El Consejo de Europa pide a España que suspenda la cooperación fronteriza con Marruecos

La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, ha pedido a España en un informe, realizado a raíz de su visita en noviembre de 2022 y publicado este miércoles, que se prohiban las «expulsiones sumarias», las devoluciones de migrantes en Ceuta y Melilla y que la figura del rechazo en frontera que recoge la Ley de Extranjería se regule siguiendo los criterios del Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo: de forma individualizada, con control judicial, cumpliendo las obligaciones internacionales y con especial atención a las personas vulnerables. Además, ha instado a nuestro país a suspender cualquier cooperación migratoria con Marruecos que contribuya, directa o indirectamente, a la violación de derechos humanos.

A este respecto, ha pedido a España que tenga en cuenta la jurisprudencia, en particular la sentencia del Tribunal Constitucional del 19 de noviembre de 2020. Aunque el TC consideró constitucional la figura del rechazo en frontera, estableció que para su aplicación deben cumplirse los siguientes requisitos: entradas individualizadas, sometidas a control judicial y siempre en cumplimiento de obligaciones internacionales, y con especial consideración a personas especialmente vulnerables (menores de edad, embarazadas o personas de edad avanzada). En este sentido, Mijatovic ha pedido que se tengan en cuenta las recomendaciones del Defensor del Pueblo en las que, sin demora, insta al Ejecutivo a regular reglamentariamente la figura del rechazo en frontera de acuerdo con la interpretación que hace el Tribunal Constitucional.

Según la comisaria, si se establecieran canales legales y seguros para solicitar asilo, incluido el acceso real a la Oficina de Asilo en los puestos fronterizos en Ceuta y Melilla, se podrían reducir los intentos de los migrantes de saltar la valla. Por ello, ha recomendado cooperar con ACNUR y las ONG que trabajan en la protección de refugiados y solicitantes de asilo para garantizar un enfoque compatible con los derechos humanos en gestión de la migración. Además, ha pedido investigar y sancionar a los funcionarios que hagan un uso «excesivo» de la fuerza con los migrantes.

Por otro lado, en el informe se resalta que se han observado dificultades en el acceso rápido y efectivo a la protección internacional dentro de España, por lo que se ha pedido reforzar el sistema para garantizar el acceso con recursos materiales y humanos, incluyendo un número adecuado de policías capacitados, abogados e intérpretes. También, la responsable de derechos humanos del Consejo de Europa ha recomendado mejorar la identificación y asistencia a personas vulnerables que requieren protección, como víctimas de violencia y trata y menores no acompañados.

Crisis de vivienda «de graves proporciones»

La comisaria ha advertido a España de la necesidad de hacer frente a una crisis de la vivienda «de graves proporciones», abordando los problemas estructurales que dificultan el acceso a una vivienda adecuada, como el bajo número de viviendas sociales, los altos costes de alquilar o comprar una casa, los desalojos forzosos y el aumento de los niveles de personas sin hogar. «La vivienda no debe ser tratada como un bien solo disponible para algunas personas. El acceso a una vivienda adecuada es un derecho humano central para el pleno disfrute de la mayoría de los demás derechos», ha defendido en un informe escrito antes de la aprobación de la ley de vivienda en España —ley que ha pedido que se ponga en práctica lo antes posible—.

En particular, la comisaria ha señalado «con especial preocupación» la situación en la Cañada Real Galiana (Madrid), donde están sin luz de manera continuada desde octubre de 2020, afectando a sus alrededor de 4.500 habitantes, incluyendo unos 1.800 niños.