El Defensor del Pueblo entrega al Congreso el informe sobre los abusos en la Iglesia
El documento incluye una encuesta en la que se revela que el 0,6 % de las 8.000 personas encuestadas habrían sufrido abusos por parte de un sacerdote o religioso
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha entregado este viernes a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, el informe sobre los abusos en la Iglesia católica, que incluye una encuesta de GAD3 a 8.013 personas. En ella, el 11,7 % de los participantes dicen haber sufrido abusos siendo menores, el 1,13 % manifiesta que los abusos se habrían producido en el ámbito religioso y, de estos, el 0,6 % dicen haber sido violentados sexualmente por un sacerdote o religioso. El dato contrasta con el 3,36 % de los encuestados que dicen haber sufrido este tipo de prácticas en el ámbito familiar.
En cualquier caso, «el objetivo no era conocer todos los casos», ha puntualizado el defensor. De hecho, «hacer una estimación sería pasar por alto el respeto debido a las víctimas, el silencio voluntario de muchas de ellas y la circunstancia de que algunas de ellas ya no están entre nosotros». Unas declaraciones que contrastan con la actitud de muchos medios de comunicación, que se han apresurado a extrapolar los datos y a cifrar en más de 400.000 las víctimas de los abusos en el entorno de la Iglesia.
«Se trata de un informe necesario para dar respuesta a una situación de sufrimiento y de soledad que durante años se ha mantenido, de una u otra manera, cubierta por un injusto silencio», ha puntualizado Gabilondo en una rueda de prensa celebrada tras la entrega del informe a Armengol. El documento, ha añadido, «responde a lo que las víctimas requerían», que era «ser escuchadas, atendidas y correspondidas. Ellas son el sentido primero, último y central de este informe».
Según el Defensor del Pueblo, que además ha recabado el testimonio directo de 487 víctimas, estas «han experimentado un sentimiento de soledad después de denunciar los hechos, hasta el punto de tener que hacer frente a un nuevo daño». Se trata de una «victimización secundaria» infligida por parte de la Iglesia católica, una institución de la que «cabe esperar ejemplaridad en los comportamientos», pero cuya «respuesta en muchos casos ha sido insuficiente y dilatoria. Pocas veces se ha atendido a las víctimas de modo adecuado y suficiente».
Fondo de compensación
Ante la gravedad de los hechos, la institución presidida por Ángel Gabilondo ha recomendado a la Iglesia celebrar un acto público de reconocimiento de las víctimas. En este punto ha puesto en valor los pasos que ha dado el arzobispo de Madrid, José Cobo, en este sentido.
Asimismo, ha instado a la Iglesia a poner todos los medios a su alcance para reparar el daño causado. De esta forma, el Defensor del Pueblo ha recomendado la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas, al cual «sería muy importante que se sumara la Iglesia», ha subrayado, al mismo tiempo que ha destacado el papel de la Conferencia Episcopal y de las distintas diócesis en el ámbito de la prevención.
Por otro lado, Gabilondo ha deslizado la necesidad de reformar el derecho canónico, cuya simple «aplicación ha conducido a la soledad y a la indefensión» a muchas víctimas.
Trabajo bien hecho
Por último, el Defensor del Pueblo también ha querido subrayar algunas buenas prácticas que se ha encontrado durante su investigación. Ha alabado los protocolos de prevención de las diócesis, el trabajo en Madrid de REPARA y la actitud de Jesús Díaz Sariego, presidente de la CONFER, quien «ha mostrado mucha voluntad de colaboración y nos ha ayudado a poder llegar hasta la última de las congregaciones».
Precisamente la CONFER ha emitido un comunicado nada más acabar la rueda de prensa de Ángel Gabilondo en la que se ha comprometido a tomar «en consideración» y estudiar «las propuestas que se ofrecen en el informe». De esta forma, la entidad presidida por Díaz Sariego ha asegurado que va a trabajar con los institutos religiosos para «subsanar el daño producido y seguir implementando las políticas de prevención que ya poseen».
La Conferencia Episcopal Española también ha reaccionado a la entrega del informe del Defensor del Pueblo y ha convocado para este lunes una Asamblea Plenaria Extraordinaria para analizarlo y para hablar también del informe encargado por los obispos al despacho Cremades.