El comercio con los asentamientos ilegales de Israel agrava la crisis en Cisjordania

Más de 40.000 palestinos han sido desplazados desde enero de los campos de refugiados de Yenín, Tulkarem, Nur Shams y Al-Far’a a causa de las operaciones militares y los ataques de colonos israelíes. En vísperas de las reuniones del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE y del Consejo Europeo, varias oenegés han pedido al Gobierno italiano que suspenda toda relación comercial con los asentamientos ilegales en Cisjordania.

Esta exigencia, presentado por Oxfam, Amnistía Internacional y la oenegé italiana Cospe, advierte de que el comercio y las inversiones «en los territorios ilegalmente ocupados por Israel no hacen más que alimentar la dramática condición económica y social de más de 3,3 millones de palestinos en medio de demoliciones, desplazamientos masivos, robo de tierras, violencia y puestos de control, que no permiten la libre circulación».

3.400 nuevas viviendas ilegales

Aunque el alto el fuego en Gaza ha devuelto cierta calma a la región, la atención se centra ahora en Cisjordania, donde la población sigue sufriendo la expansión de los asentamientos y la violencia de los colonos. Solo este año, Israel ha aprobado la construcción de 3.400 nuevas viviendas en un corredor que busca conectar Jerusalén Este con Ma’ale Adumim, interrumpiendo de hecho la circulación entre el norte y el sur del territorio.

Según las entidades firmantes, «el control de Israel cuesta a la economía palestina miles de millones de dólares al año», mientras que la pobreza en Cisjordania ha pasado del 12 % al 28 % en los dos últimos años, acompañada de un incremento del desempleo.

«El control israelí es una forma de opresión»

Para Paolo Pezzati, portavoz de Oxfam Italia, la preocupación está en la repetición de «prácticas consolidadas por parte de Israel». Por un lado, «la demolición de estructuras preexistentes de carácter civil de naturaleza agrícola». Por el otro, «la construcción gradual pero inexorable de nuevos asentamientos». Todo esto afecta «a la propia capacidad de los palestinos para utilizar las infraestructuras». A los más de 800 puestos de control y al muro de separación se suma un círculo vicioso que «obliga a la gente a tener que ir a trabajar dentro de los asentamientos ilegales, para tener salarios de hambre y contratos opresivos».

«El control israelí es una forma de opresión», afirma Vittorio Longhi, de Cospe, quien recuerda que tras el 7 de octubre de 2023 «más de 250.000 personas fueron despedidas y expulsadas de Israel». En su opinión, «es necesario apoyar la economía palestina, una economía de supervivencia, una economía de resistencia, una economía frágil que no tiene espacio para nacer, para crecer ni para desarrollarse».