Donde hay hambre hay guerra y viceversa, pero Manos Unidas tiene un plan contra ambas

Hace tres meses, en Colombia, «un grupo armado hizo salir al equipo de una organización humanitaria» de una región de la zona del Pacífico. Les pedían «un “impuesto de guerra” de un 10 %» para operar allí, narra Jesús Albeiro. Este sacerdote es uno de los responsables de la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano, una iniciativa innovadora que aúna a las diócesis locales con organizaciones técnico-territoriales. En ese territorio «ha habido históricamente una violencia estructural por el abandono» del Estado unido al conflicto armado. A pesar del acuerdo de paz de 2016 con las guerrillas de las FARC, este «continúa por las otras, el ELN y las disidencias de las FARC; y por los paramilitares», como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). En los últimos tiempos, se han agravado fenómenos como el reclutamiento de niños, los desplazamientos forzados de la población o el confinamiento de comunidades. «Quedan como secuestradas» por la presencia de los combatientes y eso les impide acceder a productos básicos. 

Pero no se trata solo de que el conflicto genere pobreza y falta de desarrollo; también es al revés: «Los grupos armados se aprovechan de la no presencia del Estado social de derecho para penetrar en las comunidades» y controlarlas totalmente, prosigue Albeiro. «Hay incluso lugares donde las disidencias de las FARC están reemplazando al Estado también en lo social, en  servicios como hacer carreteras o escuelas. En mi zona», Chocó, «lo hacen las AGC». Al tiempo, controlan «toda la economía. No solo la ilegal, como la minería o la tala, sino también la legal, el transporte y el comercio; casi toda la vida cotidiana». Está convencido de que esto, y no cuestiones ideológicas, es su verdadero objetivo. Por eso, asegura que en estas zonas «Colombia es un Estado fallido». 

Albeiro es uno de los rostros de la campaña anual de Manos Unidas, que este año tiene como lema Declara la guerra al hambre. Una frase con la que se quiere subrayar la vinculación entre pobreza y conflicto. «El hambre y la pobreza no se quedan ahí quietos, acaban saliendo a la luz con una violencia mayor», subraya tajante Fidèle Podga, coordinador de Estudios y Documentación de la ONGD. Este tema supone un reto, pues  nueve de cada diez españoles se sienten desinformados sobre los conflictos armados y solo un tercio se aproxima a adivinar el número de guerras en activo, que son 59. Así lo refleja Paz en un mundo en conflicto, el último estudio de la entidad. 

El coordinador de Estudios y Documentación de Manos Unidas matiza que, «más que de conflictos olvidados, sería mejor hablar de conflictos invisibilizados». A su juicio, desde el norte global «queremos ponerle una sábana de silencio» a ciertos países «porque así podemos seguir sacando recursos sin alertar a la sociedad». Por ejemplo, «en República Democrática del Congo hay una guerra, pero sigue saliendo el coltán y siguen entrando las armas». O en Mali «hay mucho yihadismo, pero los minerales siguen yendo a una explotación económica». Y denuncia que la falacia que afirma que estos conflictos son inevitables implicaría «que no todas las víctimas son iguales ni la dignidad es la misma para todos».

Pese a todo, la investigación pone una semilla de esperanza al revelar que un 88 % de españoles ha tomado conciencia de que «la pobreza extrema es caldo de cultivo para la violencia». Parafraseando al Papa Francisco, Podga advierte de que «la indignidad es incompatible con la paz». Ante los conflictos que asolan el mundo, llama a «la coherencia», pues apostar por la paz debe reflejarse en el consumo. Los europeos pueden, con su cesta de la compra, dar o quitar poder a quienes viven del conflicto, asegura.

Precisamente es en ese ámbito donde Manos Unidas quiere centrar sus mensajes ya que, según refleja su investigación, para un 75 % de los españoles «la mala gestión de los recursos y la corrupción de los Gobiernos son la principal causa del hambre en el mundo». Menos, un
46 %, se siente comprometido con promover la igualdad en su entorno. Quienes buscan «realizar un consumo responsable para no favorecer prácticas que alimenten conflictos» son el 38 %.

Otras armas contra el conflicto

Cecilia Pilar, presidenta de Manos Unidas, se rebela ante el hecho de que en los países desarrollados «hayamos normalizado que gente como nosotros muera de hambre». Y denuncia que, aunque 673 millones de personas la pasen en el mundo, «a veces nos volvemos comodones y vemos por la televisión una hambruna mientras nos comemos un filete».

Según la presidenta de la ONGD católica, «el desarrollo es el nuevo nombre de la paz» y su apuesta por este la mejor ruta para desactivar la violencia. «Nuestras armas son la educación, la sanidad, la agricultura y medios de vida, la protección de los derechos del territorio y la comunicación entre etnias y religiones». Recuerda «una cooperativa de 640 mujeres en Senegal» que solo tenían «una huerta que no producía nada en una tierra desértica». Fruto de una iniciativa para un uso optimizado del agua «fueron capaces de conseguir una buena cosecha, venderla en el supermercado, dar sustento a sus familias y ganar un poquito de dinero para ropa y libros». Y así, 550 proyectos anuales.

La entidad del sacerdote documenta violaciones de los derechos humanos. Foto: CRPC.

Desplazados en el Cauca en 2025. Foto: Coco Cauca.

Con esta caja de herramientas, «si nos pusiéramos todos manos a la obra, seríamos capaces de conseguir la paz». Pilar señala que este compromiso se alimenta de la incidencia y sensibilización de campañas como esta, que tiene como ejes el Día del Ayuno Voluntario, este viernes, y la jornada central del domingo, en la que lo recaudado en las colectas de Misa se destinará a la campaña. Agradece también que «tenemos más de 7.000 voluntarios en 72 delegaciones que piensan que un mundo mejor es posible y ponen su granito de arena para conseguir esa paz que todos anhelamos».

Semillas de paz

Colombia

Cuando la presencia de guerrilleros o paramilitares en las regiones colombianas del Chocó, Valle del Cauca, Cauca o Nariño genera problemas a las comunidades, los sacerdotes y religiosas alertan a la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano. «Intentamos el diálogo con los grupos armados y el Gobierno para desescalar el conflicto», explica el padre Jesús Albeiro, su coordinador. Tratan de establecer «unos mínimos humanitarios y de convivencia», como que se permita la entrada de ayuda humanitaria, que llevan ellos.

Por ejemplo, en la zona de Bajo Calima (Valle del Cauca, en la imagen) el último proyecto en el que colaboró Manos Unidas fue para ayudar a regresar a diez comunidades desplazadas. «Tocó ir a hablar con los grupos armados»; pero también insistieron «al Gobierno para que llegue allí la educación y la salud». «Un trabajo que hace la Iglesia es acompañar a las comunidades, organizar a las mujeres» ayudándolas a emprender en la siembra del cacao, la yuca o la caña de azúcar, y «construir entornos protectores para ellas y los niños». Por otro lado, «hacemos diálogos pastorales con los grupos armados», mediando para que, por ejemplo, desistan de reclamar el «impuesto de guerra» a organizaciones humanitarias «haciéndoles ver que es ir contra las comunidades». Esto permite al sacerdote afirmar que «en una situación tan dura, hay mucha esperanza».

Rodrigo Moreno Quicios / M. M. L.