Amnistía Internacional afirma que en la tragedia de Melilla se cometieron crímenes de derecho internacional

Amnistía Internacional (AI) acaba de hacer público el informe Melilla nunca más en el que acusa a España y Marruecos de cometer «crímenes de derecho internacional» en la tragedia de Melilla, el pasado 24 de junio, en la que fallecieron, según sus cálculos, 37 migrantes y desaparecieron un mínimo de 77. «La tortura, las desapariciones forzadas y las muertes que puedan deberse a un uso ilegítimo de la fuerza constituyen crímenes de derecho internacional y deben ser investigadas con urgencia», señala el texto.

La investigación, que se ha llevado a cabo entre junio y octubre de este año y que incorpora los testimonio de supervivientes, testigos presenciales y familiares de las víctimas, constata en primer lugar que aquel día las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas ejercieron un «uso generalizado de fuerza ilegítima». «Usaron porras, balas y pelotas de goma, propinaron golpes y patadas a personas inmovilizadas y utilizaron de forma reiterada gas lacrimógeno en un espacio cercado del que no tenían forma de escapar», señala AI.

Además, otra de las vulneraciones que denuncia la organización —ya apuntada por investigaciones periodísticas—es la ausencia de cobertura médica de emergencia a los heridos: «Se quedaron sin atención a pleno sol, durante periodos de hasta ocho horas sin que se les prestara ni siquiera primeros auxilios básicos. La atención médica no fue rápida y, en algunos casos, se les negó por completo, lo que causó dolor y sufrimiento que podría haber aumentado el riesgo de muerte».

En concreto, el informe señala que en Marruecos, el personal médico no ofreció asistencia hasta dos horas después del final de la operación y que dieron prioridad al traslado de los fallecidos y a los agentes marroquíes lastimados. «Pueden ser actos constitutivos de violaciones del derecho a no sufrir tortura o malos tratos, así como del derecho al más alto nivel posible de salud y del derecho a la vida», añade.

En España, según AI, tampoco se tuvo en cuenta la protección de la salud de los migrantes, pues no se permitió el acceso a la Cruz Roja a la zona y no se ayudó a las personas que quedaron heridas en el suelo. Con todo, el informe sentencia que estos hechos supone el incumplimiento por parte de España y Marruecos de su obligación de proteger el derecho a la vida.

Otro de los reproches tiene que ver con la devolución de cientos de migrantes sin ningún tipo de garantía, tal y como ya denunció el Defensor del Pueblo. «Los Estados tienen la obligación de evaluar los riesgos que pueden correr las personas si se las transfiere por la fuerza a otra jurisdicción, y también están obligados a brindar a las personas una oportunidad real de impugnar la devolución», recoge.

Sin transparencia

Finalmente, Amnistía Internacional recalca que no hay voluntad para proporcionar información a las familias de las personas fallecidas y desaparecidas, así como falta de transparencia y de rendición de cuentas. «Seis meses después, resulta evidente que la transparencia y la rendición de cuentas están radicalmente ausentes y que ni un solo funcionario, marroquí o español, ha comparecido ante la Justicia por las violaciones de derechos humanos que dieron lugar a la muerte, la desaparición y las lesiones causadas a tantas personas», concluye

Para la secretaria general de AI, Agnès Callamard, es esencial que ambos gobiernos «garanticen la verdad y la justicia» para que lo que ocurrió aquel fatídico día no vuelva a suceder.

Con todo, pide a las autoridades españolas y marroquíes que lleven a cabo investigaciones independientes y parciales sobre lo sucedido —muertes, falta de asistencias…—, que den información sobre estas a las familias de las víctimas y que promuevan junto con la Unión Europea una política migratoria que respete los derechos humanos y promueva las vías seguras y legales.