El Gobierno rechaza «excluir a pacientes» por su edad

El Comité de Bioética de España pidió al Ejecutivo que unificara criterios sobre la priorización de pacientes ante la escasez de recursos. Se hacía eco de la preocupación suscitada por algunas propuestas de dar prioridad a los enfermos con más «utilidad social». El Ministerio de Sanidad ha respondido pidiendo que se valoren los datos clínicos «de cada caso en particular»

María Martínez López
Un enfermo de COVID-19 utiliza un respirador en el Instituto Clínico Città Studi de Milán (Italia). Foto: EFE/EPA/Andrea Fasani

El Comité de Bioética de España pidió al Ejecutivo que unificara criterios sobre la priorización de pacientes ante la escasez de recursos. Se hacía eco de la preocupación suscitada por algunas propuestas de dar prioridad a los enfermos con más «utilidad social». El Ministerio de Sanidad ha respondido pidiendo que se valoren los datos clínicos «de cada caso en particular»

El Ministerio de Sanidad proscribió el 2 de abril que se pueda «excluir a pacientes del acceso a determinados recursos asistenciales» o tratamientos «por razón únicamente de una edad avanzada resulta». Sería «discriminatorio» y «contrario» al Estado de Derecho. En situaciones como la actual, de «escasez extrema de recursos», la decisión sobre a quién aplicarlos se tendrá que atener a «los criterios clínicos de cada caso en particular».

En su Informe sobre los aspectos éticos en situaciones de pandemia, el ministerio subraya que «únicamente resultará legítimo acudir a criterios de priorización cuando se hayan agotado todas las posibilidades existentes para disponer de los recursos necesarios». En estos casos, algunos criterios generales serían la no discriminación, el máximo beneficio en recuperación de vidas humanas, la gravedad del paciente, sus expectativas de recuperación a su estado previo de salud y, por último, el orden de ingreso.

El Gobierno ha atendido así la petición del Comité de Bioética de España (CBE), que el día 25 de marzo pidió en un informe «unos criterios en la asignación de recursos que sean comunes para todos los españoles». Se hacía eco a su vez de la preocupación causada en el mundo de la discapacidad –y expresada al CBE tanto por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) como por la Dirección General de Políticas de Discapacidad– por las recomendaciones ante la pandemia del Grupo de Trabajo de Bioética de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC).

Al abordar la priorización de pacientes, esta entidad incluía el concepto de «utilidad social» para valorar a quién asignar un recurso sanitario y recomendaba dar preferencia al criterio de «supervivencia libre de discapacidad» y no aplicar ventilación mecánica a pacientes con deterioro cognitivo. En los últimos días, también un documento de la Consejería de Sanidad de Cataluña aconsejaba «limitar el esfuerzo terapéutico» en mayores de 80 años.

Deber ético y legal de protección

«El término “utilidad social” nos parece extremadamente ambiguo y éticamente discutible –señalaba el informe del CBE–, porque todo ser humano, por el mero hecho de serlo, es socialmente útil, en atención al propio valor ontológico». Considerar que la pérdida de unas vidas se compensa con las salvación de otras «con el fin de maximizar unos presuntos beneficios colectivos es incompatible con la primacía de la dignidad humana». Una valoración a la que su presidente, Federico de Montalvo, añade para Alfa y Omega que «España no tiene solo un deber ético sino legal» de evitar la discriminación de personas con discapacidad, pues ha ratificado la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que recoge la obligación de garantizar su seguridad y protección en emergencias humanitarias (art. 11) y su derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación (art. 25).

De Montalvo fue uno de los autores principales del informe, y en una circunstancias poco comunes: tras recuperarse del COVID-19 (del que se contagió también gran parte del comité). Con ánimo de dar la dimensión adecuada a este problema, explica que los dilemas éticos son consustanciales a la medicina y que «el triaje es necesario. Es el método lógico de establecer cómo organizas unos recursos que, por muy buenos que sean, en algún momento están limitados». El acceso a urgencias o una lista de espera «son priorización, pero con un riesgo controlado», ya que se cuenta con que antes o después se va a poder atender a todos. «Ahora es mucho más trágico», pero –señala el informe– se debe evitar tanto el «conformismo» como el «excesivo estrés o incluso pánico» entre los sanitarios.

Por otro lado, el presidente del CBE reconoce que «es verdad que algunas discapacidades generan una peor esperanza de vida o una peor situación sanitaria de base», por las patologías asociadas. «Pero ahí lo que hay que valorar son las enfermedades particulares en cada caso», no la discapacidad como criterio general, pues habrá personas con la misma discapacidad en que no sea así. Lo mismo ocurre con la edad.

Federico de Montalvo, presidente del CBE. Foto: EFE/Zipi

«Es importante anticiparse»

En este sentido, Montalvo acoge positivamente el informe del Ministerio de Sanidad. Aunque lamenta que se trate de un segundo texto bioético y no, como pedía el comité, «un documento técnico hecho por médicos con recomendaciones de fácil acceso y comprensión para los profesionales, pero revisado», eso sí, por bioéticos.

Añade que todo lo que haga ahora sobre criterios de priorización será trabajo adelantado para el futuro: «Nos vamos a encontrar de nuevo con esta cuestión a la hora de acceder a los tratamientos y las vacunas cuando existan. Es importante anticiparse». Una anticipación que también pide ante la posibilidad de que algunos médicos, que «están tomando decisiones muy difíciles, incluso en una especialidad que no es la suya», acaben ante los tribunales. «Hay que darles cobertura y tranquilidad».


También en el punto de mira

Responsabilidad compartida

«La vida de los demás está ahora, más que nunca, en manos de cada uno», subraya el Comité de Bioética de España en su informe. En este sentido, se pide a los ciudadanos «un ejercicio ejemplar de responsabilidad, cumpliendo con las medidas de aislamiento e higiene», y se denuncian las «decisiones éticamente reprochables» como viajar «o seguir manteniendo hábitos de vida contrarios al confinamiento»; especialmente si vienen de personajes públicos. Por el contrario, reconoce el «ejemplo de la inmensa mayoría de españoles»: familias, profesionales de las residencias y centros penitenciarios; farmacéuticos y personas mayores solas, entre otros.

Protección y reconocimiento al personal sanitario

El informe del CBE subrayaba que es «particularmente urgente disponer de los medios imprescindibles para que los profesionales sanitarios puedan desarrollar su trabajo en unas condiciones adecuadas de seguridad». Por otro lado, muestra su esperanza de que la valoración social de su labor no caiga en el olvido y se adopten «medidas económicas, materiales y personales» para que trabajen en condiciones dignas.

Otro problema que afecta al personal sanitario y que han denunciado todos sus consejos generales, aunque al ser posterior no está incluido en el informe del CBE son los protocolos aprobados el 31 de marzo por el Ministerio de Sanidad. Contemplan que los sanitarios que hayan tenido síntomas de COVID-19 se reincorporen al puesto de trabajo siete días después de su inicio si no tienen fiebre. Esta medida, sin una prueba que demuestre que no portan el virus, «representa un riesgo evidente para sanitarios y pacientes».

María Martínez López


Las claves

  1. Cualquier criterio o protocolo no se debe aplicar «de manera mecánica», sino deliberando sobre cada caso.
  2. Solo debe plantearse el uso de un recurso si este también se usara «si la situación de escasez no existiera».
  3. La priorización debe incluir a todos los pacientes, sin dar prioridad a los pacientes con COVID-19.
  4. Si los recursos son escasos «se puede justificar» un criterio de asignación «basado en la capacidad de recuperación». La edad influye junto con otros factores, pero no debe ser determinante.
  5. «La discapacidad no puede ser nunca por sí misma un motivo que priorice la atención de quienes carecen de discapacidad».
  6. Asignar los recursos al primero en ingresar «tampoco es respetuoso con el principio de igualdad y justicia».
  7. La toma de decisiones se debe basar «sobre un modelo mixto que, tomando en consideración el criterio de utilidad social, tenga presentes los principios de equidad y de protección frente a la vulnerabilidad».
  8. Se «podría justificar la discriminación positiva» a favor de las personas cuya discapacidad o patologías asociadas las hacen «especialmente vulnerables».
  9. Se debe «dar prioridad a la asistencia de niños y adolescentes», con o sin COVID-19.
  10. La asistencia al propio personal sanitario es «prioritaria» para «proteger la salud de todos» y porque «han expuesto más intensamente su salud».

Comité de Bioética de España