve meses» para «ponerlos en brazos de completos desconocidos».

Hasta diez años de cárcel

La presidencia belga del Consejo de la Unión Europea y los representantes de la Eurocámara alcanzaron el 23 de enero un acuerdo provisional para que la nueva norma directiva cubriera la gestación subrogada, el matrimonio forzado y la adopción ilegal. De salir adelante, estarían penalizados con penas de cárcel de hasta cinco años, o diez si el delito es agravado. La reforma necesita aún el visto bueno formal de los Veintisiete y tras su publicación los gobiernos tendrán dos años para trasladarla a las respectivas legislaciones nacionales.

Las nuevas normas pretenden ofrecer a las autoridades judiciales y policiales herramientas más fuertes para investigar y perseguir las nuevas formas de explotación, incluidas aquellas que se dan en Internet. Una de las ponentes, la eurodiputada de UP María Eugenia Rodríguez Palop, destacó que la trata es cada vez «más sofisticada» mientras que los recursos para luchar contra ella son «rudimentarios». Por ello, consideró que la directiva actualizada ayudará a «localizar rápidamente a las víctimas, protegerlas y apoyarlas».

Otra de las claves de la nueva norma es que se persiga penalmente en todos los países de la Unión Europea a los clientes que contraten servicios de prostitución con una persona siendo conscientes de que se trata de una víctima de trata. Se establecerán asimismo multas para las empresas que sean condenadas por traficar con personas, incluido vetando a estas compañías en licitaciones públicas o reclamándoles que devuelvan ayudas públicas o subvenciones.

Las autoridades deberán también garantizar que las víctimas de trata que necesiten protección internacional reciban el apoyo, asesoramiento y protección adecuados para garantizar su derecho al asilo. Otra medida es permitir a los fiscales no perseguir a víctimas de explotación por actos delictivos que hayan podido cometer en ese tiempo y ofrecerles apoyo tanto si cooperan en investigaciones como si no.