«El desperdicio perjudica especialmente a los más necesitados»

En el primer Consejo de Ministros de 2024 el Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario. Se trata de una iniciativa que ya se encontraba en el Senado en la pasada legislatura, pero que decayó por la disolución de las Cortes Generales. Ahora el Ejecutivo la ha retomado, «dada la importancia que tiene para la sociedad española en términos de justicia social, protección ambiental y crecimiento económico», según fuentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación consultadas por Alfa y Omega. De esta forma, se convierte en uno de los primeros proyectos de ley aprobados en el segundo mandato de Pedro Sánchez y en la primera regulación sobre esta materia que se promulga en España.

«El Gobierno ha considerado prioritario retomar esta iniciativa legislativa», indican las mismas fuentes, debido al «volumen de desperdicio alimentario» que se produce en nuestro país. Según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), aproximadamente se desperdician en el mundo unos 1.300 millones de toneladas anuales, es decir un 30 % de los alimentos que se producen. En España, durante el año 2022, los hogares registraron un desperdicio total de 1.170,45 millones de kilos o litros, lo que supone aproximadamente 65,5 kilos o litros, de media, por familia.

El dato contrasta con los presentados por la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) tras la última Gran Recogida, celebrada del 24 al 26 de noviembre de 2023 en más de 11.000 puntos de venta. Se recaudó un 22 % menos que hace un año. Al final, tanto en el caso del desperdicio como en el de la menor recaudación de alimentos por parte de las ONG del sector, los que más sufren son las personas vulnerables. Según explicó el ministro de Alimentación, Luis Planas, durante la presentación del proyecto, «el desperdicio perjudica especialmente a los más necesitados» al «encarecer el acceso a bienes de primera necesidad», malgastar «recursos naturales escasos» y aumentar «los residuos y el impacto ambiental».

Además de las motivaciones y de los beneficiarios, cabría preguntarse cómo pretende la Administración acabar con el desperdicio alimentario. La idea de la norma —que se centra más en la prevención y concienciación que en la coerción— es fomentar la utilización eficiente de los alimentos, la generación de subproductos o la donación. «Un aspecto esencial de la ley es la jerarquía de prioridades», explican fuentes del ministerio a este semanario. «La prioridad máxima será siempre el consumo humano», a través de la redistribución o la donación. La ley, que comienza ahora su tramitación parlamentaria, obligará a las grandes empresas de alimentación a suscribir convenios de colaboración con entidades de iniciativa social, organizaciones sin ánimo de lucro o bancos de alimentos para que estas puedan utilizar los sobrantes que los supermercados no han logrado vender, una medida que ha sido acogida con satisfacción por las plataformas del tercer sector.

En un segundo escalón se contempla «la transformación de los alimentos» que no se hayan vendido, «pero que mantenga sus condiciones óptimas de consumo» en otros productos como zumos o mermeladas. Por último, cuando ya ni siquiera sean aptos para el consumo humano, «la preferencia de uso será —por este orden— la alimentación animal», el «uso como materia prima en otra industria» y «la obtención de compost o biocombustibles», concluyen las fuentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario también tendrá implicaciones en el día a día de los ciudadanos, a los que se dirigirá una campaña sobre la correcta interpretación de las fechas de caducidad y consumo preferente. Por otro lado, los establecimientos hosteleros estarán obligados a facilitar que el cliente se pueda llevar, sin coste adicional, los alimentos que no hayan consumido, salvo en el caso de que se utilicen envases de plástico de un solo uso. Y en el supermercado, los compradores dispondrán de líneas de venta de «productos considerados feos, imperfectos o poco estéticos», o en las que se promuevan la compra de género de temporada, de proximidad o ecológico.