El Consejo de Europa crea un registro de daños causados por Rusia en Ucrania

El Consejo de Europa clausuró el pasado miércoles su cumbre de jefes de Estado y de Gobierno con la creación de un registro de daños y perjuicios por la intervención militar rusa en Ucrania. Además, dio su respaldo al proceso para constituir un tribunal especial que juzgue la «agresión» rusa, y exigió a Moscú que libere a los civiles deportados durante el conflicto.

El encuentro, celebrado en Reikiavik (Islandia) no era baladí. Se trataba de la cuarta cita de dirigentes al más alto nivel en sus 74 años de historia. De hecho, desde la de 2005 en Varsovia (Polonia) no se habían vuelto a reunir los jefes de Estado y de Gobierno de los 46 países del Consejo de Europa. Fue la ocasión para lanzar un mensaje de unidad en apoyo a Ucrania. Sin embargo, la decisión de crear el registro de daños no contó con un apoyo unánime.

40 países, entre ellos España, suscribieron la iniciativa. Están incluidos entre ellos Canadá, Estados Unidos y Japón, que tienen el estatus de observadores, y la Unión Europea (UE), que hará una contribución «sustancial» a los costes iniciales del registro.

Este tendrá su sede en La Haya (Holanda), con una oficina satélite en Ucrania, informa EFE. El registro ha sido establecido por un período inicial de tres años. Servirá para guardar pruebas de los «daños, pérdidas y perjuicios causados por la agresión rusa» desde el 24 de febrero de 2022, fecha de inicio de la intervención militar. Registrará tanto los sufridos por personas como los infligidos al Estado de Ucrania.

Primer paso hacia las compensaciones

Sin embargo, seis de los miembros del Consejo de Europa han rechazado la iniciativa. Se trata de Turquía, Hungría, Serbia, Armenia, Azerbaiyán y Bosnia. La presidenta de Hungría, Katalin Novak, tildó de «inaceptable» en su intervención la «brutal agresión» rusa, pero reclamó también a Ucrania el respeto a las minorías étnicas en ese país; entre ellas, la húngara. Rusia formaba parte de la organización pero fue excluida en marzo de 2022, al mes siguiente de la entrada de sus tropas en Ucrania.

Desde el Consejo de Europa, se resaltó que se trata solo el «primer paso» hacia el establecimiento de un mecanismo compensatorio que «asegurará que Rusia pague la reparación integral a Ucrania de acuerdo con las leyes internacionales, incluyendo mediante sus activos en el extranjero».

«El Consejo de Europa puede y debe jugar un rol importante en asegurar la rendición de cuentas. El registro es un paso importante» para ello, además de «un fuerte mensaje de apoyo a Ucrania». Así lo afirmó Katrín Jakobsdóttir, primera ministra de Islandia, país que ejerce la presidencia rotatoria del Consejo.

El texto final de la cumbre pide a Rusia la liberación «inmediata» de todos los civiles «trasladados a la fuerza o deportados de forma ilegal a su territorio o a zonas controladas temporalmente u ocupadas, en particular niños», además de la retirada de sus tropas de Ucrania, Georgia y Moldavia.

Además, durante la cumbre los jefes de Gobierno del Reino Unido, Rishi Sunak, y de los Países Bajos, Mark Rutte, anunciaron que buscarán «construir una coalición internacional con vistas a asegurarle a Ucrania capacidades aéreas de combate». Dentro de este plan, se contempla «desde la formación a la entrega de aviones F-16», indicó un comunicado del gobierno británico que recoge AFP.

Ayuda a la reconstrucción

Por otra parte, la presidenta del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD), Odile Renaud-Basso, prometió el apoyo continuado de la institución a Ucrania no solo durante la guerra, sino también a largo plazo durante su reconstrucción y en su camino hacia la integración en la UE. En un reciente informe, la institución calcula que una reconstrucción de Ucrania a lo largo de cinco años requeriría 232.000 millones de euros en capital extranjero, incluido capital privado.

En declaraciones a EFE, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, explicó que la cumbre de Reikiavik ha servido también para ampliar la declaración de derechos humanos y «reforzar» los principios democráticos que están en la base de la construcción del Consejo de Europa.

«Actualizamos al siglo XXI esos valores, la emergencia climática, la igualdad de género y la lucha contra la violencia contra las mujeres por la que España ha abogado». Nuestro país «ha abogado también para que se incluyan los derechos de los jóvenes, el progreso social y los derechos digitales», explicó el ministro.