El Papa amplía el plazo para que los religiosos recurran la expulsión de su congregación
Pasa de diez a 30 días. «Una modalidad menos restrictiva de los plazos para la transmisión del recurso permitiría a la persona afectada poder valorar mejor las acusaciones que se le imputan», ha subrayado Francisco
El Papa ha ampliado el plazo para que los consagrados despedidos de los Institutos de Vida Consagrada puedan presentar una apelación ante la autoridad competente. Hasta ahora, disponían de diez días —15 en el caso de las Iglesias orientales— y ahora todos ellos dispondrán de 30 días para hacer uso de este derecho. La decisión de Francisco entrará en vigor a partir del próximo 7 de mayo.
Los plazos que había hasta ahora «no se puede decir que sean congruentes con la protección de los derechos de las personas», escribe Francisco en el motu proprio con el que ha modificado el canon 700 del Código de Derecho Canónico. «Una modalidad menos restrictiva de los plazos para la transmisión del recurso —añade— permitiría a la persona afectada poder valorar mejor las acusaciones que se le imputan, así como poder utilizar modos de comunicación más adecuados».
Con esta medida, el Pontífice aspira a que queden «adecuadamente definidos y garantizados» los derechos de las personas, que tienen «un lugar privilegiado en el ordenamiento jurídico de la Iglesia». Un principio que vale para toda ocasión, pero «sobre todo en los acontecimientos más delicados de la vida eclesial, como son los procedimientos relativos al estatuto jurídico de las personas».
Por último, el Santo Padre ha pedido que se respete el procedimiento previsto para la destitución de los consagrados ante «el peligro» real de que haya abusos el proceso. Este procedimiento prevé, entre otras cosas, la amonestación del religioso por escrito o ante dos testigos, con la imposición explícita de la destitución en caso de falta de arrepentimiento, notificándole claramente la causa de la destitución y concediéndole plena facultad para defenderse. Si no se respeta el proceso adecuadamente, subraya el Pontífice, se «pondría en peligro la validez del procedimiento mismo y, en consecuencia, la protección de los derechos del profeso despedido».