El Defensor del Pueblo recuerda al Gobierno que debe permitir la libre circulación de los solicitantes de asilo

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha recordado a la Dirección General de Policía –y, por ende, al Ministerio del Interior– que tiene «el deber legal» de permitir la libre circulación y residencia de los solicitantes de protección internacional por todo el territorio.

En la respuesta a una queja presentada por el abogado Daniel Arencibia, Fernández Marugán explica que se tiene que «impedir cualquier limitación de los derechos fundamentales a la libre circulación y residencia de los solicitantes de protección internacional que deseen trasladarse desde las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla o desde la comunidad autónoma canaria a la península».

Arencibia, que es voluntario del Secretariado de Migraciones de la diócesis de Canarias, viene constatando desde hace más de un año que los solicitantes de protección que se dirigen al aeropuerto para trasladarse a la península no pueden tomar el vuelo al no admitirse como documento de viaje e identificación el resguardo que acredita su estatus.

Esta circunstancia la confirma la propia Dirección General de Policía en su respuesta a los requerimientos de información del Defensor del Pueblo, donde añade que el Ministerio del Interior tampoco contempla la posibilidad de aceptarlo.

«Es una lástima que tenga que ser una persona de un organismo de Iglesia la que vaya al Defensor del Pueblo para pedir que la Policía respete la ley y la unidad de España, y que no se inventen fronteras intermedias», explica Arencibia en conversación con Alfa y Omega.

Según se deriva de la legislación, continúa, «quien camina 100 metros por España, puede caminarla entera». «Si no está detenido puede caminar por aquí y por allí. Por eso, ruego al Ministerio del Interior que salga del área de desobediencia», añade.

En cuanto al procedimiento, apunta que no es habitual que el Defensor del pueblo haga «un requerimiento de legalidad», es decir, pedir al Gobierno, en este caso, que cumpla la ley.

La cuestión de la libre circulación de los solicitantes de asilo no viene de ahora, tal y como recuerda el abogado. En los últimos diez años, tanto CEAR como el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) han acudido a la Justicia para plantear esta vulneración de derechos con resultado favorable en ambos casos. De hecho, el pasado mes de julio el Tribunal Supremo se pronunció sobre la cuestión avalando que estos migrantes se puedan mover por todo el territorio una vez sea aceptada a trámite su solicitud.