El opositor ruso Navalny y las mujeres afganas se disputarán el premio Sájarov
Entre los nominados también está la expresidenta boliviana Jeanine Áñez, una activista saharaui y la ONG Global Witness
Sima Samar fue ministra de Asuntos de las Mujeres en Afganistán. Zarifa Ghafari ha sido alcaldesa de Maidan Shar, la capital de la provincia de Maidan, desde 2018. Mary Akrami y Habiba Sarabi han representado a las mujeres afganas en las negociaciones con los talibanes. Shaharzad Akbar preside la Comisión Afgana Independiente de Derechos Humanos. Palwasha Hassan, Metra Mehran y Freshta Karim luchan por que las mujeres puedan acceder a la educación. Sahraa Karimi ha sido la primera mujer en presidir la agencia cinematográfica estatal. Anisa Shaheed es una periodista política.
Son algunos de los 13 rostros que representan a las mujeres afganas, nominadas a la edición de este año del premio Sájarov a la libertad de conciencia, que otorga el Parlamento Europeo. Presentaron su nominación, que se dio a conocer el lunes, los grupos parlamentarios Socialismo y Democracia y Los Verdes, «por su valiente lucha por la igualdad y los derechos humanos». Se pretende además llamar la atención de la comunidad internacional sobre cómo el regreso de los talibanes «amenaza de nuevo sus derechos y libertades».
Envenenado en Siberia
El otro nominado que parece tener más posibilidades de hacerse con este reconocimiento el 21 de octubre es el opositor ruso Alexei Navalny. Lo han nominado el Partido Popular Europeo y Renovar Europa, sucesor de los liberales. Político, activista anticorrupción y principal opositor de Vladimir Putin, llega a millones de personas a través de su blog, Youtube y Twitter y ha organizado importantes manifestaciones.
A pesar de haber sido envenenado durante un viaje a Siberia en agosto de 2020, en enero volvió a Rusia y las autoridades lo arrestaron. En febrero fue condenado a dos años y medio de prisión, condena que cumple en una colonia penal de alta seguridad. Además, en junio un tribunal ilegalizó su Fundación Anticorrupción.
De Bolivia al Sáhara Occidental
Entre los demás nominados se encuentra la política boliviana Jeanine Áñez, presidenta interina del país entre noviembre de 2019 y el mismo mes de 2020. Lleva encarcelada desde marzo de este año, cuando fue detenida por «terrorismo, sedición y conspiración» y por planear un golpe de Estado contra el presidente Evo Morales. Los obispos de Bolivia se han pronunciado varias veces en su favor. A finales de agosto denunciaron «la evidente conculcación de su derecho a defenderse en libertad» y el «trato falto de piedad que ha recibido», y pidieron para ella un juicio «transparente, imparcial e independiente». La ha nominado el Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos.
Otra nominación al Sájarov ha sido la presentada por La Izquierda a favor de la activista del Sáhara Occidental Sultana Khaya. Es la presidenta de la Liga para la Defensa de los Derechos Humanos y contra el Saqueo de los Recursos Naturales en Boujdour, y miembro de la Instancia Saharaui contra la Ocupación Marroquí. Ha sufrido agresiones físicas y sexuales, amenazas de muerte y tortura. Desde noviembre de 2020 se encuentra bajo arresto domiciliario de facto, lo que ha llevado a la Relatora Especial de Naciones Unidas para los Defensores de los Derechos Humanos, Mary Lawlor, a condenar la persecución contra ella.
El 14 de octubre los comités de Asuntos Exteriores y Desarrollo del Parlamento Europeo darán a conocer los tres finalistas, que optan a un premio de 50.000 euros. El ganador se conocerá el 21 de octubre, y recibirá el galardón el 15 de diciembre. En la edición del año pasado, fue reconocido el movimiento opositor de Bielorrusia.
43 europarlamentarios han pedido que se conceda el premio a la ONG británica Global Witness, especializada en investigar y documentar delitos ambientales y abusos contra los derechos humanos en todo el mundo. Una de sus tareas que más eco encuentra es el recuento anual de asesinatos de líderes y activistas indígenas y medioambientales.
Precisamente el 13 de septiembre publicaron su informe relativo a 2020. Fue, denuncian, el peor año desde 2012, con 227 muertes. De ellas, un tercio se produjo entre activistas indígenas. Colombia fue el país más afectado, con 65 asesinatos, seguido de México con 30. El informe alerta también del aumento de este tipo de violencia en Filipinas, tercer país en este triste ránking con 29 ataques mortales. El informe subraya el «drástico aumento» desde la llegada del presidente Duterte al poder en 2016. En este período, han sido asesinados 166 defensores de la tierra.